La posible reunificación de Irlanda o un nuevo referéndum en Escocia están de nuevo sobre la mesa. En el espacio europeo, por los efectos, todavía poco nítidos, sobre su mercado interior, sobre varios de sus sectores productivos estratégicos y sobre una hipotética expulsión de residentes. Y, en el caso español, retorna el espinoso asunto de Gibraltar, mientras sus empresas adoptan planes de contingencia que, obviamente, siguen sin fecha de caducidad.
¿Sobrevivirá la City al Brexit?
Decía hace unas fechas The Economist que, si Silicon Valley es el espacio dominante de la tecnología, Shenzhen el de la electrónica, París el del lujo y Bangalore el de los servicios de externalización corporativa, Londres es, dentro del subconsciente colectivo global, el centro financiero por excelencia.
En la milla cuadrada del Támesis donde se ubica la City, sus operadores financieros son capaces de vender 5.000 millones de dólares de activos en apenas 20 minutos. Es la metrópolis del dinero. Dispuestos a generar más de 152.000 millones de dólares al año, cifra que supera la producción de la industria del automóvil alemana.
El 37% de las transacciones con cambio de divisas y el 18% del negocio financiero transfronterizo. Sin embargo, el Brexit amenaza con romper los, hasta ahora, férreos vínculos financieros con el Viejo Continente. Un asunto nada baladí para Europa. Cuando el BCE compra bonos como parte de su estrategia monetaria, los vendedores acuden a menudo a gestores de activos y bancos que están domiciliados en Reino Unido. Y alrededor de los swaps europeos se realizan a través de la City, la meca de la negociación de productos estructurados y derivados.
El prestigioso semanario dice que las opciones de que refuerce sus lazos con América son muy elevadas. Pero alerta de que el viraje hacia el otro lado del Atlántico signifique un volantazo irreversible hacia Europa, cuando su negocio internacional ajeno a la UE es todavía del 25- 30% y, mientras, se libra una batalla mundial en torno a las fintech y las finanzas verdes.
El sector privado británico comparte esta lectura. No les gusta la incertidumbre ni el impacto de la política sobre el Brexit. En general, las firmas con negocios 'online' están menos preocupadas, escribía recientemente Andrew Millington, estratega jefe de mercados en Aberdeen Standard Investments en una nota a inversores. Pero las más tradicionales, sobre todo las vinculadas a las áreas de consumo, muestras su temor a tomar decisiones de inversión empresarial. Barclays habla de precaución en plena incertidumbre económica y bancos de inversión como Keefe, Bruyette & Woods de un “ambiente estrafalario” en medio del aumento de los préstamos corporativos más notable en diez años, al calor de los bajos tipos de interés.
Las firmas de comercio minorista se han unido a este mensaje de tensión. Como Ted Baker, que opera en el mercado de moda, que insiste en la propensión al ahorro que ha surgido por el Brexit y que le ha ocasionado caída de ventas del 40%. Las agencias de empleo como Page insisten en la generación de un clima de desconfianza mutua entre candidatos a ocupar puestos profesionales y los responsables de recursos humanos que manifiestan dudas sobre el perfil de los aspirantes y su nacionalidad. Mientras la industria automovilística acumula inventarios, las constructoras entran en 'profit warnings' al tiempo que lanzan promociones menos rentables en estos meses de transición permanente o las tecnológicas, que son de las pocas que navegan en buenas condiciones, pero a la espera de encontrar vientos alisios desde popa; es decir, cruzando los dedos para que haya fumata blanca, con entente cordiale. Cueste el tiempo que cueste.
No por casualidad, el Brexit provocó en 2019 una fuga de capital extranjero del Reino Unido del 38% según el BoE y su sector financiero, unas pérdidas de 4.450 millones de euros, afirma un informe de la firma de servicios profesionales EY.
¿Será el fin del Reino Unido?
