En el primer trimestre del año, el déficit público mantenía su corrección prevista. Y es que, tras cerrar el pasado ejercicio el saldo entre ingresos y gastos de 2021 en el 6,9%, el del primer trimestre de este año se saldaba en las Administraciones Públicas en el 0,35% del PIB.
Se trata de una reducción considerable frente a las cifras registradas hasta marzo del año pasado, con una caída del 1,38%. Se deben, sobre todo, en esos 16.000 millones de euros que representan y un retroceso del 77% a que, entre enero y marzo ingresamos en España mucho más de lo que gastamos, en especial en el caso del Estado, en el que se concentra la parte del león del gasto global en nuestro país. Y es que el incremento presenta una diferencia del 13% entre lo que se recauda y lo que se gasta, a favor del primero.
La mejora económica está en la base de todo, pero sobre todo la presión inflacionista sobre los precios a ritmos del 8,7% en los últimos datos disponibles en tasa anual. Se espera por tanto corrección este año al 5% del PIB como indica el nuevo cuadro macroeconómico del gobierno.
Se trata además de niveles muy similares a los que se marcan como expectativa el resto de los organismos que presentan sus previsiones para España.
El más elevado en el desequilibrio presupuestario es Funcas. La Fundación de las Cajas de Ahorros muestra un 5,5% para este 2022 en sus estimaciones, mientras que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico apuesta también por un 5%. La de menor cuantía, viene avalada por las previsiones de primavera de la Comisión Europea. Hablamos de un 4,9% sobre el Producto Interior Bruto, lo que supondría un recorte drástico de 2 puntos sobre el PIB de conseguirlo en las cuentas españolas.
Sin embargo, donde las cosas no están tan claras es a vista de 2023. El año próximo eleva en cuantía el déficit público estimado para los organismos, mientras que la tasa prevista más baja se lo apunta el gobierno: 3,9% de la riqueza nacional, con caída de 1,1 puntos en su horizonte.
Pero ningún organismo avala estas estimaciones. Desde Funcas incluso se eleva el déficit público para su panorama de cara a 2023 hasta el 4,8% del Producto Interior Bruto, casi un punto más que lo que prevén desde Moncloa, ante los devastadores efectos que está dejando la guerra de forma global y su impacto en España.
Mucho mejores los que llegan de la Comisión Europea, que baja la cota hasta una estimación del 4,4% sobre la riqueza nacional española, mientras que la OCDE es la más optimista sobre su evolución, aunque por encima de lo que estima el gobierno, con recorte de hasta el 4,2%.
Pero todas esas cifras superan con creces el 3% del PIB que marcan los objetivos de Estabilidad de Bruselas todavía suspendidos. Desde la capital comunitaria, además se pretende prorrogar, por el efecto guerra, un año más la suspensión de las normas fiscales comunitarias puestas en cuestión ante la crisis pandémica.
Y de tal modo, que se espera que la posición futura sea en todo caso algo más laxa, con algo más flexibilidad en el gasto, cuando vuelvan las reglas, que hasta ahora. Cláusula por tanto de escape, que funcionará coyunturalmente de balón de oxígeno contra las imposiciones presupuestarias.
Pero no será un cheque en blanco, porque los desequilibrios han de corregirse. Dice el Banco de España que el nivel de déficit -como el de la muy desatada deuda- debe corregirse si no queremos que el gasto en pensiones futuro nos cree un hueco, del orden del 6% del PIB de difícil solución cuando llegue la jubilación de los 60, la de pensiones más elevadas y a pagar para mayor número de personas, las de los baby boomers.
