Después del primer golpe, llega la valoración. El presidente del Gobierno, en su discurso de apertura del debate sobre el Estados de la Nación ponía el énfasis en las medidas anticrisis y en dos impuestos, uno sobre las eléctricas ya anunciado y otro de nuevo cuño y conocimiento sobre los bancos, que pocos en su círculo conocían.
El nuevo impuesto a las entidades financieras, con el que se espera gravar de forma “excepcional y temporal” y del que se desconocen los detalles de su implementación, recaudará, según Moncloa 1.500 millones de euros cada año.
El argumento es que “el Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría”. Y que las “grandes entidades financieras ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés”.
Así las cosas, desde dos de las agencias de rating, hablamos de Fitch y de Standard & Poor`s ponen la vista en la traslación a sus clientes, algo que el Gobierno ha indicado que no se producirá porque implementará medidas para que no lo terminemos pagando los usuarios.
En el primer caso consideran que podría reducir sus expectativas de rentabilidad y reducir su competitividad frente a los bancos europeos, al ser de momento, España, el único país que lo pondrá en marcha. Y no solo eso. También podría trasladarse al dividendo, con efecto en la generación interna de capital. Y todo ello en un entorno macro muy difícil marcado por la incertidumbre.
En el segundo, la agencia de calificación de riesgos destaca que la caída del beneficio superará el doble dígito, será del orden neto del 12% en el mercado nacional en este y el próximo ejercicio. Y que puede suponer un descenso de 70 pb en su ROE, el retorno sobre el capital del sector.
Todo ello claro, de forma generalizada, con la creencia de que las entidades como CaixaBank, Bankinter y Banco Sabadell, más centradas en el negocio nacional, se verán más perjudicadas.
También desde Scope Ratings destacan que podría impactar en una medida un poco menor, porque representa, sobre 2021 un 7% de su beneficio neto para los 10 mayores grupos bancarios. Y se suma a la idea de que se frenará la esperada mejora de la rentabilidad, desde la salida de los tipos cero que tanto esperaban las entidades.
Ya desde Credit Suisse cuantifican en dinero, para algunos de los más grandes del sector financiero español el impacto que supondrá el aumento de la presión fiscal. Y que oscilaría, entre los 700 y los 930 millones de euros para Santander, BBVA y CaixaBank, por tanto, en dos ejercicios, alcanzaría entre los 1.400 y los 1.860 millones de euros. Todo ello recordemos sobre los beneficios de 2022 y de 2023 que se habrán de pagar, en los dos siguientes.
La firma suiza destaca que dos escenarios, porque todavía no se conoce cómo se implementará. En el primero de ello habla de una carga fiscal proporcional a las cuentas de mercado que tengan los bancos en España. Para Caixabank 400 millones, 300 para Santander y 230 para BBVA. Y en sus acciones 6 céntimos para la entidad que preside Goirolzarri, 2 para la de Ana Botín y 4 para la de Carlos Torres Vila.
El segundo dibuja un impuesto del 10% sobre el beneficio neto doméstico. En ese caso el impacto sería de 300 millones y 4 céntimos para CaixaBank, 200 y 1 céntimo por acción para Santander y de 200 más y 4 céntimos por título para BBVA).
