El ahorro particular es un poco como los hijos. Con los años, uno ve su cartera, acumulada en el tiempo y la identifica, porque, como la prole, la ha visto crecer. Tal dinero procede “del variable” de tal ejercicio, tal otro es de aquella indemnización, tal otro es fruto del ahorro mes a mes que con tanto afán se fue amontonando… Aquí, “gané dinero con Bestinver”, aquí “lo perdí con Fonditel”; “qué buen dividendo daba Popular, hasta que cayó”, “qué bien me está yendo desde que entré en Bolsa americana en 2014”, “qué tiempos cuando ING abonaba una renta maja cada mes en la cuenta…”, etcétera.
El patrimonio acumulado es el tesoro vital de cada uno, una cosecha, fruto de la trayectoria laboral recorrida. A la vez, es el sostén de las esperanzas para el día de mañana. Con el discurrir de los años, debería conceder un poso de tranquilidad y confianza creciente, e incluso permitir soñar con dejar “algo” a los hijos, que les permitirá vivir mejor… y, de paso, recordarnos con más cariño. Auténtica justificación de nuestra existencia.
Una vida de esfuerzo, que no de especulación. Con el dinero ganado muy bien retenido fiscalmente en origen por el IRPF o las cuotas de Autónomo, así como las cotizaciones de la Seguridad Social abonadas.
Resulta trágico pensar que el día que de verdad se quiera recuperar el ahorro para consumo personal, haya que pasar de nuevo por Hacienda. En primer lugar, plusvalías, con subidas anunciadas al 30% para patrimonios superiores a los 300.000 euros.
Peor es lo de los planes de pensiones privados, que deberían haberse convertido en un instrumento de oro para los gobernantes, pero, qué va, no son ni de hojalata. Están heridos de muerte, ajusticiados desde la ideología.
A pesar de que las pensiones privadas fomentan el ahorro-previsión a largo plazo, y que su (relativa) iliquidez permite financiar a las economías de manera más estable, son objeto de auténtica inquina política.
Deberían tener todo tipo de ayudas e incentivos, pero nuestros ilustres los han condenado a la irrelevancia: sus aportaciones están topadas a 1.500 euros anuales para particulares, a 8.500 euros para planes de Empleo y a 5.750 para… esperen, que me da la risa: Autónomos. Es una cifra menor a la permitida para los planes de Empleo (es decir, de empresa), porque saben que nuestros trabajadores por cuenta propia están pelados. Pobres.
En el momento del rescate, hay que devolver de golpe las deducciones fiscales acumuladas a lo largo de los años en la declaración de la Renta, a tocateja. Además, pagar el tipo sobre plusvalías, por supuesto. Una locura, que se cobra de una tacada.
No son pocos los que dicen que, cuando rescatan el plan, les queda más o menos la mitad del saldo que venían en el extracto. Doloroso en extremo, porque ese dinero es el fruto de una vida y con el que se cuenta para el futuro.
Continuando con el dislate, el dinero recuperado, procedente del ahorro y del esfuerzo (insisto); después de apoyar los mercados, financiar al estado con compra de deuda y a la economía en general (insisto); todo eso que se rescata, tan descremado fiscalmente, vuelve a ponderar como rentas del trabajo. Como si uno mismo se pagara un sueldo del patrimonio ahorrado previamente. Demencial.
Las demás inversiones (acciones, fondos de inversión, seguros…) tributan como ganancias de capital, a un tipo más que elevado: del 19%, en adelante.
El ahorro está en el punto de mira del Gobierno, que ha descubierto que hay una enorme bolsa de dinero cautivo, que le hace salivar. Depósitos, acciones y, sobre todo, fondos de inversión, que, al tributar estos últimos mediante el modelo de incremento de patrimonio, no pagan impuestos hasta el momento del rescate.
Eso enfada a Yolanda Díaz, Sumar y demás clase dirigente, que ha dejado caer la posibilidad de que lo hagan año tras año, abriendo un melón complicadísimo como es el de pagar impuestos sobre plusvalías latentes. Pero, básicamente, se trata de meter, aún más, la mano en el bolsillo del ciudadano. Desean una rebanada todos los años del ahorro particular.
De momento, han llegado estos genios al poder y se han cargado las sicavs, los planes de pensiones y ahora quieren modificar el régimen de incremento de patrimonio, que acaban de descubrir, y que sólo está vigente… en todo el mundo.
Ese desconocimiento global es el que provoca que digan que las sicavs no pagan impuestos. Liquidados los instrumentos de ricos, vamos a por los del particular. Los de los pobres.
Hasta principios de este siglo, las inversiones en fondos de inversión con una antigüedad superior a los 10 años quedaban exentas de impuestos al 100%. Una medida encaminada a fomentar el ahorro a largo plazo e impulsada desde el estado, ya que entonces, los fondos invertían en gran medida en deuda pública.
Fuera como fuere, era una gran norma, a la que no se otorgó el valor que tenía y que retiró el propio PP, gran promotor del ahorro en su momento, a cambio de aprobar el traspaso entre fondos, algo muy demandado por la industria de gestión.