Boris Johnson se ha sacado de la chistera dar sonoridad al Big Ben como emblema del Brexit. La Torre del Reloj más famoso del Reino Unido se somete a una rápida lavada de imagen -y de su histórico cronómetro de alta precisión-, antes de hacer oír sus campanadas para celebrar el divorcio británico de Europa. El primer ministro dice buscar en este gesto “un acto de superación de las divisiones y un paso para reunificar a las comunidades” que conforman la nación británica. No es, desde luego, un brindis al sol.
Porque lo que está en juego con el Brexit es la propia supervivencia del Reino Unido tal y como se concibe en la actualidad. Una campaña para poner a punto el reloj, a través de crowdfunding, ya ha logrado recaudar más de la mitad del medio millón de libras que cuesta su reparación exprés.
Sin embargo, las 310 millas de frontera que separan la República de Irlanda de Irlanda del Norte ejemplifican este temor a la desintegración. Hasta ahora, la única señal de que un viajero en ruta rodada había traspasado el límite territorial de uno y otro territorio eran las señales de tráfico. En millas, si se circulaba por el norte, en kilómetros, si se hacía en el sur. Aunque hubiera vestigios de más de 208 puntos de controles de tránsito de los tiempos del IRA que se saldaron con 3.500 víctimas de la violencia entre unionistas y católicos en sus tres décadas de actividad terrorista.
La paz labrada durante el Gobierno de Tony Blair se ha mostrado estable. Dublín y Belfast estaban en fase de superación económica, política y de seguridad de sus divisiones culturales. Hasta la irrupción del Brexit. Porque la salida británica de la UE vuelve a poner en el disparadero la posible reunificación irlandesa. Es otro de sus efectos colaterales. Impredecible para muchos, pero no para las comunidades del norte y sur de la isla. La frontera impuso la separación, en 1921, de seis condados de la Vieja Irlanda que pasaron a formar parte de la provincia del Ulster, bajo dominio británico. Y la sociedad irlandesa, que se ha hecho mayor de edad -de tradicional y católica ha pasado a legalizar el aborto y el matrimonio homosexual- se decanta ahora por ser una república moderna, pluralista y democrática.
Propuesta que, además, gana adeptos entre los unionistas -protestantes afines a Londres- del norte, y que no resulta del todo novedoso. Porque en el propio referéndum de 2016, aunque dos terceras partes del electorado unionista votó a favor del Brexit, más del 85% que se declara nacionalista, sean o no católicos o protestantes, optaron por permanecer dentro de la UE. E Irlanda siempre se ha manifestado a favor de conservar su estatus de socio monetario europeo. Su ministro de Exteriores, Simon Coveney, lo interpreta con datos económicos. Un “no acuerdo” del Brexit sería “un elemento distorsionador” que destruiría unos 55.000 empleos y “contraería significativamente el PIB irlandés”.
Los sondeos responden a este dilema. El 62% de los irlandeses del sur desea la reunificación del territorio, con el 32% que se uniría a esta causa en el norte -frente al 45% que se manifiesta en contra-, más un abundante núcleo social, el 23%, que se declara indeciso.
El acuerdo fulgurante entre los dos gobiernos irlandeses con Johnson, que enterró el punto más espinoso del divorcio con Bruselas, el tránsito fronterizo entre las dos Irlandas, garantía del principio comunitario de libre circulación de personas, mercancías y capitales, no esconde el riesgo latente: “Uno de los puntos débiles, quizás el más vulnerable, irónicamente, que puede socavar la unidad británica es un Brexit duro”, admite el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, que ha situado el Brexit en el centro de la campaña electoral.
Varadkar, que recibió el cargo de jefe de Gobierno de manos de Enda Kenny, en 2017, ha convocado comicios para el próximo 8 de febrero. Apenas ocho días más tarde del supuesto abandono británico del club comunitario. Una reacción en toda regla. Y su formación, Fine Gael, aventaja en más de 25 puntos a Fianna Fail. Su oposición a una salida quasi-unilateral de Londres de la UE le daría un amplio margen de maniobra para buscar líneas de reclamación de la unidad irlandesa. Tras una legislatura, la actual, en la que apenas superaba en dos escaños la representación de su rival político en el hemiciclo.
