La acción dorada o Acción de Oro otorga al poseedor el derecho de veto sobre cualquier acción ordinaria, de tal modo que puede anular sus derechos políticos. Se aplica en aquellas empresas que, a pesar de haber sido privatizadas, siguen contando con la protección estatal para evitar que el control mayoritario caiga en manos extranjeras.
En todo momento, STC Group, conocedor de la estrategia del Gobierno de España, ha calificado la operación como una gran oportunidad de inversión para poner en práctica su sólido balance y mantener su atractiva política de dividendos. Además, aclaran que no tienen la intención de hacerse con el control total u obtener una participación mayoritaria en Telefónica.
Lo cierto y verdad es que la compra se ha realizado de una forma muy inteligente, quedando a una décima de la aplicación de la acción dorada, que aparece a partir del 10%. El Gobierno puede hacer valer su competencia para dar el visto bueno a aquellas operaciones que supongan la adquisición del 10% o más.
En este caso, la compra de acciones de STC sobre Telefónica ha sido del 9,9%, adquiriendo un 4,9% con acciones directas del capital social de Telefónica y un 5% con instrumentos financieros. Se logran así obtener los derechos de voto correspondientes al 5% después de la liquidación fiscal de los citados instrumentos financieros tras la autorización regulatoria pertinente. La medida tomó por sorpresa a José María Álvarez-Pallete, CEO de Telefónica y al propio Gobierno.
Antecedentes históricos recientes
El Gobierno se encuentra en alerta, pues el 64% de STC Group se encuentra en manos del régimen de Arabia Saudí a través de un fondo de inversión pública. Ya en marzo de 2020, tras la declaración del Estado de Alarma debido a la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo decidió reforzar la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que se produjesen OPA por parte de empresas de países externos a la UE en sectores estratégicos.
Esta medida irrumpía con fuerza en un momento clave, pues la pandemia hizo que muchas empresas del Ibex 35 cotizasen en valores muy bajos. En aquella ocasión, las acciones de Telefónica estaban a menos de 4 euros, por lo que la defensa gubernamental se volvió esencial.
En esos primeros días de la pandemia, Telefónica se logró escapar del castigo del Ibex con un ligero avance del 0,21%, pese a que el indicador se situaba por debajo de los 6.300 puntos. Llegó a subir más de un 5%, manteniendo su tendencia después de que horas previas se disparase un 17,8%.
La medida de la ‘acción de oro’ fue puesta en práctica durante la primera etapa de gobierno de José María Aznar, en la que se privatizaron numerosas empresas públicas. No obstante, este derecho de veto nunca ha sido bien visto por parte de la Comisión Europea, pese a que España la aplicase en empresas como Endesa, Repsol, Iberia, Tabacalera y Telefónica, entre otras.
La respuesta inminente de Moncloa
No tardaron en llegar declaraciones desde el Ejecutivo, empezando por la vicepresidenta segunda en funciones y responsable de Sumar, Yolanda Díaz, quien a través de X afirmó que España debía trabajar por asegurar la toma de decisiones en empresas clave y guardianas de datos sensibles como Telefónica. Además, se mostró partidaria de establecer una mejor regulación y protección anti OPAs.
El Gobierno de coalición progresista ha defendido siempre a capa y espada la acción de oro como una medida para evitar posibles injerencias extranjeras en empresas estratégicas de sectores clave como el transporte, las comunicaciones y el ferroviario. Eta medida fue introducida en la legislación vigente a partir del real decreto ley sobre inversiones exteriores que entró en vigor el pasado 1 de septiembre. El pasado año se aprobó extender el ’escudo antiopas’ hasta 2024.
En el nuevo artículo se recoge como tal que las inversiones extranjeras (IED) se suspenden por motivo de seguridad pública, salud pública y orden público en los principales sectores estratégicos al igualar o sobrepasar la barrera del 10% del capital social. También se puede aplicar la acción de oro al tomar el control del órgano de administración de la citada sociedad española.
También se señala que se suspenden las inversiones que procedan de empresas públicas o de fondos soberanos de terceros países. Así es como otras voces del Gobierno como la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, se han mostrado partidarias de preservar la autonomía estratégica de Telefónica como operador clave y emblemático de España.
