El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha manifestado su confianza en que las autoridades de competencia llevarán a cabo un análisis exhaustivo de la operación propuesta por BBVA para adquirir Banco Sabadell. Tras la aprobación del BCE en términos de solvencia, ahora se espera que las autoridades de competencia evalúen la operación con profesionalidad.
Desde el BCE se dio el visto bueno a la operación en términos de solvencia, lo que allana el camino para que las autoridades de competencia realicen su análisis. Luis de Guindos ha destacado la importancia de que este proceso se lleve a cabo con profesionalidad, sin prejuzgar el resultado final.
Según De Guindos, "Nosotros dimos el visto bueno desde el punto de vista de solvencia, y después tienen que entrar lo que son las autoridades de competencia, analizarlo desde el punto de vista de competencia, y yo espero que se haga con profesionalidad".
En septiembre, el BCE comunicó a BBVA su decisión de no oponerse a la adquisición de Banco Sabadell como parte de la oferta pública de adquisición (OPA) presentada. Sin embargo, a mediados de noviembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió llevar a cabo un análisis más profundo en la fase 2 de la OPA.
La CNMC decidió elevar la operación a fase 2 debido a la imposibilidad de descartar un riesgo de empeoramiento de condiciones comerciales para las pymes, así como la reducción del crédito a este sector y un posible deterioro de las condiciones del negocio de adquirencia.
El paso a la fase 2 implica una extensión del calendario de la OPA manejado por BBVA. Esta etapa puede durar hasta tres meses, sin incluir posibles suspensiones que Competencia pueda aplicar para solicitar más información adicional.
Una vez finalizado el análisis en profundidad en la fase 2, Competencia tendrá la potestad de aprobar la operación sin condiciones, con condiciones específicas o incluso prohibirla. En caso de que se requieran condiciones adicionales o se prohíba la operación, esta decisión sería elevada al Ministerio de Economía y, posteriormente, al Consejo de Ministros, quienes evaluarán otros criterios más allá de la competencia, como la defensa nacional o la regulación sectorial.