Eran tiempos en los que la fiscalidad no parecía algo tan importante. Se crecía a gran ritmo, los salarios eran altos y se redujo el tipo sobre plusvalías al 15% general, con tendencia de fondo a la baja. Realmente, no parecía un gran problema eliminar la fiscalidad limpia a los 10 años, a cambio de un 15% que iba rumbo al 10% o menos y, en el lado contrario, se iba a contar con mucho más dinero, porque el ahorro crecía y crecía.
La realidad es que tenemos un 19% (o más) a las plusvalías (Zapatero se dio buena prisa en volver a elevar los tipos sobre ganancias) y que el dinero invertido en Fondos o pensiones es el que es: algo más de 300.000 millones de euros en fondos, menos de 100.000 millones en pensiones.
La Bolsa, en sus cotas de contratación más bajas y con una ristra de colocaciones suspendidas este ejercicio que da vergüenza. Las que lo han hecho (Puig, Cox…) han salido sin tramo minoritario.
Las socimis se han librado in extremis de su acta de defunción esta misma semana, con avisos de Colonial y Merlin de irse de España de inmediato si se las dejaba de considerar un vehículo de inversión y se les aplicaba un 25% de sociedades.
Y queda la última lindeza de esta obsesión confiscatoria: meter mano a las herencias. No permitir que se les deje a los hijos lo que uno considere. “Perpetúa la desigualdad”, dicen.
Llegados a este punto, sólo cabe preguntarse ¿por qué nos tienen que quitar el dinero particular los estados?
Porque a los políticos les molesta que la gente tenga patrimonio financiero, aunque proceda de su honrado trabajo y el sudor de su frente, usando la terminología de lucha de clases que tanto gusta a nuestros dirigentes, en pleno Siglo XXI.
El patrimonio personal confiere dignidad y libertad a la persona, por cuanto amplía el abanico de decisiones vitales, pero en las alturas tienen claro que de eso nada. Que los que deciden son ellos. El ahorrador está mal visto. Es alguien que quiere prosperar.
Nuestros políticos piensan mejor por nosotros y distribuyen, porque deben luchar contra la citada “desigualdad”, concepto casposo e injusto, que no es otra cosa que pobreza para todos.
Dinero particular es igual a libertad. Eso es lo que más detesta nuestro mega estado que tiene fiscalidades que rondan el 50% sobre PIB. O más. Con eso, no se puede fomentar la prosperidad, que es lo que debería ser, sino repartir miseria por igual.
La pequeña bolsa de dinero amasado por el individuo es uno de los objetivos de la clase política extractiva, que no se recatan en sus intenciones de “redistribuirla”.
El ciudadano paga sus impuestos con las rentas obtenidas de su trabajo y, de manera indirecta, con el consumo, ya sea IVA o los especiales a los combustibles y electricidad. Volver a confiscar lo que genera el ahorro es una estafa sobre la que absolutamente nadie dice nada.
¿Por qué no, en lugar de penalizar los planes de pensiones, se les incentiva con desgravaciones a la inversión de cartera en activos españoles? ¿No hay ningún político decidido a impulsar la previsión con los tres pilares? Es decir, haciendo planteamientos sólidos para las pensiones públicas, incentivando de verdad los planes de empleo (no con la chapuza del plan público) y potenciando a tope las pensiones privadas.
Los planes de pensiones o las inversiones con varios años de antigüedad deberían estar limpias totalmente de fiscalidad. Lo contrario es un proceso confiscatorio.
El ciudadano que no quiera un futuro con su pensión pública, su plan de empleo, su plan privado, su cartera financiera particular, de verdad, que se lo haga mirar.
En fin… para terminar, dejo algún párrafo del reciente informe que el Instituto de Estudios Económicos ha elaborado. Ya era hora que alzaran un poco la voz quienes realmente tienen conocimiento (ojo al palo que meten a la actividad legisladora de nuestros politicastros), aunque recuerdo que en su día Cristóbal Montoro era un liberal del IEE que mutó en el Mr Hyde tributario, irreconocible para quienes trabajaron con él en el pasado.
“Respecto a la tributación sobre el patrimonio, la situación de España es aún peor, con una de las peores situaciones de nuestro entorno comparado. En este caso, la posición de España es un 40% peor que la de la UE. En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, nuestro tipo máximo puede llegar al 54% en España, frente a una media del 39,6% en la UE. Además, el efecto conjunto del IRPF con la tributación patrimonial (Impuesto sobre las Grandes Fortunas) puede elevar el tipo hasta un 60%, lo que es claramente confiscatorio.
Es más, en lo relativo a la tributación de dividendos, el tipo máximo en España (sumando la carga del Impuesto sobre Sociedades en los beneficios y el IRPF en la distribución) puede llegar al 46%, mientras que la media de la UE se sitúa en el 41%, y este diferencial, que ya es muy significativo, se quiere incrementar por parte del actual Gobierno que ha propuesto, recientemente, una subida en el tipo máximo de la renta del ahorro.
El mejor camino para mejorar la recaudación en España de una forma sostenible no es el de la acumulación de subidas impositivas que acaban teniendo un efecto depresor sobre la convergencia real, sino el crear un clima fiscal favorable a las empresas, con un sistema fiscal competitivo”.
Me quedo con una frase dentro del texto: “Tenemos un sistema fiscal que supone un lastre para el crecimiento económico”.
