La deuda de las Administraciones Públicas es al Estado, Comunidades y entes locales, lo que nosotros una tarjeta de crédito aplazada. Vamos gastando, el endeudamiento engorda, pero no se es consciente en la huida hacia delante que supone en pagos mensuales de nunca acabar. Pero la deuda permanece, e incluso se amplía a cuenta del tensionamiento financiero provocado por la subida de tipos que nos viene.
De ahí que los organismos internacionales consideren que los niveles de deuda pública en España pueden bajar, como prevén la Comisión Europea con su 115,1% para este año actualizado esta misma semana o el 116,4% que proyecta el FMI en sus estimaciones para nuestro país. Pero lo peor es que, en el mejor de los casos se espera una nimia corrección o incluso un estancamiento para los próximos ejercicios. Aunque incluso, como veremos después, nuestra deuda pública puede empeorar considerablemente a futuro.
En el presente, lo que ya tenemos encima de la mesa es un nuevo récord en endeudamiento público. A cierre de marzo, como acaba de publicar el Banco de España debemos 1,45 billones de euros, con un incremento en el último año del 4,4%. En dinero 60.875 millones más
Hablamos de la suma de casi 12.400 millones en un mes, que, en su mayor parte claro se concentra en el Estado, 1,27 billones en concreto. Las comunidades autónomas acumulan algo más de 309.800 millones, caso sin cambios y las corporaciones locales suman ya 22.471 millones en endeudamiento.
Un nivel más que elevado, nunca visto en España, que supera los porcentajes y que ahora deberá enfrentarse al debate que ya vuelve: el de superar la suspensión de las reglas fiscales comunitarias, impasse establecido durante la pandemia, con lo que, más pronto que tarde - a pesar de que ya se habla de un año de demora- tendremos que someternos de nuevo a las reglas fiscales de la Unión que nos obligarán a apretarnos más el cinturón y a imponer medidas para que la deuda no se desboque.
Es sin duda la advertencia que lanza la AIRef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En el informe que acaba de publicar sobre el plan de Estabilidad hasta 2025 enviado por el gobierno a Bruselas, destaca varias cosas.
La primera es que, a corto plazo, el repunte adicional de los tipos de la deuda soberana tendría un impacto limitado en la evolución de la deuda, aunque advierte de que, a medio y largo plazo, tipos de interés, como los que se esperan más elevados, van a exigir un esfuerzo fiscal más intenso y prolonga. En definitiva, que habrá que reducir el déficit estructural si no queremos que la deuda se dispare a 2025.
Y es que, como también señala la AIReF, a medio y largo plazo, las previsiones, a políticas constantes, sin cambios en las mismas, el ratio de deuda presenta claramente una dinámica desfavorable. Sin impulso del creciente a varios años vista y con inflación más controlada, el porcentaje de endeudamiento sobre nuestro PIB, con lo que ahora mismo se hace fiscalmente, subirá. Y podría alcanzar nada menos que el 140,4% del Producto Interior Bruto español a veinte años vista en el peor de los casos.
De hecho, recomienda destinar los ingresos públicos que sean extraordinarios, como por ejemplo los derivados de una mayor recaudación fiscal como los que están ahora mismo encima de la mesa, a reducir el saldo fiscal negativo, ante el peligro de la estructuralidad que encierra los niveles crecientes de deuda pública en España. De momento, las previsiones del gobierno que se acaban de revisar en el cuadro macro no son nada prudentes en este aspecto y prevén que el ratio de deuda PIB en 2025 se reduzca al 110%.
