“Desde un punto de vista metodológico, los bancos deberían ser capaces de comprender las implicaciones del riesgo medioambiental y cómo puede afectar a sus modelos de negocio. Por supuesto, el consejo de administración debe estar debidamente informado, y algunos de sus miembros, tener la experiencia necesaria para evaluar sus peligros”, explicó la subgobernadora en el foro de debate de la COP25, al que asistieron, entre otros, José Antonio Álvarez, consejero delegado de Banco Santander, y Carlos Torres, presidente de BBVA. Una veintena de bancos españoles, que suponen el 95% de la actividad del sector, se han comprometido en sus planes estratégicos a priorizar la financiación hacia sectores más sostenibles. Motivo por el que desde el Banco de España se insta al sector a incorporar los retos ambientales y a someterlos a una vigilancia continuada. “Deben comenzar a llenar los vacíos de datos, compilando información relevante [sobre riesgos medioambientales], al menos en las nuevas operaciones”, enfatizó la subgobernadora. Delgado también avanzó que habrá pruebas de resistencia en esta dirección.
Test de estrés que acometerá la Autoridad Bancaria Europea dentro de su programa de acción sobre finanzas sostenibles. Al hilo de este planteamiento, tanto el CEO de Santander como el presidente de BBVA reclamaron a los supervisores reglas claras para definir qué se considera como financiación verde. Aunque Torres advirtió de que esta falta de definición “no debería ser una excusa para empezar a actuar ya”. En su opinión, “las instituciones financieras somos, al fin y al cabo, agentes catalizadores de este cambio y debemos actuar con celeridad”. De forma más precisa, Delgado precisó que “el cambio climático y la transición hacia la sostenibilidad de la economía podría afectar a la actividad de las entidades de crédito y a la estabilidad financiera a través de dos tipos de riesgo”: los físicos, asociados a los efectos directos de las catástrofes de la meteorología, y los que denominó de transición, vinculados a los procesos de transición tanto tecnológica como regulatoria hacia una economía más ecológica. Dentro del ámbito nacional, la número dos del Banco de España recordó que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, presentado en febrero del 2019, “ya incide en la necesidad de progresar en estos frentes” y establece que las entidades de crédito y los supervisores nacionales “deberán elaborar informes en los que evalúen periódicamente los riesgos financieros para su actividad que se deriven del cambio climático”.
En este sentido, el supervisor español recordó que las fintech se han convertido en una amenaza para el negocio bancario, pero que, en paralelo, las bigtechs, las multinacionales tecnológicas, están comenzando a proveer de servicios y productos financieros a sus clientes. Por todo ello, recomendó a los bancos a incrementar las ratios de capital y reducir los activos improductivos, con el objetivo siempre de incrementar la rentabilidad. Antes de recordar que, en 2018, los activos improductivos se redujeron en más de 70.000 millones, una cifra sin parangón desde el estallido de la crisis. Un estadio financiero idóneo para emprender la transición ecológica que, según un informe del pasado año del BCE, tiene una exposición para el conjunto del sistema financiero europeo de 720.000 millones de euros; unos 50.000 de ellos, créditos bancarios, casi el 3% de la cartera.
En su diagnóstico de invierno, el Banco de España también despeja la senda del cambio climático en el sistema financiero, que “ya se ve afectado por los riesgos físicos y de transición, pudiendo conllevar riesgos de crédito, mercado y operacionales como señalaba el BoE a finales de 2018”. Y, en el mismo, se anticipa que “se han mantenido diversas reuniones de alto nivel con entidades de crédito, auditoras y gestores de carteras, para transmitirles las novedades institucionales y regulatorias en este ámbito, constatar su nivel de preparación ante estos riesgos y establecer un diálogo con ellas”. De igual forma que “se están desarrollando las herramientas de análisis necesarias para poder valorar y modelizar los riesgos de transición y sus potenciales impactos en las firmas de crédito”.
Pero, ¿cómo valoran las entidades bancarias el cambio de estrategia del BCE? Y, sobre todo, ¿están afrontando este salto hacia la sostenibilidad?
