Este gravamen “tiene efectos negativos sobre la generación de nuevo crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera, en un contexto de incertidumbre económica internacional”, defienden las patronales bancarias.
Además, la CECA y la AEB consideran esta decisión de extender el gravamen “afecta negativamente a la competitividad del sector bancario y la confianza en el país, dado que los inversores demandan estabilidad jurídica, previsibilidad de las normas y transparencia”. “El Banco Central Europeo también ya ha advertido sobre los potenciales efectos negativos de este tipo de gravamen”, señalan.
La decisión del Ejecutivo “no atiende la obligación de revisar a los dos años el gravamen temporal contenida en la ley que lo creó en función, entre otros factores, de la situación del sector en ese momento y del efecto acumulativo de dicho gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades, y se produce sin que los tribunales se hayan pronunciado todavía sobre los recursos presentados por las asociaciones bancarias”.
No obstante, el sector “seguirá trabajando para dar soluciones a sus clientes y reforzando su compromiso con la sociedad, tal como ha ido anunciando en los últimos meses con mejoras en la atención personalizada a los mayores, la inclusión financiera en la España rural y la ampliación del Código de Buenas Prácticas Hipotecarias”, concluyen AEB y CECA.
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