Los Gobiernos llevan años tratando de controlar a las grandes compañías tecnológicas, y 2021 probablemente sea un año decisivo debido a la presión, cada vez mayor, que ejercen ciertos factores. Los agentes políticos, sociales y del mercado aúnan sus fuerzas con la mira puesta en las compañías como Alphabet, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft.
«Por el mero hecho de tener el tamaño que tienen, estas compañías se ven sometidas a un gran escrutinio por parte de toda la sociedad, incluidos el Gobierno y los entes reguladores», explica Mark Casey, uno de los gestores de Capital Group que lleva más de 20 años cubriendo el sector tecnológico.
«Algunas de estas compañías también han desempeñado funciones clave en las dos últimas elecciones presidenciales de EE.UU.», afirma Casey. «Cuando la política entra en juego, se entiende mucho mejor por qué el debate normativo reviste tanta importancia ahora mismo».
Por otra parte, la pandemia de COVID-19 ha acelerado el ritmo de crecimiento de muchas compañías tecnológicas, lo que implica un aumento de su poder y su influencia en el contexto de una profunda recesión económica mundial. De las 10 compañías estadounidenses con mayor capitalización de mercado, 5 pertenecen al ámbito digital o tecnológico, y su valor de mercado total supera los 7 billones de USD, una cifra que ha aumentado en un 54% solo en el último año.
El inicio de litigios históricos
Tal dominio del mercado es el caldo de cultivo perfecto de riesgos normativos y de monopolio considerables:
• En octubre, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una demanda antimonopolio contra Google alegando que el titán de las búsquedas online no permite a sus competidores prosperar. Se trata del caso antimonopolio de mayor envergadura desde que el Gobierno se enfrentó a Microsoft en los tribunales en 1998.
• En diciembre, la Comisión Federal de Comercio estadounidense demandó a Facebook alegando prácticas de competencia desleal por parte de la red social al adquirir Instagram y WhatsApp.
• Muchos estados de EE.UU. se han sumado a ambas acciones legales históricas en un contexto en el que también se realizan innumerables labores legislativas a nivel federal y estatal.
• Recientemente, se presentó una ley en el Senado estadounidense que podría poner muchas trabas a las grandes compañías a la hora de adquirir competidores. En Florida, se está fraguando una iniciativa legislativa estatal que impondría multas a aquellas redes sociales que bloquearan perfiles de candidatos políticos.
«Uno de los motivos por los que este asunto es tan complicado», apunta Casey, «es porque los demócratas identifican estas compañías con una serie de problemas (relacionados con cuestiones antimonopolio, de privacidad y de incitación al odio), mientras que los republicanos las identifican con otro tipo de problemas, sobre todo en relación con la censura percibida de opiniones conservadoras. Por ello, no es posible llegar fácilmente a un consenso sobre el tipo de cambios que estas compañías deben aplicar para que todo el mundo esté satisfecho».
Otro factor que impulsa el ánimo normativo ha sido un suceso reciente: un grupo de inversores particulares se organizaron en un chat online para provocar la subida de los precios de las acciones de GameStop, AMC Entertainment y otras compañías con dificultades. Cuando las compañías de corretaje y las aplicaciones bursátiles impusieron límites de inversión, algunos de esos inversores individuales perdieron una gran cantidad de dinero. Tanto los republicanos como los demócratas, en una acción conjunta poco común, han convocado comparecencias en el Congreso que comenzarán la semana que viene.
Influencia europea
Los políticos y los reguladores estadounidenses que aspiran a limitar el dominio de los gigantes tecnológicos pueden buscar inspiración en Europa. Las autoridades europeas han adoptado medidas mucho más agresivas en lo que respecta a las regulaciones, cuyas sanciones incluyen multas muy altas por la infracción de las normas de protección de datos y por las prácticas de competencia desleal.
La Unión Europea ha sido pionera en promulgar un conjunto de leyes de privacidad online en el marco del Reglamento General de Protección de Datos, adoptado en el 2018. Desde entonces, los legisladores de la UE han seguido esa línea proponiendo una serie de regulaciones diseñadas para bloquear ciertas adquisiciones, doblegar el discurso de incitación al odio y facilitar más información a los consumidores acerca de cómo pueden usarse sus datos para la segmentación publicitaria.
