A las empresas organizar su Junta General les suele suponer un quebradero de cabeza, pero también una oportunidad de reforzar su gobernanza y ganar reputación. Hace mucho que dejaron de ser un acto rutinario, con el Consejo y el notario situados en una mesa corrida entre la salmodia del secretario leyendo las precisiones legales. Desde la crisis internacional de 2008, el activismo también se ha abierto paso en los órdenes del día. Los accionistas institucionales se implican más en la gestión, los activistas buscan formas concretas de actuación y los proxy advisors o asesores de voto se han convertido en constantes fiscalizadores de cada política corporativa.

El resultado es que las Juntas ganan decibelios año tras año. Cuestionar o rechazar puntos del orden del día se ha convertido en algo habitual. Para los responsables de Comunicación y de Relación con Inversores, cada convocatoria de Junta se ha convertido en motivo de estrés y en fuente permanente de tensión. En la temporada de Juntas de este año el escrutinio se concentró en las retribuciones y planes de incentivos de los consejeros. También empiezan a ser objeto de críticas las retribuciones ligadas a la sostenibilidad. Son cuestiones inevitables cuando tres cuartas partes de los inversores desarrollan sus propias políticas in house, que a menudo añaden más inquietudes a las de los proxys.

Ante ese contexto, lo razonable es que las compañías interioricen ese mayor examen de proxys, inversores y activistas y le den respuesta. Cada Consejo debe jugar un papel significativo de escucha, aprendizaje y puesta en común de las distintas sensibilidades. La clave para el buen desempeño de los consejeros está en entender qué hay detrás de cada sugerencia, desde la evidencia casi metafísica de que es imposible contentar a todo el mundo.

Asimismo, las empresas deben asumir un cambio cultural corporativo de toda la gobernanza para no desatender la sostenibilidad. En adelante, están abocadas a impulsar la transparencia y el engagement. No solo van a estar sometidas a un escrutinio público creciente, sino que además sus consejeros tendrán una evidente responsabilidad administrativa, también en materia de sostenibilidad, y deberán cuidar al máximo sus declaraciones.

Sea como sea, la gobernanza corporativa sigue estando en el vértice superior del supuesto triángulo corporativo en materia de ESG. Toda la política corporativa debería comenzar desde la gobernanza, y plantear todas las cuestiones con afán de anticipar los problemas, desde un compromiso firme con la transparencia y la proactividad, y también desde la constante implicación del Consejo. Cuanto antes se coordinen las políticas reputacionales, financieras, inversoras y sostenibles de cada cotizada, más posibilidades habrá de transitar una Junta relativamente plácida. Es importante explicar bien y compartir un único racional en los distintos informes medulares, incluido el de Sostenibilidad, cuyo grado de exigencia y detalle informativo seguirá creciendo a corto y medio plazo.

Si nos atenemos al clásico proverbio de que el roce hace el cariño, está claro que una adecuada aproximación a los proxys puede ser el comienzo de una hermosa amistad Junta a Junta. Buena parte de las veces esa práctica pasa por asumir que el propio Consejo de Administración debe potenciar la diversidad desde tres puntos de vista: por tipología, experiencia y responsabilidad social. Además, todos los asuntos corporativos, sostenibles y reputacionales deberían estar coordinados para asegurar la transparencia y la proactividad del Consejo, y además ser convenientemente comunicados a todos los grupos de interés. La implicación de los consejeros es fundamental. Hay que asumir las mejores prácticas y además saber cómo ordenarlas y comunicarlas, porque los inversores son cada vez más sofisticados. Por eso, para la próxima temporada de Juntas, conviene animar a las cotizadas a promover el engagement, involucrar al Consejo y a tener un contacto cada vez más cercano con los inversores. Sale a cuenta