Abengoa apunta en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el concurso de acreedores llega "al concurrir los supuestos previstos en la legislación concursal y considerando que esta medida es la más adecuada para salvaguardar los intereses de la compañía y de todos los acreedores". La solicitud ha sido presentada ya en el juzgado competente de Sevilla.
"El Consejo de Administración, siendo consciente de la compleja situación y de las, cada vez, mayores dificultades para alcanzar una solución que satisfaga a todos los grupos de interés con posiciones, hasta ahora, enfrentadas, sigue comprometido en buscar alternativas para evitar la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad del grupo y, con ello, preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor, objetivo para el cual se solicita a todos aquellos que tienen intereses en la Sociedad y su grupo la máxima colaboración para tratar de evitar perjuicios definitivos", añade el grupo en el comunicado.
La compañía informó a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 6 de agosto de la suscripción de un acuerdo de reestructuración para la sociedad y su grupo, completando esa información con la comunicación de otra información relevante publicada el 25 de septiembre en la que se informó de la obtención de las mayorías y consentimientos necesarios para aprobar la operación, a falta de la única condición suspensiva pendiente de cumplimiento: el apoyo financiero de 20 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. Sin ese apoyo tampoco era posible la concesión de créditos ICO ni ayudas del Cesce.
Desde septiembre y hasta el 19 de febrero pasado se ha extendido el plazo de cierre de la operación al haberse obtenido en cada posible vencimiento los consentimientos necesarios al efecto. Abengoa ha trabajado en la búsqueda de posibles alternativas ante la no aportación de 20 millones de euros por la Junta de Andalucía. Sin embargo, no habiéndose obtenido un nuevo consentimiento para la extensión del plazo, el acuerdo de reestructuración ha quedado automáticamente resuelto de modo que la operación de financiación en su día anunciada no puede ser ya ejecutada.
El consejo de administración de Abengoa ha comunicado que celebrará de forma inmediata una sesión en la que, en cumplimiento de sus deberes fiduciarios, tomará las decisiones que le correspondan para proteger los intereses de Abengoa y de su grupo de sociedades, teniendo presentes así mismo a todos sus grupos de interés.
Las acciones de Abengoa están suspendidas de cotización desde el pasado 14 de julio. La CNMV decidió suspender "cautelarmente, con efectos inmediatos", la negociación de las acciones de Abengoa, "por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores".
Abengoa todavía no ha presentado las cuentas auditadas de 2020 aunque se estima que su deuda ronda los 6.000 millones de euros. Esto le convierte en la mayor quiebra desde Martinsa-Fadesa en julio de 2008, que arrastraba en el momento de la declaración en concurso de acreedores de 7.000 millones de euros y supera a la quiebra de la también inmobiliaria Reyal Urbis en febrero de 2013 que contaba con un pasivo de 4.400 millones.
La compañía sevillana se declaró ya en preconcurso de acreedores en 2015. En ese momento tenía una deuda tanto financiera como a proveedores de 20.000 millones que resolvió convirtiendo deuda en capital, por lo que los acreedores se quedaron el 95% del accionariado.
El candidato de los accionistas a presidir Abengoa, Clemente Fernández, ha criticado este martes la decisión del actual consejo de Abengoa de solicitar el concurso de acreedores una semana antes de la junta, que se celebrará la próxima semana. "No tiene lógica que el consejo actual pida el concurso de acreedores. La decisión la tendríamos que haber tomado los que vamos a gobernar la compañía a partir de la semana que viene", ha criticado Fernández en declaraciones a Radio Intereconomía.
