En un ejercicio de tenso compás de espera por la guerra en Ucrania, varias compañías cotizadas y expertos repasan la trascendencia de este instrumento de inversión sostenible.
España avanza, pero se mantiene en el furgón de cola entre los mercados europeos. Los datos de finales de 2021 hablaban de que tan solo el 20% del patrimonio total que gestionan los fondos de inversión está catalogado como vehículo con vocación socialmente responsable. Se trata de 162 productos, que acumulaban al término del ejercicio los 64.430 millones de euros, según dio a conocer Inverco, la asociación sectorial, que también revelaba que la entrada en vigor, el año pasado, de la directiva europea sobre información no financiera en productos de inversión tuvo un impacto relativamente modesto entre las gestoras nacionales. Esta normativa clasifica a los fondos responsables en dos categorías: aquellos que se incluyen dentro del Artículo 8 porque "promueven características medioambientales y sociales”, de forma genérica y los catalogados dentro del Artículo 9 y que tienen un objetivo inversor específico y a los que se les consideran la pata negra del negocio.
La estadística de la patronal de las gestoras desvela que todavía hay gran margen de maniobra en España hasta alcanzar el promedio de algunos socios comunitarios. Por ejemplo, de Francia, donde sus registros de capital ESG alcanza un volumen agregado de 781.000 millones de euros, más de doce veces y media el nivel acumulado en España. En Suecia, un destino preferencial de los criterios sostenibles, superaron los 476.000 millones. “España se ha quedado algo rezagada en este ámbito porque han sido las gestoras galas, nórdicas y germanas las que abanderan desde hace años la inversión sostenible”, admite Jens Peers, consejero delegado en EEUU de Mirova, una firma especializada en sostenibilidad. Aunque más de 5 millones de inversores españoles se convirtieron en partícipes de fondos sostenibles, tanto bajo el precepto legal del artículo 8 como del 9. Esencialmente, porque firmas escandinavas, en su mayor parte, y centroeuropeas, en una porción menor, han dominado las inversiones sostenibles desde la década de los noventa.
Por categorías de inversión, y en lo que se refiere a fondos ESG, la de mayor volumen es la renta fija a largo plazo y, tras este instrumento, los mixtos Internacionales. No obstante, en porcentaje sobre el total, destacan los fondos de Bolsa, donde ya son el 40% del total de la categoría.
Las gestoras admiten estar reconsiderando sus estrategias de transición energética. Es como si hubiera un antes y un después del conflicto armado en Ucrania. En Social Investor, publicación especializada, inciden en que la industria está reorientando sus carteras. En línea con la de sus divisiones o rivales en Europa y el resto del mundo. En perjuicio de los activos que defienden las emisiones netas cero de CO2. Es una consecuencia ineludible de la guerra en Ucrania que se ha visto consolidada al cumplirse los dos meses de las hostilidades.
La dependencia de los combustibles fósiles rusos por parte de Europa y la exclusión de algunos sectores controvertidos ha hecho germinar alternativas de inversión en las carteras de capital en las que el sello sostenible ha perdido peso. “Las exigencias a corto plazo, como la seguridad y la fiabilidad del suministro, pueden llevarnos a tomar algunas decisiones no deseadas como el aumento de la capacidad de almacenamiento de petróleo y gas”, explica Eoin Murray, head of investment de Federated Hermes. Según reconoce este analista, “las altas concentraciones de producción de minerales como el vanadio, el titanio y el níquel en Rusia, podrían aumentar el riesgo de escasez a medida que se vayan imponiendo nuevas sanciones el Ejecutivo de Vladímir Putin, ya que son fundamentales para construir la infraestructura asociada a la generación de energía con bajas emisiones de carbono”. También para las redes de carga eléctrica, clave en la estrategia de transición energética de la UE.
Murray, en consonancia con la crítica constructiva global, precisa que “no cabe duda de que nos encontramos ante una segunda oportunidad para reflexionar sobre cómo podría ser un sistema energético y sostenible a largo plazo”. Sobre todo, tras la huida de Rusia de un amplio abanico de empresas, que “sugiere que el mundo de los negocios pueda sentirse menos cómodo dejando dinero en países y sectores que ya no se consideran parte de la necesaria transición”. Y dentro de la advertencia lanzada en marzo por Larry Fink, CEO de Blackrock, la mayor firma de inversión del mundo, de que la guerra acelerará la desglobalización y, por ende, la transición energética podría verse alterada, aunque los nichos de negocio a largo plazo se mantienen casi inalterados
Se trata de una opinión extendida en la industria, que ve una serie de oportunidades de inversión a largo plazo. “El conflicto tiene consecuencias a largo plazo. De hecho, la UE revisa su estrategia energética para acelerar la transición hacia sistemas más limpios, asequibles y estables a través de la eficiencia y de fuentes alternativas y renovables”, detalla Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM para Iberia y Latam. Por lo que la solar y la eólica se perciben como las principales beneficiadas, mientras la volatilidad de los precios energéticos incentiva la construcción de los edificios de bajas emisiones, de electrodomésticos de bajo consumo y de la electrificación del transporte y las fábricas, expone como atractivos de largo recorrido.
