Ya está en marcha una importante transición energética, mientras el mundo se apresura a cumplir los objetivos del acuerdo climático de París. Pero, ¿qué significará para las comunidades más pobres? ¿Cómo se puede garantizar que la política climática sea justa? ¿Y cuáles son las implicaciones para los inversores?
La carrera ha empezado
En 2021 se dedicará mucho capital político y financiero a la lucha contra el cambio climático. Esto refleja la creciente toma de conciencia por parte de particulares, empresas, inversores y responsables políticos de lo crucial y urgente que es el clima. Lo vemos en la política: el enfoque verde de la nueva administración Biden en Estados Unidos, el mayor despliegue del Green Deal europeo y los nuevos y ambiciosos objetivos climáticos de China. También lo vemos en las prácticas de inversión: los inversores están apostando cada vez más por las soluciones verdes, tanto para fomentar la transición como para beneficiarse de las oportunidades de crecimiento que ofrece.
Conmoción mundial
Es innegable que abordar el cambio climático significa cambiar la dependencia de los combustibles fósiles por fuentes de energía renovables. Las implicaciones para la economía mundial son enormes. Supone el fin de la producción de combustibles fósiles. Y habrá que introducir profundos cambios en las cadenas de suministro de muchos sectores, sobre todo en la fabricación y el transporte. El mundo también tendrá que crear nuevas redes de producción y distribución de energía verde.
El precio a pagar
Esta transición energética traerá consigo importantes oportunidades de empleo en la investigación, extracción y distribución de energías renovables y en la adaptación de las empresas. Pero el cambio global a los combustibles limpios también significará el cierre de plantas de extracción de energía en torno a las cuales se construyen comunidades y economías enteras. Las consecuencias de este cambio para las comunidades podrían ser profundamente perjudiciales si no se gestionan de forma adecuada.
Las políticas bien intencionadas y significativas para fomentar la transición verde corren el riesgo de golpear más duramente a los hogares más pobres. Por ejemplo, es probable que la retirada de las subvenciones a los combustibles fósiles por parte de los gobiernos haga subir los precios de la vivienda y el transporte. Los hogares más ricos pueden pasarse a la energía más verde y a los coches eléctricos, gracias a los planes de incentivos gubernamentales. Sin embargo, este cambio tendrá un coste que los hogares más pobres no podrán asumir.
Esta disparidad de ingresos se aplica también a nivel nacional. Los mercados desarrollados se han beneficiado hasta ahora del crecimiento impulsado por los combustibles fósiles. Sin embargo, se espera que los mercados emergentes emprendan el costoso cambio a las energías renovables para cumplir con las exigencias de los mercados desarrollados. En particular, para los mercados emergentes con recursos de combustibles fósiles, esto supone un importante sacrificio de energía potencialmente lucrativa y barata para poblaciones menos acomodadas que sus homólogas de los mercados desarrollados.
Estos ejemplos ponen de manifiesto cómo las consecuencias económicas y sociales negativas no deseadas de la transición energética afectarían de forma desproporcionada a los hogares y sociedades más vulnerables a nivel local, nacional y mundial.
Una transición justa
Pero no todo está perdido. Los responsables políticos tienen la oportunidad de actuar a todos los niveles para mitigar las dificultades económicas y sociales de la transición energética. Además, pueden aprovechar la transición para crear oportunidades para las comunidades que la globalización ha dejado atrás y que se han visto perjudicadas por la crisis del Covid.
Los responsables políticos pueden aprovechar la transición ecológica para crear oportunidades para las comunidades que se han quedado atrás por la globalización, y que se han visto perjudicadas por la crisis del Covid
A nivel local, las comunidades que dependen de los ingresos y el empleo de la industria intensiva en carbono están en peligro si se cierra la producción debido al cambio a la energía verde. Estas comunidades deben ser consultadas en una fase temprana de la transición política para garantizar que sus preocupaciones se incorporan a las soluciones políticas. Estas soluciones incluyen la recualificación, el apoyo al bienestar social y las estrategias para crear actividad económica en las comunidades afectadas. Por ejemplo, las instalaciones de producción de energía verde podrían ubicarse en los lugares donde antes se extraían los combustibles fósiles, para crear oportunidades de trabajo alternativas.
El éxito a nivel local requiere la colaboración de la comunidad y un gobierno local que comprenda los retos de la comunidad. También se necesita el apoyo del gobierno central cuando sea necesario, para el bienestar social, la financiación de inversiones en infraestructura y otras iniciativas
El gobierno central también tiene un papel crucial a la hora de establecer la normativa climática nacional, los incentivos y las inversiones. La realidad de la transición es que, a lo largo del periodo de cambio, las personas corren el riesgo de perder sus empleos.
Las comunidades podrían sufrir una "fuga de cerebros" si los principales empleadores se ven obligados a cerrar. Hay dos mensajes importantes para los gobiernos. En primer lugar, la política climática debería incorporar un análisis completo del impacto económico con la participación de las empresas y los ciudadanos. Esto permitirá a los responsables políticos comprender plenamente los posibles efectos secundarios negativos de una determinada política climática.
El segundo mensaje relacionado es que este es un entorno que requiere una regulación gubernamental inteligente y apoyo fiscal. Esto significa minimizar los costes económicos y sociales de la transición, al tiempo que se maximizan las oportunidades de crear empleos e infraestructuras verdes. Por su propia naturaleza, la transición energética supondrá un mayor gasto público, inversión y regulación. La política y la regulación bien hechas pueden proporcionar una red de seguridad y poner de manifiesto oportunidades para aquellos que corren el riesgo de quedarse atrás.
¿Qué significa esto para los inversores?
Para los inversores, esto implica que podemos esperar una mayor intervención gubernamental como resultado de la agenda del cambio climático. Eso no es malo; puede ser una señal de que los gobiernos están actuando para reducir la reacción a la transición y para mejorar el potencial de crecimiento a largo plazo.
A nivel mundial, las cosas se complican. Los gobiernos de los mercados desarrollados que lideran la lucha contra el cambio climático deben reconocer la desigualdad que genera entre las economías avanzadas y las emergentes. La inversión y la ayuda a los mercados emergentes afectados pueden contribuir a generar una mayor aceptación global de las soluciones climáticas y permitir a las sociedades de las regiones más pobres crear una industria en torno a la tecnología verde.
Ninguna de estas políticas es sencilla de promulgar, sobre todo en lo que respecta a la agenda de los mercados emergentes frente a los desarrollados. Sin embargo, estas políticas son esenciales, no sólo para garantizar una transición justa, sino también para minimizar los riesgos de la propia transición. El movimiento antiglobalización pone de manifiesto los peligros de una marea creciente que no hará zarpar todos los barcos. Los responsables políticos no deben cometer los mismos errores con el cambio climático. El tiempo no está de nuestra parte.
