Sin ir más lejos, el pasado 17 de mayo España marcó un hito histórico en energía renovable. Durante ocho horas de ese día los parques solares y eólicos del país generaron más electricidad que la demandada. Además, el 2 de noviembre de este año, el 73,3% de la electricidad generada en España provino de fuentes naturales y en el acumulado en lo que va de año, hasta el 30 de octubre, la generación de origen renovable alcanza el 49,2%, lo que supone un incremento del 17% respecto al mismo período año anterior.

Según Red Eléctrica, a octubre de 2023, en España hay más de 74.000 megavatios de potencia instalada de fuentes de generación renovable. Sin embargo, aun somos un país energéticamente dependiente. De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en 2021 la dependencia energética de España se situó en el 70,1%, y el porcentaje de energía renovable sobre el consumo bruto final fue de sólo el 20,73% sobre el total. 

Sin lugar a duda, el horizonte es sumamente retador. Para 2030 está fijado que el 42% del consumo de energía final del país, y el 74% de toda la energía eléctrica, sea de fuentes renovables. Traducido en megavatios, significa poner en marcha 60.000 megavatios de energías limpias en menos de diez años. Al mismo tiempo, el PNIEC fija para el ejercicio 2030 una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990.

No obstante, existe un coto a estos avances: la excesiva burocracia. Los innumerables trámites, gestiones y demás papeleo son un ahuyentador nato del inversor que ve con buenos ojos los proyectos, pero se frena por este tipo de cuestiones ajenas a los mismos.

En España, de acuerdo con el RD 23/2020, el plazo máximo para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es de 31 meses desde la obtención del permiso de acceso y conexión, si este se ha obtenido con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, 37 meses para la autorización administrativa de construcción y 5 años para la obtención de la autorización de explotación definitiva. Y este es el primero paso. Le siguen las autorizaciones administrativas del órgano sustantivo, de las comunidades autónomas, ayuntamientos, patrimonio, confederaciones hidrográficas…Todos estos trámites, unidos a sus particulares retrasos y sobrecostes, y sumados a que la Administración obliga a que todos los proyectos se construyan al mismo tiempo, deslucen las ventajas iniciales que pueden encontrar los inversores en sus proyectos.

Siendo así las cosas, es necesaria una mayor agilidad para atraer inversión, tanto nacional como extranjera, para levantar proyectos y, sobre todo, para conseguir lograr los objetivos fijados. Somos un sector atractivo para la inversión y contamos con la tecnología necesaria para avanzar, sin embargo, miles de megavatios están parados desde hace años en España ligados a proyectos renovables que viven en un limbo burocrático. 

Con todo, y dentro de este marco, es posible que uno de los espejos donde también podamos mirar sea la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos (IRA por sus siglas en inglés) que persigue como principal objetivo reducir el coste de la energía y, como consecuencia de ello, frenar la inflación y llevar al país hacia una mejor y más rápida transición energética. 

La clave del IRA es la ampliación de 10 años del crédito fiscal a la inversión al 30% para proyectos comerciales y residenciales, incluidos los instalados en 2022, además de posibilitar que los créditos fiscales se puedan transferir a terceros no vinculados.

Los expertos señalan que, gracias a esta nueva regulación, la expansión de la energía solar puede quintuplicarse y pasar de los 10 gigavatios de capacidad añadida por año desde 2020 hasta los 49 gigavatios anuales que se generarán en 2024. 

De manera evidente, en España tenemos una oportunidad de oro para convertirnos en punta de lanza del sector de energías renovables. Las más de 2.500 horas del sol anuales nos avalan. Pero para conseguirlo es vital encontrar el equilibrio entre la necesaria regulación y supervisión y la competencia en el mercado. Administración y sector privado tenemos la responsabilidad de no perder esta oportunidad.