La nueva entrega del Rincón Inmobiliario organizado por Estrategias de Inversión no puede ir de otro tema que no sea la nueva Ley de la vivienda de la que tanto se está hablando estos días y que tomará forma en las próximas semanas para que pueda entrar en vigor dentro de este 2023.

En esta mesa de debate, expertos del sector inmobiliario hablan sobre los aspectos de esta nueva ley como pueden ser el tope del alquiler que se implementará este año del 2% y del 3% en 2024; la consideración de “gran propietario” a partir de 5 inmuebles (frente a los 10 anteriores); la prohibición de la normativa nuevos gastos, que van desde los de la comunidad, a los de basura o cualquiera que no se haya acordado con anterioridad, como el hecho de que sea el propietario y no el inquilino el que pague el mes de agencia para alquilar un piso; la definición de zonas tensionadas… En general, hacen un balance de la nueva Ley de la vivienda, con sus beneficios y sus aspectos más perjudiciales tanto para el sector inmobiliario español como para los usuarios privados que desean acceder a la vivienda y que lo que demandan es un modelo de vivienda asequible.

En esta ocasión, los participantes de esta mesa de debate sobre la nueva Ley de la vivienda son Fernando Moliner, Vicepresidente de ASPRIMA y CEO de Actívitas; Ignacio Ortiz, Director de Research & Investment de ACTIVUM; Julián Salcedo, Presidente en FORO DE ECONOMISTAS INMOBILIARIOS en Colegio de Economistas de Madrid y Vicepresidente del Consejo Directivo de Urbanismo y Ordenación del territorio del Consejo General de Economistas de España; Alejandro Rosillo, Doctor en Derecho y profesor de los Grados en Derecho y ADE del IEB; y David Caraballo, Director General de Alquiler Seguro.

Por su parte, Fernando Moliner, Vicepresidente de ASPRIMA y CEO de Actívitas, tiene claro que esta nueva Ley de la vivienda, lejos de ayudar a los usuarios, va a dificultar todavía más el acceso a una vivienda, “hay ejemplos muy claros de que la limitación de precios reduce la oferta” y habla, a su vez, de como el incremento de las reservas de vivienda protegida, que puede conllevar restricciones y retrasos en la generación de suelo, lo que provocaría de nuevo, una restricción en la oferta de viviendas tanto para alquiler como para compra, “si esta ley llegase a aplicarse, tendrá unos efectos muy indeseados que restringirán la oferta de vivienda tanto en alquiler como en compra y, por tanto, al ciudadano que quiere resolver su problema con la vivienda, se lo van a poner mucho más difícil”.

Ignacio Ortiz, Director de Research & Investment de ACTIVUM, está de acuerdo en que esta nueva ley no ayudará ni beneficiará a ninguna de las partes implicadas, “este acuerdo que se anuncia por parte de Esquerra y de Bildu, es un acuerdo que no viene a traer ningún tipo de solución y sí muchos problemas. Desde el punto de vista inmobiliario es un tema que duele porque no persigue ayudar a la gente que más lo necesita o que necesita una vivienda asequible”.

Asimismo, David Caraballo, Director General de Alquiler Seguro, muestra la desesperación del sector ante esta nueva ley que se ha formulado sin ni siquiera acercarse a consensuar con los agentes del propio mercado inmobiliario, “nadie está conforme con esta medida porque es una ley que no beneficia ni al inquilino, ni al propietario. Es un acuerdo electoralista que pretende legislar de espaldas al mercado, no están consultando a los profesionales y una limitación de precios, lo que produce es una reducción de oferta, además de empeorar la seguridad jurídica de los arrendadores, desalienta al inversor, desprofesionaliza al sector y empeora la calidad final de la vivienda y tendremos un parque inmobiliario desactualizado”.

A efectos jurídicos, parece que esta nueva Ley de la vivienda tampoco está bien planteada y presenta ciertos aspectos problemáticos o así lo explica Alejandro Rosillo, Doctor en Derecho y profesor de los Grados en Derecho y ADE del IEB, “la ley no da los mecanismos jurídicos de respuesta a pesar de que pueda ser una ley bien intencionada. La ley no da las soluciones necesarias e incluso crea nuevos conflictos al partir de soluciones que en otras épocas históricas no han funcionado como la congelación de precios y la renta antigua”.

Según los anuncios que han llegado desde las instituciones, esta nueva ley podría llegar a no aplicarse en todas las comunidades autónomas. Julián Salcedo, Presidente en Foro de Economistas Inmobiliarios en Colegio de Economistas de Madrid, habla sobre ello, “las competencias de urbanismo y vivienda están transferidas íntegramente a todas las Comunidades Autónomas y, por tanto, en virtud de sus competencias, pueden, hasta donde la nueva ley de viviendas se lo permita, no aplicarla” y explica que esta nueva ley, en el artículo 3, define qué es vivienda, qué es vivienda habitual, protegida… y esa es la que marca límites a la competencia de la comunidad autónoma.

Además, habla sobre una presunta inconstitucionalidad de muchos de los artículos que contiene esta nueva ley de la vivienda, “porque, aún regulando legislación básica, invade competencias propias de las comunidades autónomas y eso permite el recurso de inconstitucionalidad”.