El Gobierno logró ayer un acuerdo in extremis para salvar su reforma fiscal, pero tuvo que hacer varias concesiones que añaden un factor de incertidumbre; en especial en lo que tiene que ver con un impuesto al sector de la Energía que deberá contentar al resto de sus socios parlamentarios.
La idea inicial del Gobierno era mantener este impuesto, pero Junts y PNV se oponían ante la posibilidad de deslocalización de estas empresas, que condicionaban inversiones en España por valor de 30.000 millones de euros a la retirada del impuesto. Finalmente, en lo que puede considerarse una ‘patada a seguir’, el Gobierno pactó con Podemos, ERC, Bildu y BNG impulsar una nueva proposición de ley que regule el impuesto a las energéticas.
De este modo, el Gobierno se ha comprometido a consensuar con el bloque de investidura un tributo energético que no grave la descarbonización. En el caso de que dicho consenso no se hubiera logrado antes del 31 de diciembre, aprobará un Real Decreto-ley con la prórroga del gravamen a las empresas energéticas actualmente vigente de cara al ejercicio 2025.
“Se mantiene la incertidumbre sobre la continuidad del impuesto energético”, señala Aránzazu Bueno, analista de Bankinter, al tiempo que “las grandes energéticas afectadas por el impuesto (Iberdrola, Endesa, Repsol, Cepsa, Naturgy y EDP) seguirán dando batalla si el gravamen continua, aunque el Gobierno introduzca algún tipo de desgravación”.
Estas compañías dudan que en la práctica sea una tasa light, ante la desconfianza de que las deducciones por reinvertir en transición energética sean finalmente efectivas. “El concepto de transición energética es muy interpretable y podría dar lugar a una discrecionalidad absoluta del Gobierno”, explica Bueno, que recuerda que el pasado miércoles todas las energéticas se unieron y lanzaron un comunicado contra el gravamen.
La petrolera Repsol, la más penalizada
“La oposición al impuesto se mantendrá porque entienden que las deducciones generan enorme inseguridad jurídica”, señala la experta. Según los cálculos de Bankinter, Repsol es la energética más afectada por este impuesto. Pagó 443 millones de euros en 2023 (con cargo a los resultados de 2022) y 350 millones en 2024 (con cargo a 2023). Iberdrola pagó 216 millones en 2023 y 160 millones en 2024. Endesa pagó 208 millones en 2023 y 202 millones en 2024. Naturgy (Gas Natural) pagó cerca de 300 millones de euros en el conjunto de los dos años en que ha estado en vigor el impuesto.
En términos relativos, “el impuesto representa el 17% del BNA de Repsol estimado para 2024, el 11% para Endesa, el 8% para Naturgy y el 3% en el caso de Iberdrola”. En los dos años en que ha estado en vigor, “el gravamen ha supuesto un 5,7 % de la capitalización bursátil actual de Repsol, el 1,7% de Endesa, el 1,3% de Naturgy y el 0,4% de Iberdrola”, apunta Bankinter.
El sector sostiene que no hay justificación para mantener el impuesto en un entorno de precios de la energía claramente más débiles en comparación a cuando se puso en marcha en 2022 con la guerra de Ucrania. La media del precio del pool en 2024 es 53,9€/MWh vs por encima de los 200€/MWh durante la invasión de Ucrania. El sector reclama estabilidad y claridad fiscal para poder llevar a cabo sus inversiones.
