Tras meses de intensas negociaciones entre aliados, nacía un pacto destinado a funcionar en paralelo al embargo total a nivel europeo de las importaciones marítimas de crudo ruso. Un delicado ejercicio de equilibrismo para evitar que la destrucción de demanda de la UE provocará un aumento en los precios del hidrocarburo, con el consecuente beneficio para las arcas rusas y perjuicio para los Veintisiete.
Pese al largo proceso que precedió a su puesta en escena, el mecanismo resulta relativamente sencillo. Cualquier cliente que desee utilizar buques o servicios de países occidentales a la hora de transportar petróleo ruso debe garantizar que el crudo no se venda por encima de los 60 dólares por barril. De lo contrario, las compañías de los países del G-7 tienen prohibido firmar contratos. Dado el dominio de estas naciones en el sector de seguros marítimos, imprescindibles para este tipo de exportaciones, a los terceros países les resultaría muy complicado adquirir el producto si Rusia intenta venderlo por un precio superior al estipulado."
"La aprobación del mecanismo fue recibida con elevadas dosis de escepticismo. Una lista inagotable de posibles problemas y tretas rusas fueron puestos sobre la mesa en análisis y editoriales a lo largo y ancho del planeta. El Kremlin podría falsificar fácilmente los registros; 60 dólares era un límite demasiado alto; las aseguradoras no europeas harían su agosto a base de nuevos contratos y los precios del petróleo se dispararon en Europa, dañando a las democracias del continente mucho más que a Rusia. Estas preocupaciones no han desaparecido y siguen teniendo validez.
Pero las mismas discusiones que plagaron los meses previos al acuerdo original van camino de repetirse. Los principales aliados regionales de Ucrania, como Polonia y los países bálticos, están impulsando una reducción del precio máximo para apretar las tuercas al Kremlin. Mientras tanto, Alemania pide prudencia por miedo a provocar un shock en los mercados y Estados Unidos prefiere esperar a que los nuevos límites a productos refinados del petróleo entren en funcionamiento para valorar el impacto conjunto. Dado que es necesario un voto unánime entre todos los estados miembros y naciones del G-7 para cambiar el tope, el resultado previsible es que el tope se mantenga en 60 dólares durante los meses de febrero y marzo."