¿Qué es el leasing?
El leasing es un arrendamiento financiero, a medio o largo plazo, de bienes de equipo o inmuebles destinados a finalidades empresariales o profesionales. Al final del contrato, el cliente dispone de una opción de compra para adquirir el bien por un valor residual.
Para ello es necesaria la existencia de un contrato de arrendamiento, que es un contrato en el que se establecen las condiciones en las que una parte se compromete a alquilar un bien -en este caso, un inmueble- propiedad de otra parte. Garantiza al arrendatario, también conocido como inquilino, el uso de la propiedad y, a cambio, garantiza al arrendador (el propietario o arrendador) pagos regulares durante un periodo determinado. Tanto el arrendatario como el arrendador se enfrentan a consecuencias si no cumplen los términos del contrato. Un contrato de arrendamiento es una forma de derecho incorporal.
¿Por qué escoger el leasing?
Porque el leasing es un instrumento sencillo para acceder al uso de los bienes para cualquier actividad empresarial o profesional, ya que permite financiar hasta el 100% del valor de adquisición, un porcentaje superior al de otras fórmulas de financiación.
¿Cómo funciona?
Mediante el pago de una cuota mensual durante un plazo determinado, la compañía de leasing le alquila el bien y, en algunos casos, se compromete a prestar una serie de servicios adicionales (fundamentalmente mantenimiento y seguro de los bienes). Al finalizar el contrato, el cliente tiene derecho a adquirir la propiedad del bien ejerciendo la opción de compra.
Suele ser habitual en el mercado automovilístico. Puedes acceder a un vehículo pagando una cuota mensual, sin tener que comprar el coche. Eso sí, cuando finalice el contrato, que puede ser de 3 años o más o menos, el cliente puede pagar la cantidad restante y adquirir el coche en propiedad.
¿Qué requisitos deben cumplirse?
En España, el leasing está regulado por: la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, Ley 26/1988, de 29 de julio. la Ley del Impuesto de Sociedades, Ley 43/1995, de 27 de diciembre.
Esta normativa exige que se cumplan las siguientes condiciones:
- Que el arrendatario sea una empresa o profesional sujeto al IAE.
- Que el contrato tenga una duración mínima de 2 años para bienes de equipo y 10 años para bienes inmuebles.
- Que el importe anual de amortización o recuperación del bien incluido en las cuotas no sea decreciente (como máximo se permite que sea constante a lo largo del contrato). Que se haga una distinción en las cuotas entre intereses y recuperación del coste del bien (amortización).
Si se rompe el contrato
Las consecuencias de la ruptura de un contrato de arrendamiento van de leves a perjudiciales, dependiendo de las circunstancias en las que se rompa. Un inquilino que rompe un contrato de alquiler sin negociar previamente con el propietario se enfrenta a una demanda civil, a una marca despectiva en su informe de crédito, o a ambas cosas. Como resultado de la ruptura de un contrato, el inquilino puede tener problemas para alquilar una nueva residencia, así como otros problemas asociados con tener entradas negativas en un informe de crédito.
Algunos contratos de arrendamiento tienen cláusulas de rescisión anticipada que permiten a los inquilinos rescindir los contratos bajo una serie de condiciones específicas (traslado por motivos de trabajo, dificultades causadas por un divorcio) o cuando sus arrendadores no cumplen con sus obligaciones contractuales. Por ejemplo, un inquilino puede rescindir el contrato si el propietario no hace las reparaciones oportunas en la vivienda. Igual ocurre para los bienes de equipo, ya que en el contrato previo se pactan las condiciones para poder romper el contrato sin tener consecuencias graves.