Junto al Sinn Fein, símbolo del catolicismo norirlandés, que comparte con las fuerzas unionistas el llamado Gobierno de Stormont, desde enero de 2017, que ha dejado notables fisuras, a pesar de haber contribuido sin fisuras a la estabilidad del enclave británico, pero que cada vez levanta más suspicacias entre las filas protestantes por su elevado grado de dependencia de la economía de Reino Unido. Algo que, con el Brexit, empieza a cuestionarse en el conjunto de la sociedad norirlandesa.
En apoyo de su tesis, que por otra parte está en la sala de máquinas de no pocas cancillerías del mundo y de think-tanks de prestigio, surge también la cuestión escocesa. Será la auténtica y real oposición que tendrá Johnson, que ganó en las urnas con el 43,6% de los sufragios. La mayor de las mayorías parlamentarias desde 1979, con Margaret Thatcher en el poder. El Partido Nacional Escocés (SNP) de Nicola Sturgeon, ha solicitado un segundo referéndum de independencia tras el de 2014, con un 55% a favor de la estancia escocesa en el Reino Unido, por considerar que la sociedad escocesa es pro-europea, partidaria de adoptar el euro y, por consiguiente, contraria al Brexit. Es la tercera fuerza en Westminster, al acaparar 48 de los 59 escaños de Escocia en el Parlamento.
Los sondeos certifican que el resultado de un posible pero no probable nueva cita en las urnas se movería en los mismos parámetros (55-45), aunque relevan que la balanza puede inclinarse del lado de los secesionistas una vez se consume la salida británica de la UE. Sturgeon ha echado más leña al fuego: “No se trata de que Johnson o cualquier otro diputado nos otorgue permiso, sino del derecho democrático de los escoceses a decidir su propio futuro”. A lo que ha añadido otro argumento de peso, la apuesta de Escocia por las energías verdes.
Las renovables aportan 6.000 millones de libras anuales a su economía, con tasas exportadoras en aumento. Y, en este sentido, la estrategia de neutralidad energética que ha activado la Comisión Europea se ha hecho un hueco en la agenda política de Edimburgo. “Casi el 80% de la electricidad procede de fuentes renovables; con la independencia, llegaríamos a completar el mix energético”, afirma la primera ministra escocesa, que se afana en identificar al SNP con la economía verde.
Gibraltar y el reparto de residentes
El Peñón nunca va a aceptar la soberanía compartida, como estaría dispuesta a aceptar España. Y mucho menos el final de su estatus como enclave británico. Por mucho que se produzca una separación rápida de Reino Unido de la UE. Aunque la solución española tenga “ventajas considerables” para no pocos observadores internacionales. Entre otras que, en la consulta del Brexit, el 96% de los gibraltareños votaron a favor de quedarse en el seno de la UE. O que la propuesta de Madrid de permitir a los ciudadanos de la Roca seguir teniendo acceso al mercado interior, lo que fortalece la acción diplomática española por recuperar este territorio geoestratégicamente clave.
El caso de Gibraltar, además, resulta de especial importancia para España. Más de 14.700 trabajadores del Campo de Gibraltar, de las localidades aledañas y que, en conjunto, ostentan un 32% de tasa de paro, están empleados en el Peñón. También para los residentes en la Roca. Porque su PIB ha aumentado en 500 millones de libras -568 millones de euros- cada año, en el último trienio, por sus negocios con España, preferentemente, aunque también con empresarios europeos.
En Europa, comparten el criterio de Madrid de que el conflicto con Gibraltar es “arcaico” y que su solución requiere de un consenso entre las tres partes. O cuatro, si la UE se involucra con mayor ahínco. De hecho, el decreto de contingencia por el Brexit del Gobierno, elaborado la primavera pasada, con el gabinete ya en funciones, considera a Gibraltar como colonia. Por estar incluida en la lista de la ONU de territorios no
autónomas pendientes de descolonización. Frente a la tesis británica de que fue una cesión española en el Tratado de Utrecht (1713).
