La COVID-19 mostró pronto, por lo tanto, la necesidad de fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de nuestras sociedades y sistemas económicos, en términos generales.

Según la pandemia se va doblegando gracias, principalmente, al avance científico plasmado en la vacunación masiva, se van liberando recursos y esfuerzos que se pueden dirigir a la lucha contra el impacto de la emisión de carbono a la atmósfera.

Sin detenernos ahora en el plan de recuperación de la Unión Europea ni en la COP26 de Glasgow, el nivel de actividad en el sector financiero se viene acelerando de forma evidente. Desde el punto de vista de los bancos centrales, en junio de 2021 se celebró la conferencia ‘El cisne verde – Coordinando las finanzas sobre el clima’, promovida por el Banco de Pagos Internacionales, el Banco de Francia, el Fondo Monetario Internacional y la Red para la Ecologización del Sistema Financiero. La agenda del acto alcanzó a especialistas provenientes de todas las áreas (banca central, reguladores, sector financiero, sociedad civil y academia) y ha servido para ampliar más todavía el cuerpo teórico de papers que servirán para la puesta en práctica del nuevo paradigma de las finanzas sostenibles.

En lo que afecta a 2022, y sin ánimo exhaustivo, en este ejercicio se producirán la plena entrada en vigor de los Reglamentos de Divulgación y Taxonomía de la Unión Europea y la primera prueba de resistencia climática del Banco Central Europeo, a lo que habrá que sumar el deber de divulgar información por las entidades bancarias de mayor tamaño sobre riesgos ASG, incluidos los riesgos físicos y los de transición, conforme a la normativa prudencial.

Obviamente, 2021 está siendo el ejercicio para el establecimiento de las bases que permitirán dar una respuesta adecuada y eficaz a todas estas complejas tareas.

En un ámbito más cercano, otro hecho trascendental de 2021 en lo que concierne al sector financiero ha venido constituido por la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021, de 20 de mayo).

Se trata de una ley ambiciosa, que tiene por objeto asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos, y promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.

Del clausulado de esta Ley resulta que las entidades financieras -y el sector privado en su conjunto- tendrán que adaptar en lo sucesivo su modo de relación con los clientes de diversos sectores económicos y empresariales, e incluso con las Administraciones Públicas.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética contiene deberes específicos dirigidos a las entidades financieras en materia de divulgación. En el caso de las entidades de crédito, a estos deberes se les añade la obligación de publicar a partir de 2023 objetivos específicos de descarbonización de las carteras de préstamo e inversión, alineados con el Acuerdo de París.

En el caso concreto de Unicaja Banco, nuestra entidad está plenamente comprometida con la sostenibilidad y con los retos ambientales y sociales. La aprobación por el Consejo de Administración, en 2021, de la ‘Política de Sostenibilidad’ y la revisión de la ‘Política de RSC’ para el mejor alineamiento de ambas, son hitos que permiten la adecuada gestión de los factores ASG y así atender las expectativas de los reguladores, supervisores, inversores y clientes. Adicionalmente, también en 2021 se ha revisado por el Consejo el ‘Plan de Acción de Finanzas Sostenibles’, aprobado en 2020. Todo ello revela que este banco está atento a la realidad, y es consciente de las demandas sociales y de la función social que está llamado a ejercer, que va a más.