La escasez en la oferta, el impacto de la regulación del mercado, el elevado precio del alquiler y la falta de alternativas accesibles han convertido el acceso a la vivienda en la principal preocupación de los españoles, según el CIS. 

Por este motivo, la semana pasada el Gobierno y el Partido Popular anunciaron un conjunto de medidas para abordar este problema. Mientras que el Gobierno aboga por un sistema de garantías públicas, una nueva empresa pública de vivienda o la exención del IRPF a los propietarios que alquilen una vivienda, el Partido Popular defiende la necesidad de contar con un suelo de vivienda asequible, fomentar la vivienda de protección o promover la reforma de la Ley de Suelo, entre otras. 

El objetivo y el diagnóstico es claro, pero ¿pueden estas medidas propuestas ser una solución a corto plazo? Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona ha destacado que estas medidas no van a suponer una solución a corto plazo y que “no es posible aumentar la oferta de viviendas en cuestión de meses, especialmente con las trabas actuales para transformar suelo o financiar proyectos", explicó. Bernardos también ha hecho hincapié en que las políticas de control de precios han tenido un efecto contrario al deseado obligando a los propietarios a subir el alquiler o reducir la oferta disponible. 

Por su parte, Julián Salcedo, doctor en Economía y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, ha añadido que la incertidumbre en la aplicación de las medidas va a ocasionar que los arrendadores reduzcan su oferta de viviendas y un aumento en el precio causando de esta manera un “efecto rebote”. 

Tramas burocráticas y falta de suelo

El exceso de trámites administrativos, la falta de suelo, la lentitud en la transformación de suelo o la construcción de viviendas también se han presentado como inconvenientes adicionales que dificultan la solución de este preocupante escenario. Según Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA, “la actividad inmobiliaria depende exclusivamente del suelo que se ponga sobre la mesa y actualmente enfrentamos una verdadera carrera de obstáculos que impide desarrollar proyectos de manera ágil".

Julián Salcedo también ha hecho hincapié en que las dificultades no se limitan a la burocracia y que el coste del suelo también presenta un gran desafío. “Si el precio del suelo no se ajusta, será imposible ofrecer vivienda asequible". 
Gonzalo Bernardos como solución ve la puesta en marcha de un "urbanismo exprés" que obligue a los ayuntamientos a resolver los procesos de transformación de suelo y concesión de licencias en un plazo máximo de tres años. Bernardos considera que esta medida buscaría eliminar las demoras que actualmente pueden prolongarse hasta una década. 

Inversión extranjera en riesgo

La inversión extranjera ha sido un pilar para el desarrollo de la economía española, especialmente en un escenario donde la financiación resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la vivienda. 
Sin embargo, la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez de gravar con un 100 % los impuestos a los compradores de vivienda no comunitarios ha generado polémica en el sector inmobiliario. 
Beatriz Toribio calificó la medida como “un mensaje contradictorio que desincentiva el capital extranjero en un momento crítico para el mercado”. Toribio defendió que era muy necesario compensar esa falta de financiación pública y privada con inversión extranjera directa.

Carolina Roca añadió que “la atracción de capital extranjero no solo permite financiar proyectos que fomentan el crecimiento económico, sino que también facilita la construcción de viviendas asequibles”. 
Antonio Carroza por su parte puso de manifiesto el impacto positivo que tuvo la inversión extranjera tras la crisis del 2008 y recordó que los inversores internacionales fueron los primeros en apostar por la recuperación del mercado inmobiliario español. “Atacar ahora a este segmento con impuestos excesivos no solo es injusto, sino también contraproducente para la economía en general”.

Necesidad de financiación y reducción de la fiscalidad

La ausencia de apoyo y financieros en los avales son barreras a las que se tienen que enfrentar los promotores para construir nuevas viviendas. Todos los portavoces coincidieron en que la financiación para proyectos inmobiliarios era fundamental y en la actualidad es insuficiente.

 Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, destacó que la falta de financiación adecuada es un obstáculo recurrente. 

En esta línea, Bernardos propuso la creación de avales gubernamentales para los promotores de forma que puedan adquirir suelo y desarrollar proyectos y afirmó que "sin financiación, los promotores no pueden asumir el riesgo de adquirir suelo, lo que perpetúa el déficit de oferta".

Beatriz Toribio, secretaria general de APCE España, afirmó que “más del 25 % del precio final de una vivienda de obra nueva corresponde a impuestos”. Esta cifra refleja el peso de la fiscalidad en un sector que requiere medidas urgentes para reducir costes y fomentar la inversión privada. 

Declaración de Asturias, ¿una alternativa viable?

La Declaración de Asturias llevada a cabo por el Partido Popular se ha presentado también para hacer frente al problema de la vivienda. Este documento incluye medidas enfocadas a la generación de oferta y la reducción de impuestos y trabas administrativas. 

Los expertos que han participado en el Rincón Inmobiliario ven que este conjunto de medidas se ha llevado a cabo teniendo en cuenta al sector. Roca ha calificado la Declaración de Asturias como “el primer gran paso hacia una solución realista”, destacando que el documento aborda los problemas más críticos del sector, como la falta de suelo, la lentitud en los trámites urbanísticos y la elevada fiscalidad en la producción de vivienda. 

Toribio por su parte ve las medidas como “viables” y “alineadas” con las necesidades del sector, pero advirtió que su éxito dependerá de la voluntad política para implementarse de forma efectiva y con los tiempos adecuados. 

Sin embargo, Bernardos mostró sus dudas acerca de estas medidas y dijo que “aunque las medidas son un buen punto de partida, carecen de herramientas de ejecución claras”. Según Bernardos, el problema es la falta de coordinación entre administraciones.

Actuación inmediata y colaboración público-privada

Los portavoces coincidieron en que el problema no solo requiere soluciones inmediatas sino priorizar la colaboración entre administraciones públicas y el sector privado con el objetivo único de solucionar el problema de la vivienda en España.

Toribio incidió en la necesidad de llevar a cabo un compromiso conjunto y afirmó que  “sin un compromiso conjunto, será imposible afrontar el déficit estructural de viviendas en España”. Además, subrayó que la producción de viviendas en España es menos de la mitad de las necesarias, lo que requiere una actuación inmediata. 

Roca puso el foco en la colaboración público-privada para acelerar la producción de viviendas asequibles. “La solución no pasa solo por políticas públicas ni por la intervención total del sector privado; necesitamos un modelo equilibrado que combine la agilidad de la iniciativa privada con el respaldo institucional”. Según Roca, el sector privado está listo siempre y cuando se eliminen los obstáculos regulatorios.

La colaboración entre organizaciones, partidos y administraciones se posicionó como herramienta clave para solucionar el problema principal de los españoles. Esta unión debe ir ligada a unas medidas contundentes como facilitar la construcción de viviendas eliminando trámites burocráticos, contar con inversión extranjera y establecer un marco regulatorio que genere confianza y seguridad a los inversores para garantizar el éxito.