La semana pasada la Bolsa española se vio agitada por el anuncio sorpresa de STC, operadora de Arabia Saudí, de la adquisición de un 9,9% del capital social de Telefonica por un importe d unos 2.100 millones de euros. Esta adquisición implicaría la compra del 4,9% del capital social de Telefónica y el uso de instrumentos financieros a plazo, con la intención de adquirir un 5,0% adicional del mismo. Los derechos de voto correspondientes al 5,0% de las acciones se adquirirán una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias necesarias.
Este punto es importante debido a que Telefónica se encuentra amparada por el denominado ‘escudo anti-OPA’ del Gobierno, por el cual el Ejecutivo tiene que dar permiso a los inversores extracomunitarios que pretendan adquirir más del 10% de una empresa estratégica cotizada. Este umbral se rebaja al 5% en el caso de empresas con intereses en el ámbito de la defensa nacional, como es Telefónica.
En otras palabras, la pelota está ahora en el tejado de La Moncloa en un momento en que el Gobierno se encuentra en funciones tras las elecciones del pasado mes de julio y con la incertidumbre de si se podrá formar un nuevo Ejecutivo o habrá repetición electoral. No obstante, la empresa saudí se ha apresurado a asegurar que no tiene intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica. “Se trata de una gran oportunidad de inversión que nos permite utilizar nuestro sólido balance y mantener al mismo tiempo nuestra atractiva política de dividendos”, matizó.
OPAs en el Mercado Continuo
Lo cierto es que las operaciones parecen estar acumulándose desde el inicio del verano, con algunas operaciones en marcha. A finales de junio, el fondo estadounidense Apollo lanzó una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% de Applus a un precio de 9,5 euros por acción en efectivo, lo que arroja un importe total de 1.226,2 millones de euros. La operación fue admitida a trámite por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 17 de julio.
Esta OPA está sujeta, entre otras condiciones, a una aceptación mínima de, al menos, 96.805.600 acciones de Applus, representativas de su 75% del capital social con derecho a voto. El anuncio de la OPA tuvo lugar en un contexto, desde el arranque de la guerra de Ucrania y la subida de tipos de interés, en el que la compañía había figurado en la mayoría de las quinielas de los analistas como candidata a recibir una OPA que la excluyera de Bolsa. Aparte de Apollo, la primera en mover ficha, Apax y un consorcio formado por I Squared y TDR habrían sondeado también la posibilidad de adquirir la compañía.
Otra compañía en pleno proceso de OPA es Opdenergy. El 12 de junio, el fondo francés Antin, a través de GCE BidCo, anunció la presentación de una OPA voluntaria sobre la totalidad de las acciones de Opdenergy a un precio de 5,85 euros por título, por lo que el importe máximo a desembolsar alcanzaría los 865,9 millones de euros.
La operación está sujeta a la aceptación por al menos el 75% del capital social (111.025.106 acciones de Opdenergy), pero Antin ya ha obtenido compromisos irrevocables de aceptación por parte de accionistas que, en total, suman el 71,187% del capital social. En concreto, esta oferta amistosa sigue un acuerdo previo con los accionistas fundadores de Opdenergy -Gustavo Carrero, Javier Chaves y Javier Remacha-, que poseen conjuntamente cerca de un 71% de la compañía y han suscrito compromisos irrevocables para vender todas sus acciones al oferente.
La CNMV admitió a trámite la solicitud en julio.
De un carácter un poco diferente es la auto-OPA que ha lanzado FCC por sus propias acciones, y que fue admitida a trámite por la CNMV la semana pasada. La oferta, lanzada en julio, se dirige a todos los titulares de acciones de FCC y tiene como objetivo la adquisición de un máximo de 32.027.600 acciones propias de la empresa. Estas acciones representan el 7,01% del capital social y tienen un valor de contraprestación de 12,5 euros por acción, lo que equivale a un total de 400,3 millones de euros.
También resultará en un aumento de la participación de Carlos Slim, actual accionista mayoritario de la constructora. Slim no acudirá a la OPA, lo que significa que la cantidad de acciones en circulación se reducirá, aumentando proporcionalmente la participación del magnate mexicano.