El Gobierno salva su reforma fiscal al pactar con Podemos un nuevo impuesto a las energéticas

Podemos ha anunciado un acuerdo con el PSOE para impulsar una nueva proposición de ley que regule el impuesto a las energéticas a cambio de su apoyo a la reforma fiscal que se vota este jueves en el Pleno del Congreso.

De esta forma, el Gobierno se asegura la aprobación del paquete fiscal, que en origen consistía en un nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales y al que se sumaron otros impuestos, y que ya contaba con el apoyo de todo el bloque de investidura.

“El acuerdo supone el compromiso del PSOE y Podemos de impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas”, según señala Podemos en un comunicado.

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No obstante, el camino para este tributo se presenta también tortuoso. De acuerdo con la formación morada, los grupos impulsarán una nueva proposición de ley para el tributo que deberá ser compatible con “no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización”, en línea con lo pactado por Junts con el Ministerio de Hacienda el lunes 18 de noviembre. 

“La complejidad técnica de este impuesto y la necesidad de hacer un análisis riguroso de esta figura tributaria hace necesario seguir trabajando con los grupos para la justa contribución de este sector”, señala Podemos.

Esta nueva norma se debatirá en una comisión negociadora que se constituirá “en los próximos días” con la participación de todos los partidos políticos “para conseguir el consenso necesario”. Si no se consiguiera ese consenso antes del 31 de diciembre, el Gobierno aprobará un Real Decreto Ley con la prórroga del gravamen a las empresas energéticas para 2025. 

Tal y como está formulado el actual impuesto, Repsol pagó 443 millones de euros en 2023 (con cargo a los resultados de 2022) y 350 millones en 2024 (con cargo a 2023). Por su parte, Iberdrola pagó 216 millones en 2023 y 160 millones en 2024. Endesa pagó 208 millones en 2023 y 202 millones en 2024. Naturgy (Gas Natural) pagó cerca de 300 millones de euros en el conjunto de los dos años en que ha estado en vigor el impuesto.