Alejandra Kindelán ha participado hoy en un debate en el marco de la presentación del estudio ‘Una visión de la banca actual a través del coste de capital y sus determinantes’, cuyo autor es Javier Santacruz, profesor de Finanzas e investigador del IEAF-FEF. En este marco, ha aprovechado para criticar el nuevo impuesto a la banca impulsado por el Gobierno. “No nos gustan ni las formas ni el fondo” de este gravamen, ha reflexionado la presidenta de la patronal bancaria.
“Es una figura extraña que nos llega por sorpresa”, ha reflexionado la presidenta de la AEB, que ha asegurado que en conversaciones con las autoridades les han trasladado también esta sorpresa ya que “nos encontramos en un momento de mucha incertidumbre sobre la evolución de la economía”.
Kindelán, que ha recordado asimismo que “no ha existido la consulta previa” antes de poner en marcha este nuevo gravamen, considera que “no es el momento de añadir cargas adicionales al sector”. “Necesitamos un sector fuerte con capacidad para hacer frente a los retos para la economía”, ha insistido.
Asimismo, la presidenta de la patronal bancaria ha cuestionado las justificaciones del Gobierno para el nuevo impuesto, ya que en ningún caso a su juicio la banca está registrando “beneficios extraordinarios” por la subida de los tipos de interés: “El ROE nos die que no hemos alcanzado los niveles óptimos de rentabilidad todavía”, ha resaltado.
Por otro lado, ha recordado que el “rescate a la banca fue un rescate a los depositantes de algunas entidades mal gestionadas, con fuerte injerencia política y que ya no existen”. Además, los bancos del actual sistema “pusieron elevados recursos” para este recate, a través del Fondo de Garantía de Depósitos y de la Sareb, ha recordado.
El 11 de julio, el Gobierno español anunció un nuevo impuesto temporal para las grandes entidades financieras, que pretende recaudar un total de 1.500 millones de euros al año durante un periodo de dos años. La propuesta pretende gravar el 4,8% de los ingresos básicos nacionales de los bancos (NII+costes) en los ejercicios 2022 y 2023.
El pasado 13 de septiembre el Congreso español acordó iniciar la tramitación de la propuesta, aunque los detalles finales o cómo se aplicará es todavía una incógnita, después de que además el Banco Central Europeo (BCE), supervisor único bancario de la eurozona, haya criticado también esta idea.
