Esta vez, con la aprobación del Fondo de Recuperación de la UE, el impulso es más potente, pues es la primera vez que se promueve una respuesta a una crisis económica en la región, financiada a través de emisiones de deuda a largo plazo (vencimiento hasta 2058). Además de suponer un paso adelante (aunque no definitivo) hacia la unión fiscal, el mensaje es que, en caso de problemas, se prioriza la solidaridad y eso significa ayudas para los países, sectores y agentes más afectados por la crisis. Algo muy importante teniendo en cuenta el auge del euroescepticismo en los últimos tiempos. No estamos ante un "momento Hamilton" (ni probablemente estamos preparados para ello), pues sólo se mutualizará la nueva deuda, pero sí ante el mayor paso adelante de la Unión Europea desde la creación del euro.
La composición del fondo supone un antes y un después, pues nadie podía pensar hace unos meses que, en un paquete europeo de esta envergadura, más de un 50% de los fondos serían transferencias y, por tanto, no aumentarán el endeudamiento de los países que las reciban. Ahí, precisamente, se ha centrado el debate del fin de semana, pues la estrategia de negociación de los frugales era reducir al máximo el importe de las transferencias.
¿Será suficiente con el dinero que se ha puesto encima de la mesa? Los 750.000 millones del plan de reconstrucción deben sumarse a los más de 500.000 millones ya autorizados en abril para afrontar los problemas de corto plazo, repartidos en 240.000 millones en líneas de créditos MEDE (sin condicionalidad para gastos relacionados con el coronavirus), 100.000 millones de euros de los programas de empleo SURE y a los 200.000 en créditos del BEI. En total, la potencia de fuego de la UE, sumando todos los planes, asciende a 1,29 billones de euros, lo que representa un 9,5% del PIB de la UE. Si le añadimos las medidas ya adoptadas por los diferentes gobiernos nacionales estaríamos hablando de cifras comparables a las que ha puesto encima de la mesa EEUU (14% del PIB).
Por tanto, los planes europeos conforman, junto al programa de compras del BCE (PEPP), un formidable escudo anticrisis. Al contrario que en la recesión de 2008-2012, se ha activado un cortafuegos para evitar que se vuelva a especular con el futuro del proyecto europeo. Porque de eso y no de otra cosa se trata cuando hablamos del riesgo de fragmentación. Los primeros convencidos de que "esta vez es diferente" son los mercados financieros a juzgar por la evolución de las primas de riesgo de los periféricos o del movimiento de apreciación del euro frente al dólar hasta 1,16.
Próximos retos
Respecto al reparto de los fondos por países, no parece que vaya a haber muchas diferencias con respecto a las cifras que se han venido manejando en las últimas semanas. España recibirá 140.000 millones de euros en tres años (11% del PIB), lo que constituirá un extraordinario apoyo para restañar los daños estructurales de la recesión, apoyar a los sectores más afectados y atraer inversión privada para los grandes proyectos transversales que impulsará la Unión Europea. Ese tirón de la inversión será fundamental a partir del año próximo, teniendo en cuenta que, esta vez, la demanda externa difícilmente jugará un papel parecido al de la última fase expansiva de la economía española.
También es importante destacar que la condicionalidad será muy diferente a la de la última crisis, centrada en los planes nacionales de reforma y en los propios proyectos receptores de los fondos. Aunque debemos ser conscientes de que la clave será el diseño del nuevo marco fiscal europeo, que entrará en vigor tras el tiempo muerto que ha concedido la Comisión Europea en 2020 y 2021.
Para la gobernanza del Fondo de Recuperación y, una vez descartado el derecho de veto que pretendían los Países Bajos, se ha diseñado un "freno de emergencia" por el que se puede denunciar desviaciones importantes en los objetivos de algún país, lo que puede interrumpir la recepción de los fondos durante tres meses y elevar la cuestión al Consejo Europeo que, a través del ECOFIN, debería dirimir el problema por mayoría cualificada.
¿Qué se ha sacrificado a cambio del acuerdo? Por un lado, se ha elevado hasta 52.000 millones de euros el volumen de los cheques "a la británica" por el que son compensados los países del norte, se ha mantenido sin cambios el marco financiero plurianual (1,074 billones de euros), cuando era necesaria una ampliación como demandó el Parlamento Europeo, y se han sacrificado algunas partidas del fondo inicial, como las dedicadas al rescate de empresas. Nada especialmente preocupante teniendo en cuenta todo lo que se ha conseguido.
A partir de ahora, los retos pendientes serán la aprobación del Fondo en los Parlamentos y la Eurocámara y el diseño de los planes para acceder a los fondos.