“Conviene centrarse en empresas con flujos de caja favorables en relación con la valoración”, apunta Xavier Chollet, gestor de Pictet Clean Energy, una gama que gestiona 4.700 millones de dólares en activos que favorecen la transición, al analizar el cambio de patrón de las carteras. Y, entre algunos valores a apostar, destaca a empresas de servicios públicos; del negocio solar o a fabricantes de iluminación con tecnología verde o eficiente, además de compañías del sector de los semiconductores. “Reducir la dependencia energética se ha convertido en una clara cuestión de seguridad nacional, como lo ilustra el plan Repower de la UE”. Incluso en Alemania surge tras la guerra un compromiso legislativo de todo el arco del Bundestag para convertir en renovables el 100% del mix eléctrico en 2035, “quince años antes del objetivo original”, recuerda Chollet.
La ruta hacia una economía de cero emisiones genera división de opiniones sobre su exclusión o su incorporación en los procesos de inversión los sectores contaminantes. Ciertas gestoras apuestan por no dar la espalda al reto del cambio climático. “Uno de los principios esenciales de nuestra firma es que debemos hacernos cargo del problema del carbono, no traspasarlo, por lo que se puede convenir que las políticas de exclusión evitan el núcleo de la cuestión”, dice Anna Karim, directora de inversiones ESG en renta fija de Jupiter AM. Esta firma valora en su estrategia la apuesta por compañías con huella de carbono importante, si se muestran comprometidas y pueden lograr progresos tangibles para combatir la emergencia climática en el futuro inmediato.
En este sentido, “presionarlas para que se deshagan de sus activos contaminantes podrían llegar a favorecer su imagen en las proyecciones de análisis ESG, aunque no resuelva los problemas”, sostiene Karim, quien recuerda el caso de la petrolera británica BP en 2019, cuando se deshizo de su negocio de petróleo y gas en Alaska vendiéndolos a la estadounidense Hilcorp Energy. “En unos meses, las emisiones del negocio se dispararon casi un 9%”, apunta la analista. Algo que podría “haberse evitado” si BP hubiera mantenido la propiedad. Por lo que “es probable que los impactos de sus operaciones se hubiesen sometido a una mayor vigilancia”, apunta.
Trascendencia de los criterios ESG
La aceleración de la transición energética no impide, sin embargo, que la inversión ESG deban hacer frente a un cúmulo de retos en su trayecto. “A largo plazo aumentará el gasto en material militar, sistemas logísticos, municiones y tecnología”, lo que “planteará cuestiones en la órbita de decisiones sobre los ESG”, avisa Chris Iggo, CIO Core Investments de AXA IM. Los beneficiarios serán los sectores aero-espacial, aunque también el de defensa, de transporte y el tecnológico, según el analista. Porque un gasto militar de entre el 1% y el 2% del PIB “no puede considerarse precisamente despreciable”, ya que podría aumentar las necesidades de endeudamiento de los Gobiernos y contribuir a subidas de tipos en el futuro, lastrando potenciales inversiones. “No hay que retrasar los beneficios de la transición energética, sino, más bien, conseguir una mayor seguridad energética, lo que va a requerir de una inversión acelerada en alternativas, cree Iggo, para quien, “por supuesto, significará más inversión en energías renovables”. A su juicio, y en última instancia, la transición ecológica conduce a una reducción de los precios de la energía.
Para Cathrine De Coninck-Lopez, de Invesco, España, en cualquier caso, “ya se percibe como un país realmente comprometido con el ESG”. Motivo por el que proclama que “algo ha cambiado en este país”. A pesar del conflicto bélico, afirma la responsable de ESG Global de la asociación de gestoras en un encuentro en El Economista. “Creo que algo ha sucedido en España, en un contexto en el que Europa era el líder, por así decirlo, y se percibía que países como los nórdicos, o los Países Bajos, iban por delante”, dado que “detectamos más interés y comprensión por los ESG”.
En 2021 España dio un paso adelante en cuanto a su papel como emisor de deuda sostenible: en septiembre, el Tesoro se estrenó en el mercado de bonos verdes, con una emisión de 5.000 millones de euros a 20 años que recibió una demanda 12 veces superior, de 60.000 millones. Y, hace unas semanas, este bono captó otros 1.100 millones de euros en una reapertura no tan exitosa (las peticiones se limitaron a 1.400 millones). España se postula, según los datos de la Climate Bonds Initiative (CBI), como el sexto país colocador de deuda verde en 2021, y el tercero de la UE (solo por detrás de Alemania y Francia, con datos, eso sí, preliminares). En un ejercicio complejo, pero en el que la guerra en Ucrania abre “oportunidades a las energías renovables y alternativas", señala la experta de Invesco. Coninck-Lopez hizo alusión a la entrada en vigor, el próximo mes de agosto, de la reforma MiFID por la cual las entidades “tendrán que empezar a preguntar a sus clientes por sus preferencias de sostenibilidad”.
Previsiblemente -señala la directiva de Inverco- este cambio impulsará los criterios ESG entre los inversores particulares en España, un país en el que el 84% de la inversión está en manos de minoristas, de acuerdo con Efama, la asociación europea de gestoras y fondos) que ofrece datos comparados al cierre de 2020. En un momento boyante en el que el 61% del Ibex incluye a su responsable de ESG en su comité de dirección y el 94% de empresas del índice tiene una persona a cargo de las cuestiones ESG.
Las voces de las empresas
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