La norma establece la seguridad de los derechos de ciudadanía permanente, lo que incluye atención sanitaria, cómputo de cotizaciones y prestaciones por desempleo en el sistema español y el británico. Hay unos 300.000 residentes británicos en España, con peticiones de extensión a permanentes de buena parte de los que se instalan de forma temporal. Hasta 400.000. De largo, la comunidad más numerosa. Frente a los 180.000 españoles que habitan en las islas británicas, de los que el 64% se ha inscrito en el registro de extranjeros: unos 115.700.
En este complejo itinerario, España contará con una baza esencial. Porque la ex jefa de gabinete de Jean Claude Juncker, la funcionaria comunitaria valenciana, Clara Martínez Alberola, ha sido nombrada número dos del comisario Michel Barnier, negociador del Ejecutivo europeo sobre el Brexit. Su papel será también fundamental en aspectos como los acuerdos comerciales, de pesca o los servicios financieros, así como la gestión y preservación de los datos personales. De notable trascendencia. Porque otro de los grandes temores de Bruselas es que los comunitarios no sean declarados inmigrantes ilegales tras el Brexit. Es lo que exigen instituciones como 3 Million, que alerta de que el retraso en la solicitud del denominado EU Settlement Scheme o cambios legales por parte del Gobierno británico, podrían dejar a los residentes europeos sin derecho a trabajo o a recibir atención sanitaria. Si Johnson acelera los plazos, la controversia está servida. Pero si, además, retira a Reino Unido de la opción de participar de una unión aduanera o de mantener los lazos con el mercado interior, la libertad de movimiento no estará asegurada y las garantías civiles y ciudadanas, quedarán en entredicho.
Las grandes batallas para Europa
En Bruselas hace tiempo que se preparan para lo que están convencido que es la negociación más compleja de su historia: la futura relación con Reino Unido y la entrada en escena de Johnson, que hará más compleja aún el escenario post-Brexit. Sobre todo, si no acepta los once meses de prórroga para culminar con éxito el diálogo, que pasa casi irremediablemente por cincelar un pacto comercial en el que Reino Unido asuma las reglas de la UE en aspectos colaterales, pero no menos importantes, como la cooperación en materia de seguridad y defensa o en normativa aérea.
“Este punto es capital para maximizar las discusiones en otros terrenos”, explica Sabine Weyand, directora general de Comercio de la Comisión. Pero “el tiempo es muy corto”, incide Ursula von der Leyen, en referencia al obsesivo límite del 31 de enero que maneja el premier británico. “Hay asuntos sobre los que ni siquiera tenemos un panel de trabajo para alcanzar medidas de contingencia compartidas”, explica. En opinión de la nueva presidenta de la Comisión, “ya habrá tiempo al final de 2020 de precipitar todo por el abismo si no se llega a buen puerto”.
Bruselas tiene buenas razones para reclamar un tiempo de reflexión en defensa de sus intereses industrial y empresarial. Cualquier barrera arancelaria u obstáculo al consumo dañaría los flujos de ventas de automóviles alemanas, italianas y francesas, principalmente, de cuyas marcas, los residentes en Reino Unido adquirieron 1,5 millones de coches en 2018.
Pero también su sector auxiliar, localizado esencialmente en Polonia, Austria, Rumanía o la República Checa. Cualquier desencuentro dejaría desprotegido a este segmento productivo europeo casi al completo. En el ámbito agrícola, el temor apunta a cambios en las exigentes normas de seguridad europeas que podría permitir la entrada de productos de otras latitudes, especialmente América, a costes más bajos y con desventajas competitivas para Europa. España, Italia y Grecia serán tres de los socios más damnificados. Igual que en el sector pesquero, porque Londres ha prometido abandonar la Política Pesquera Común y proteger su propia industria una vez recupere el control de sus aguas territoriales.
En materia de seguridad, la cooperación para combatir los ataques cibernéticos y terroristas resulta esencial. Y el poder militar y la capacidad de los servicios de inteligencia británicos están fuera de toda duda.
