Casi la mitad de ellas -un 44%- han tejido un plan de contingencia corporativo para abordar los posibles daños colaterales del divorcio británico de la UE. Diseñado, preferentemente, en áreas sensibles como el legal y regulatorio (un 43% de ellas), la fiscalidad y régimen aduanero (38%) y en el terreno financiero, un 38%. Aspectos todavía de discordia en las negociaciones entre Londres y Bruselas.
En la macroencuesta, que recaba la opinión de presidentes y consejeros (39%); directivos (46%); y mandos intermedios (13%) entre noviembre del pasado año y enero de 2020, desvela que un 40% de las empresas españolas encuestadas declara tener algún tipo de exposición a Reino Unidos y señala tres sectores con una exposición a la incertidumbre sobre el acuerdo definitivo de divorcio del Reino Unido y la UE y los efectos colaterales del Brexit, debido a las dudas que aún persisten sobre la participación futura de las empresas británicas en el mercado interior europeo, o sobre la libre circulación de personas, mercancías y capitales con la restauración de los límites fronterizos.
En primer lugar, la industria. Un 44%. Seguida de la automoción, en un 40%, y del segmento químico y farmacéutico: un 32%. Los tres desde el punto de vista meramente exportador. Porque los que revelan un mayor factor de riesgo en su actividad en el mercado británico tras la salida de Reino Unido del club europeo, por tener intereses corporativos plenos -ostentan filiales, esencialmente, o algún otro tipo de unión societaria- son las firmas de banca (41%), de tecnología, telecomunicaciones y medios de comunicación (26%) y las energéticas, con un 22%.
Bajo este panorama, y con el riesgo a daños colaterales aún sin apaciguar por la falta de acuerdo, el 44% de las empresas españolas tiene listo planes de contingencia. Y otro 24% dicen barajar su instauración. Es decir que casi un tercio -un 32%- no lo consideran necesario. Este paraguas de protección -instrumentos para abordar cualquier anomalía en el normal funcionamiento de los negocios- se enfoca, entre las que lo han puesto en marcha, en el área de legal y regulatorio -lo manifiesta el 43% de los encuestados-, al que siguen los apartados y asuntos relacionados con la fiscalidad y aduanas (38%) y con el ámbito financiero, un 28%.
El estudio de KPMG constata dos factores que explican el porcentaje de empresas que no consideran, de momento, disponer de planes de contingencia. Por un lado, un horizonte “de menor incertidumbre” respecto al de ediciones precedentes de su informe, “ya que se conoce en qué va a consistir la relación futura -en principio, un acuerdo de libre comercio- y se ha aprobado un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, en el que se mantiene el statu quo” y, por otro, observan que “son las empresas implantadas en Reino Unido” las que, en mayor medida, se han decantado por planes preventivos. En concreto, el 62% las que cuentan con filiales y 65% de las que están presentes a través de sucursal”.
Paradójicamente, “son las empresas con una relación comercial con Reino Unido (de exportación o importación), las que parecen descartar en mayor medida la necesidad de implantar este tipo de estrategias a corto plazo -el 39% y el 27%, respectivamente-, “por entender que un acuerdo de libre comercio evitaría los aranceles entre ambas partes y por creer que su operativa con el mercado británico no se vería alterada tras el periodo transitorio”.
También buceando en el orden sectorial, desde la firma de servicios profesionales observa “una mayor preparación frente al Brexit en aquellos sectores en los que los reguladores han instado a la elaboración de planes de contingencia”, como la banca (85%) o los seguros (68%), así como los que presentan una “mayor presencia inversora” en Reino Unido; entre los que destacan los segmentos de automoción (53%), energía (44%), o tecnología, telecomunicaciones y medios de comunicación, con un 42%. Aunque adicionalmente, también el sector del transporte, que figura entre los más preparados (57%), debido al “impacto potencial que el Brexit puede tener sobre su actividad y la de sus clientes”.
El diagnóstico, que forma parte de Perspectivas España y que KPMG realiza en colaboración con la CEOE, profundiza en esta edición anual, la cuarta, en las consecuencias del Brexit sobre las estructuras societarias y estrategias empresariales a medio plazo, debido a que Reino Unido “será un país tercero con el que previsiblemente se habrá firmado un acuerdo de libre comercio”, y que contará con sus propios tratados con mercados relevantes para las compañías españolas, como EEUU, Japón o Australia.
Por ello, el sondeo pregunta a ejecutivos y directivos si el Brexit hará aconsejable tomar algún tipo de medida de reestructuración corporativa interna. El 19% considera que podría propiciar relocalizaciones, desde Reino Unido a la UE, y el 14% cree que provocarán alianzas con algún socio británico. En total, suman un tercio de las encuestadas.
La opción de una reestructuración 'stricto sensu' la contempla el 9%, mientras otro 4% vislumbra posibles ventas de sus activos o carteras en Reino Unido. En suma, dice el informe, las empresas empiezan a no descartar cambios relevantes en su estructura societaria a medio plazo.
Con una mayor propensión a tener que abordar procesos de relocalización entre las de automoción (37%) y el bloque tecnológico (25%), la banca (25%) y la energía (25%), a afrontar alianzas entre las de seguros (23%) y las firmas de servicios (21%) o las industriales (20%), y a acometer cambios estructurales entre las de infraestructuras y construcción (19%) y las de transporte: un 19%. Las barreras arancelarias, con un 55%, y la posible contracción de la economía británica (51%) son, sin embargo, las principales preocupaciones del sector privado español con intereses en el Reino Unido.
Noelle Cajigas, socia responsable de Mercados de KPMG en España, considera que, ante la persistencia en las dudas sobre la redacción definitiva del difícil contrato de divorcio, “parece recomendable que los operadores económicos adapten sus planes de contingencia que afronten esta eventualidad”. En este sentido, recomienda “el diseño de una estrategia a medio plazo que contemple a Reino Unido fuera de la UE y con acuerdos preferenciales con mercados relevantes, lo que podría requerir cambios de la estructura internacional de algunos grupos a nivel corporativo, operativo o fiscal”.
