Ahora es el momento, por tanto, de realizar un balance del cumplimiento de las previsiones del PRTR, con la vista puesta en el inicio de la ejecución de la Adenda al PRTR aprobada en octubre de 2023, que incorpora recursos adicionales: 10.000 millones de euros en subvenciones y 83.000 millones de euros en préstamos.
Según los cálculos realizados por el Observatorio Next Generation EU de LLYC, a fecha 31 de diciembre de 2023 el Gobierno ha comprometido (es decir: ha destinado a la dotación de convocatorias de ayudas y licitaciones publicadas) 66.296 millones de euros, lo que representa un 94,28% del total de 70.316 millones en subvenciones iniciales de Next Generation EU. Sobre este dato, que evidencia un importante esfuerzo de planificación y coordinación por parte la administración pública, es importante matizar varias cuestiones. A nivel cualitativo, el desarrollo de la ejecución del PRTR ha supuesto la introducción de importantes cambios en el destino de los fondos respecto de lo previsto inicialmente, con un mayor papel del Ministerio de Industria en el PRTR a través de la incorporación de los proyectos estratégicos denominados PERTEs, así como del Ministerio de Ciencia, por el impulso a la I+D+i. Por su parte, el papel de las comunidades autónomas en el PRTR se ha visto reducido a un 36% de los fondos (frente al 44% previsto inicialmente), con la transferencia de 24.188 millones de euros para gestión autonómica.
En cuanto a la asignación de los fondos, tenemos que a finales de 2023 la Administración General del Estado (AGE) ha adjudicado unos 24.000 millones de euros de la dotación de 30.500 millones de euros de las convocatorias y licitaciones resueltas (lo que representa el 78,4% de la dotación total de las convocatorias resueltas por la AGE, que son un 80% de las lanzadas). Esto implica que se han generado ya unos 6.500 millones de euros en remanentes (fondos no adjudicados por falta de concurrencia o por la rebaja lograda en las licitaciones). Los datos actualizados de ejecución de las CCAA no están disponibles pero, si extrapolamos el porcentaje de adjudicación sobre fondos comprometidos de la AGE a los recursos gestionados por las comunidades autónomas, tendríamos una estimación de ejecución por las CCAA de 19.350 millones de euros y un remanente adicional de unos 4.180 millones. Por tanto, el dinero del PRTR que habría llegado a la economía hasta el momento ascendería a unos 39.670 millones de euros, con unos remanentes sin gastar de unos 10.680 millones de euros.
Junto con la ejecución de los fondos, España debe hacer frente, tras la Adenda, a un total de 111 reformas y 142 inversiones, a desplegar mediante un total de 595 hitos y objetivos entre 2021 y 2026. De su cumplimiento depende la recepción de los pagos de la Unión Europea, al tratarse el instrumento Next Generation de un pago por desempeño vinculado a estas reformas e inversiones y no al gasto de los fondos.
Además, en 2024 se inicia la ejecución de la Adenda, lo que añade presión a la gestión de los fondos por las administraciones públicas y a la capacidad de la economía española para absorberlos, toda vez que se ha mantenido (excepto para algunas pocas convocatorias) el plazo límite de finales de 2026 para que también los fondos adicionales de la Adenda estén ejecutados (en el caso de los préstamos, al menos concedidos).
Los fondos Next Generation representan el mayor volumen de recursos europeos a fondo perdido que jamás ha recibido España en un menor plazo de tiempo. Su foco en la doble transición verde y digital nos debe permitir que realicemos avances importantes en materia de economía verde, descarbonización industrial, movilidad sostenible, digitalización de pymes y administración pública, vivienda social, modernización del sector agroalimentario y desarrollo tecnológico-industrial, entre otros ámbitos. Su amplio volumen, pero también su temporalidad y focalización temática siguen planteando un gran reto: ¿podrá la economía española absorber estos fondos?. A lo que agrego: ¿podemos permitirnos no hacerlo?