Y los principales interrogantes para España
La economía española no ha sido inmune a los efectos globales del Brexit -ni a las caídas iniciales de la libra, de las bolsas y del petróleo- ni al parón comercial e industrial de los últimos doce meses, ni al futuro e inmediato presupuesto de la UE. Reino Unido era hasta ahora el segundo contribuyente a la UE, por lo que su aportación anual a Bruselas recaerá sobre las espaldas de las cuatro mayores economías del euro: Alemania, que deberá poner 2.503 millones de euros; Francia 1.871; Italia 1.384 y España 906 millones.
Dentro de un programa de recursos que abarca siete años. Las próximas partidas abarcarán desde el 2021 al 2027. Y Berlín pretende inaugurar unos fondos que, por primera vez, superarán el billón de euros. En concreto, 1,1 billones. Con el límite del gasto del 1% del PIB conjunto de la Unión. Estudios oficiales revelan que España será la octava economía más
afectada de la UE.
El valor de las mercancías al Reino Unido asciende a 55.000 millones de euros anuales. Hay 350 empresas de capital hispano instaladas y que podrían verse sometidas a mayores costes regulatorios. Sin un acuerdo o sin un pacto ventajoso, los daños se
concentraría en industrias como la automovilística, la aeronáutica la alimentaria, la farmacéutica y, por supuesto, la turística. En el último decenio, la cifra anual de turistas británicos se ha mantenido bordeando los 18 millones, cota que se saltó tanto en el ejercicio 2017 como en el de 2018, último año completo contabilizado.
El sector exterior hispano conviene en que un Brexit desordenado perjudicará a Europa, pero, sobre todo, a Reino Unido. La patronal CEOE recuerda que el 4,06% de las importaciones españolas son bienes y servicios producidos en Reino Unido, lo que significa que 11.443 millones del consumo anual dependen del mercado británico, una cifra similar a la que maneja Holanda, aunque inferior a la cuota de importaciones de Italia (7%), Francia (12%) o Alemania (14%). Pero más peso tienen todavía las ventas de bienes y servicios al mercado británico, que representan el 7,2% de las exportaciones totales, por valor de 18.950 millones de euros. Frente a las cuotas de Italia (8%), Alemania (9%), Portugal (10%) o Francia (11%). Los cálculos de las instituciones económicas españolas estiman que, de materializarse algún tipo de rearme arancelario por un Brexit a las bravas, afectaría a alrededor del 20% de las exportaciones españolas a Reino Unido.
El Gobierno ha instado a las empresas a abordar planes de contingencia. Además de aconsejar -por ejemplo, desde la Agencia Tributaria- que deben estar preparadas para un Brexit duro. Sin acuerdo.
En las casi 30.000 misivas dirigidas a compañías con intereses en Reino Unido se admite la preocupación de las autoridades y, en ella, se hace hincapié en que una salida precipitada y sin consenso “puede tener un efecto significativo en su organización y/o en sus flujos logísticos”. El Fisco les conmina a “evaluar dicho impacto”. Precisamente la logística es uno de los factores que más dolores de cabeza provoca a las empresas. La mayor parte de ellas, exportadoras y sin experiencia de ventas fuera de la órbita comunitaria. Motivo por el que alguna de estas firmas, sobre todo pymes, han instaurado cláusulas anti-Brexit, por las que se reservan la posibilidad de ajustar los periodos de suministro en caso de un giro brusco de los acontecimientos respecto al divorcio entre Reino Unido y la UE.
También les trae por la calle de la amargura la relación entre la libra y el euro. Con la divisa británica en mínimos durante la mayor parte del pasado bienio, en el que llegó a estar próxima la paridad, ahora los analistas se inclinan por la recuperación de la moneda de Reino Unido. Goldman Sachs la elige entre las favoritas para revitalizarse en 2020. Por el optimismo en que el Brexit se va a producir. Más de un 4% respecto a su cotización de finales del pasado ejercicio, cuando registró un último trimestre alcista. Casi en contra de todo pronóstico. Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley también se acogen a esta tesis. Si bien la matizan. Esta versión recoge la disolución de dudas sobre el Brexit, pero no los riesgos de que no se
formalice un pacto comercial entre ambas partes.
