Reducir el límite de aportaciones en los planes de pensiones individuales y crear tanto los planes de pensiones de empleo simplificados (para autónomos) como los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, no han dado buenos resultados.
El gasto total de pensiones en España fue de 12.751,52 millones de euros en julio de 2024. Esto se traduce en un aumento del 6,11% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las pensiones de jubilación implican el mayor gasto, pues acumulan 9.322,3 millones de euros, superando las de viudedad (2.106,24 millones de euros), incapacidad (1.117,36 millones), orfandad (171,47 millones) y las de favor familiar (34,15 millones).
En junio de 2024 se registraron 10,6 millones de pensiones, lo que implica una variación del 1,22% en comparación con el mismo mes de 2023. Es un problema latente que demuestra que, la reforma de pensiones de Escriva, acabará condenando a España a ser el país con más gasto de la UE, con un 16,7% del PIB en 2070 (3,6 puntos más).
El Ageing Report 2024 establece una primera desviación sobre el gasto previsto por el Gobierno en 2030 cuando el coste agregado de las prestaciones se situaría en el 14,3% del PIB. Se trata de medio punto por encima de la senda comunicada por los responsables de Seguridad Social (equivalente a un exceso de gasto este primer lustro de 7.000 millones de euros).
El macrofondo de Escrivá
Aunque el ministro decidió asignarse la autoría del éxito, realmente es una combinación de 15 fondos de pensiones diferentes (tres por cada una de las cinco gestoras que han pasado el concurso). En el mismo concurren VidaCaixa, Santander, BBVA, Ibercaja y Caser. Cinco de los 13 miembros de la comisión de control común son escogidos por el Ministerio de Seguridad Social, cuatro por sindicatos y cuatro por la patronal.
El objetivo era que cada entidad lograse levantar 500 millones de euros en tres años. La realidad es que no entra dinero y que el macrofondo de pensiones está en un limbo. El público no se siente atraído por el macrofondo de pensiones del Gobierno. Oferta un formato de comisiones que no supera el 0,4% anual, frente al 1% de los planes individuales, aunque en comparación con las comisiones de los planes de empleo tradicionales no existen grandes diferencias.
Caída, en picado, del ahorro
Desde el Gobierno se apunta a la necesidad de topar en 1.500 euros las aportaciones anuales en los planes individuales. De hecho, los formatos individuales siguen siendo los prioritarios al conseguir acumular un volumen de patrimonio de 88.000 millones de euros.
Realmente, el patrimonio total no cae de los planes individuales porque lo acumulado se revaloriza con los mercados financieros. De este modo, el tope de aportación anual es de 8.500 euros. El problema radica en que en todos los planes vinculados a las Administraciones Públicas se cortaron las aportaciones en la última crisis económica y no se crear muchos planes de empleo empresariales.
Solo en 2023, las retiradas netas de capital fueron de casi 300 millones de euros. El objetivo del Gobierno de Sánchez es fomentar el ahorro colectivo y la generalización de los planes entre autónomos.
El macrofondo de las pensiones no funciona
Tanto los sindicatos como los equipos directivos de las empresas prefieren mantener una comisión de control de su propio plan, decidiendo sobre la política de inversión y la sostenibilidad. Los grandes bancos han creado grupos de trabajo para que las redes comerciales conozca la nueva figura legal, aunque no hay interés entre el público en general. Y es que ante la elevada inflación, lo que verdaderamente preocupa a los trabajadores es las subidas de los sueldos y no el ahorro para la jubilación.
En el sector de la construcción, se acordó que los sindicatos fuesen haciendo aportaciones de un 1% del salario al nuevo plan de pensiones. En la industria del metal, grandes almacenes y agencias de viajes también se promovieron los planes de pensiones sectoriales, afectando a más de dos millones de trabajadores.
Con estos planes de empleo simplificados se logra dar acceso a la previsión social complementaria de los autónomos. Hay que tener en cuenta que, en base a la nueva regulación del macrofondo de las pensiones del Gobierno, en los planes individuales solo se pueden meter 1.500 euros al año, y deducirlos de la base imponible del IRPF, mientras que en los colectivos se puede llegar a 5.750 euros.
Hay más de una veintena de planes pensados para autónomos, levantando 100 millones de euros en pocos meses. Pero los planes de promoción pública de Escrivá no logran despegar y cada vez parece más impredecible que se pueda alcanzar el nivel de captación de 2.500 millones de euros.
