Quedan apenas dos semanas para el cierre del año y a los contribuyentes se les agota el tiempo para intentar abaratar en todo lo posible (siempre dentro de los márgenes legales) la factura fiscal a la que tendrán que hacer frente en 2023 por las rentas generadas este ejercicio.
El primer punto que hay que tener en cuenta es que ha habido un cambio de normativa. El proyecto de Presupuestos para 2023 prevé un aumento de la carga fiscal para los rendimientos del ahorro por encima de los 200.000 euros, que hasta ahora tributan al 26% y que pasarán a tributar al 27%; y por encima de los 300.000 euros, que pasarán a pagar un 28% en el IRPF. En ese sentido, si hay previsto un cobro de dividendos, así como una venta o donación de algún elemento patrimonial, podría interesar adelantar esas operaciones antes del 31 de diciembre.
Otro elemento a tener en cuenta es el recorte a la desgravación fiscal por aportaciones a los planes de pensiones. Si en años anteriores un contribuyente podía reducir su base fiscal en hasta 8.500 euros por estas aportaciones, en la próxima declaración de la renta solo podrá hacerlo en 1.500 euros.
Igualmente, la derogación de la desgravación por vivienda no ha eliminado por completo la posibilidad. Los que compraron una vivienda antes del 1 de enero de 2013 y ya disfrutaron de esta deducción aún pueden aplicarla y ahorrarse un 15% de las cantidades pagadas en la hipoteca con un límite anual de 9.040 euros.
Asimismo, si se ha vendido una vivienda y se ha obtenido una ganancia patrimonial en la operación puede evitar tener que tributar por esas rentas si lo obtenido se reinvierte en una vivienda habitual en los dos años siguientes a la venta.
Los compromisos adquiridos por España con Europa en materia de reducción de consumo energético abren otra opción para reducir la factura. El Gobierno ha ampliado un año más (hasta el 31 de diciembre de 2023) la deducción por obras que mejoran la eficiencia energética de la vivienda, que permite desgravarse el 20% de las cantidades pagadas en obras que reduzcan en al menos un 7% la demanda de calefacción con un límite de 5.000 euros.
Las reformas estructurales que permitan reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable disfrutan de una deducción del 40% con un límite máximo de 7.500 euros. Si estas contribuyen a que el edificio obtenga la clase energética 'A' o 'B' la desgravación aumenta hasta el 60% de lo invertido y el ahorro hasta los 15.000 euros.