«Las plataformas online alojadas en EE.UU. ya están implementando muchas de estas disposiciones debido a las normativas europeas», afirma Brad Barrett, analista de Capital Group que cubre las compañías online basadas en la publicidad. «En el sector de las redes sociales no hay muchas grandes compañías originarias de Europa, así que puede resulte más fácil para la UE adoptar regulaciones más estrictas y, para EE.UU., aplicarlas cuando sean procedentes».
Barret considera que, por el momento, las normas de la UE no han afectado significativamente a las compañías tecnológicas en términos de ingresos ni beneficios.
La difícil labor de los reguladores
Según Barret, evaluar los riesgos normativos a los que se enfrentan las compañías tecnológicas es una labor compleja, puesto que desarrollan sus actividades en diferentes sectores con perfiles competitivos enormemente diversos, que comprenden todo lo que se encuentra entre el comercio minorista y el mundo de la televisión. Dicho esto, según su análisis, las acusaciones contra Google y Facebook no son lo suficientemente sólidas y, muy probablemente, no conlleven ninguna escisión forzada.
En palabras de Barret, el Gobierno cuenta con desventaja en ambos casos, y prueba de ello es el hecho de que algunos miembros del Congreso están haciendo todo lo posible por endurecer la ley antimonopolio.
«Esta situación evidencia lo difícil que es encontrar jurisprudencia antimonopolista que se haya originado en los últimos 20 o 30 años», añade. Ni qué decir tiene que el hecho de que muchos de los productos de Google y Facebook sean gratuitos mina los argumentos antimonopolio tradicionales, puesto que radican en el poder que ostentan las compañías a la hora de fijar precios para determinar el carácter monopolista de estas.
¿Acaso se han contabilizado ya los riesgos normativos?
Dadas las posibilidades de que se produzca algún tipo de intervencionismo del Gobierno sobre los gigantes tecnológicos en los próximos años, ¿cómo deberían elaborar sus previsiones sobre estas compañías los inversores? Una pregunta muy importante es: ¿las valoraciones de las compañías reflejan este riesgo? O, dicho de otra manera, ¿las valoraciones se han descontado ya en el precio de las acciones?
Tomemos las acciones de las FAANG como barómetro del riesgo normativo. Las dos compañías que se sitúan en el foco de los litigios más mediáticos, Facebook y Alphabet, están cotizando a unas ratios precio-beneficios (PER) considerablemente más bajas que otras, como Amazon y Netflix. De hecho, Facebook está cotizando justo por encima de la PER promedio del Standard; Poor’s 500 Composite Index a pesar de su gran ritmo de crecimiento y su estable flujo de efectivo libre.
La semana pasada, 11.200 millones de USD, lo que supone un aumento de un 52% respecto al mismo periodo del año anterior. Alphabet, que cotiza a una PER ligeramente mayor que Facebook, registró unos beneficios trimestrales de 15.700 millones de USD, lo que supone un 40% más que hace un año.
«Estas compañías desarrollan su actividad en grandes mercados en crecimiento, tienen largas trayectorias de ingresos y son muy rentables», explica Tracy Li, analista de Capital Group que cubre compañías online. «En mi opinión, si los riesgos normativos no estuvieran sobre la mesa, las cotizaciones se multiplicarían».
Riesgo de escisión: ¿Y si el todo vale menos que la suma de sus partes?
En el improbable caso de que se obligue a una o varias de estas compañías a fragmentarse, tendría sentido pensar que algunas de las escisiones empresariales podrían valer más que la compañía matriz, apunta Li. De hecho, a veces las partes aportan más valor que el todo.
Un ejemplo es WhatsApp, que Facebook adquirió en 2014 y que actualmente no genera beneficios. Sin embargo, si fuera una compañía independiente, probablemente ostentaría una valoración bastante alta debido a los 2000 millones de usuarios que posee en 180 países y a la posibilidad de monetizar el servicio en el futuro. Y lo mismo podría decirse de Instagram y Facebook Messenger.
«El hecho de que todas estas compañías se encuentren en el mismo barco tiende a difuminar el valor de cada una de ellas», explica Li. «Como ya se ha visto en otros casos antimonopolio, como los de la fragmentación de ATT y Standard Oil, el desenlace puede resultar muy favorable para los accionistas a largo plazo».