Banco Santander
El cambio climático se ha convertido para la presidenta del primer banco español en el “problema más urgente” que afronta el planeta, con potenciales “efectos catastróficos sobre las personas y las empresas a las que prestamos servicios”. Aunque también, cómo no, “con consecuencias para la cuenta de resultados y el balance de las principales entidades financieras”, precisó en la reciente Conferencia Bancaria Internacional que organiza su grupo bancario. Con posterioridad, durante la presentación de los resultados de la entidad, Botín incidió en la toma de conciencia de avanzar en la lucha contra el cambio climático y en la necesidad de fomentar una economía verde, de la que “se ha hablado mucho en el Foro de Davos”, cónclave que reúne en la localidad suiza a líderes políticos, empresariales, financieros y sociales de todo el mundo. Sin embargo -precisó- “esa transición hacia un nuevo modelo económico no depende sólo de las empresas o de unos Gobiernos en concreto, sino que se trata de una cuestión que hay que abordar “entre todos” y hacerlo “de manera responsable”. A modo de ejemplo citó a Polonia, donde el 80% de la energía procede del carbón, y aunque los bancos quieran dejar de financiar esa actividad no pueden hacerlo de un día para otro, ya que, como explica Botín, “es el país el que tiene que liderar y afrontar la transformación”. Sobre la nueva estrategia del BCE, Botín dijo a Bloomberg TV, tras la presentación de la cuenta de resultados de la entidad que “tiene un problema que resolver” porque “la política monetaria en la región no está funcionando”. En su opinión, “lo que están tratando de hacer [la autoridad monetaria europea] es, en resumen, bajar las tasas para que haya más demanda de crédito”, pero no lo está consiguiendo porque, “de hecho, en muchos países, los préstamos están bajando”. Lagarde debe tener en cuenta en su revisión los problemas a los que se enfrentan los prestamistas como Santander a medida que el banco central emprende su primera revisión estratégica desde 2003, dijo Botín. “Los factores negativos superan a los positivos”, declaró la presidenta del banco.
Caixabank
Desde la entidad que preside Jordi Gual pasan revista a la futura estrategia del BCE con una serie de cuestiones que se plantea su servicio de estudios. En concreto, Adrià Morron y Ricard Murillo, economistas de CaixaBank Research. Y lo hacen atendiendo a las revisiones tanto de la autoridad monetaria europea como de la Fed. Achacan la renovación a “transformaciones estructurales” que han modificado el entorno y su capacidad de actuación. Entre las que cita las caídas del tipo de interés de equilibrio en las principales economías avanzadas, que “reduce el margen de maniobra de los bancos centrales para estimular la economía en futuras recesiones”; la relación entre el desempeño de la actividad y la inflación, que “se ha debilitado” por, entre otras razones, la disminución de los márgenes empresariales, el impacto de la globalización (que aumenta la proporción de bienes y servicios importados) y la incertidumbre alrededor del grado de saturación del mercado laboral. Cambios que explican el incumplimiento reiterado de los objetivos de inflación de la Fed y del BCE durante los últimos años y que han provocado una caída de las expectativas de inflación.
No obstante -aseguran- “difícilmente los bancos centrales querrán asumir la pérdida de credibilidad que conllevaría modificar el objetivo cuando no se es capaz de alcanzarlo”. Así, a su juicio, “es probable que mantengan los objetivos de inflación del 2% e incorporen alguna pequeña recalibración”. La Fed, de hecho, ha anunciado que conservará el objetivo del 2%, pero estudiará si es posible refinarlo con reglas que persigan compensar las desviaciones previas que se generan alrededor de este tope inflacionista. Por ejemplo, fijando la meta según el nivel de precios o de un promedio de inflación del 2% a lo largo de un periodo determinado. Por su parte, la definición del BCE -por debajo, pero cerca, del 2%- ha sido criticada por ser poco clara y precisa (¿cuán cerca del 2%?) y tener un sesgo bajista porque, en realidad, desde el año 2000, más de un 60% de los registros de inflación han sido inferiores al 2%.
Asimismo, “quizá también sea necesario” -aseguran Morron y Murillo- que ambos bancos “se planteen si sus índices de referencia miden la inflación correctamente”. Porque problemas como la influencia de la globalización en la formación de precios o la representatividad de la cesta de consumo (por ejemplo, el IPCA captura el precio de la vivienda, esencialmente, a través de los alquileres, que poseen un peso testimonial, de sólo un 6,5%) son retos a tener en cuenta. Sobre las herramientas monetarias, ambos economistas consideran que la Fed y el BCE, tras utilizar de forma masiva medidas no convencionales para contener la Gran Recesión -compra de activos y forward guidance), deberían “aprovechar sus revisiones para formalizar su adhesión al conjunto de instrumentos disponibles, lo que “les permitiría anticipar mejor sus funciones de reacción”. Además de analizar fórmulas para instaurar más eficientemente sus políticas monetarias. No en vano, “el BCE decidió en 2008 modificar la forma en la que ofrecía liquidez a corto plazo y desde entonces lo hace con un sistema que satisface todas las peticiones (full allotment)”. La Fed, por su parte, después de decidir, en enero de 2019, que operaría bajo un entorno de reservas abundantes, podría reajustar el uso de sus tipos de interés oficiales “para influenciar mejor el tipo de interés objetivo”.
