Así lo informa esta mañana El Economista
que habla de un total de 917 millones de euros como la cantidad que se ha visto obligada a provisionar AENA para un pago “extra” por fincas expropiadas. Así lo incluye el informe de auditoría de las cuentas del gestor aeroportuario a 30 de septiembre de 2014, un documento que se utiliza a modo de radiografía de las cuentas de cara a los potenciales accionistas interesados en invertir en la próxima salida a bolsa, prevista para el 11 de febrero.
De esta cantidad, 7758.6 millones corresponden a “diferencias de justiprecio, que han tenido como contrapartida mayor valor de terrenos” mientras que los restantes 159.36 provienen de intereses de demora de las expropiaciones. Un portavoz de la compañía citada en la noticia admite que el importe de estas provisiones “no impacta en la cuenta de resultados” y recuerda que el equipo jurídico del gestor aeroportuario ha apelado esta sentencia al TSJM a través de un recurso de casación.
Por otro lado, fuentes del Ministerio de Fomento explican que el retraso en la salida del gestor aeroportuario no tienen nada que ver con la sentencia del Tribunal.