Respecto al cambio climático, en otro informe mensual, Eric Fernández, explica que la UE, con un impulso de recursos adecuado, “puede aspirar al liderazgo tecnológico en este ámbito”. Algo que, sin embargo, requiere “unas reglas de juego claras” encaminadas a promover la inversión privada por parte de empresas y hogares, y a la captación de financiación. “La mayoría de las inversiones que deben catapultar la transición energética exigen largos plazos de amortización”. Por ello, “la certidumbre y la garantía de estabilidad en la norma son imprescindibles”. Como hemos visto en Europa recientemente, declarar el fin de una era (por ejemplo, la del coche diésel o incluso la del motor de combustión) sin sentar las bases de la siguiente escala productiva, sólo genera confusión y paraliza los flujos de capital.
Bankia
En la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri se hace hincapié en que “el FMI ha reconocido que el efecto del estímulo monetario puesto en marcha por los bancos centrales el año pasado podría acercarse al medio punto porcentual de crecimiento” y que, en este contexto, el principal mensaje que lanzó Lagarde con su intención de revisar la estratégica de la política monetaria es que “será amplia y ambiciosa, afectando desde al objetivo, hasta a la política de comunicación, partiendo de la base de que el BCE no puede operar como en 2003”. Es decir, “el mundo y las dinámicas económicas no son las mismas y el BCE ha tenido que improvisar para responder a los desafíos de los últimos años”. La duda es si la ambición de adaptarse a la nueva realidad económica es compatible con alcanzar el consenso necesario dentro del Consejo del BCE. “Porque, para no pecar de ingenuidad, la clave va a estar en la nueva definición del objetivo de inflación y, ahora mismo, no parece fácil llegar a un acuerdo entre las diferentes facciones en el seno del BCE”, aseguran en Bankia. Teniendo en cuenta, además, que en las últimas encuestas entre ciudadanos europeos “la sensación de inflación” es muy superior a la que refleja el IPCA. “Esta revisión debería estar finalizada en diciembre y, de momento, lo que parece claro es que en 2020 la probabilidad de cambios en los tipos de interés o en el QE es muy baja”, aclaran.
Desde Bankia se insiste en que la revisión estratégica la están haciendo el BCE y la Fed, aunque la Reserva Federal americana “lleva mucho más tiempo con este tema”; hasta el punto de que podría publicar sus conclusiones este verano” y sus consignas “puede ser una guía para el BCE”. El problema para la institución europea “es que hay poco tiempo, pues Lagarde se comprometió a tener cerrado el tema en noviembre, tras consultar a servicios de estudios, a la sociedad civil y al mundo académico”, entre otros expertos. Por tanto, parece difícil que el exhaustivo ejercicio que requiere -se van a revisar objetivos, instrumentos y política de comunicación- conduzca a unos cambios de calado con amplios consensos.
Respecto al objetivo de inflación, destaca dos cuestiones esenciales. Por un lado, la definición y, por otro, la composición de la cesta del IPC. El mundo ha cambiado abruptamente y el aumento de la competencia o el fenómeno del envejecimiento demográfico, por ejemplo, hacen que, en términos estructurales, la inflación sea más baja. Por lo que resulta poco probable que la meta del 2% desaparezca. A lo sumo, se quitará “el algo por debajo del 2%”. En relación a la segunda demanda, la pregunta que subyace es si debe o no la cesta incluir con mayor ponderación la vivienda. Un asunto también complejo, dado que la compra de inmuebles es una decisión de inversión y no de consumo y los datos en muchos países de precios de vivienda no son ni precisos ni los adecuados. Donde sí puede haber cosas interesantes es en los “instrumentos” como el QE o en los tipos negativos. “Sería admitir una realidad que ha venido impuesta por la última crisis”, dicen en Bankia. Sin embargo, juzgan difícil ver cómo se puede incorporar el cambio climático en la política monetaria: Algo de “inversión verde” se podría añadir al QE.
Banco Sabadell
Desde el servicio de estudios de la entidad que preside Josep Oliu se afirma que el BCE “ha tenido en los últimos años un papel determinante a la hora de combatir los efectos derivados de la crisis financiera global”. Un periodo de inestabilidad que ha conllevado una serie de cambios estructurales (como, por ejemplo, un menor crecimiento potencial) lo que, sumado a otros factores como el envejecimiento poblacional, “han llevado a que la máxima autoridad monetaria esté replanteándose su marco de estrategia de política monetaria, sus objetivos y sus instrumentos”. Los avances, en este sentido, pues, merecen una valoración positiva y, además, resulta razonable que “aspectos como los medioambientales, la estabilidad financiera y los que giran en torno a la transparencia en la toma de decisiones ocupen un papel relevante en esta revisión”.
