La Comunidad de Madrid representa uno de cada cinco euros del PIB de España y más de dos terceras partes de la inversión extranjera productiva de España. Hablamos de una región orgullosa de su contribución al desarrollo del país, solidaria (aporta el 70% del fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales), y muy dinámica, con más de 350.000 alumnos matriculados en sus 19 universidades, donde nacen cada día más de 75 empresas y 314 personas encuentran empleo. Es también el centro de la economía digital, con más de 30 centros de datos operativos y 185 MW instalados, el 80% del total nacional. Esta es, precisamente, una de las pocas certezas que tenemos del futuro: que sólo puede pasar por ellos.
Dos terceras partes de la población mundial tiene ya acceso a Internet, con el 97% de las conexiones efectuadas desde el móvil. El tráfico de estos dispositivos se ha multiplicado por más de 10 veces entre 2017 y 2023, de 13 a 150 exabytes. Cada día más grandes, más rápidos, más eficientes, más sostenibles, los centros de datos son el corazón de la bestia que nos permiten enviar un WhatsApp, conectarnos con el banco, comprar desde el sofá de casa o ver una serie o el fútbol en el móvil. La IA que albergan también permite el diagnóstico por imagen para la detección temprana del cáncer o el estudio del corazón ante una intervención quirúrgica. Las turbinas de energía eólica son más eficientes y seguros ante condiciones meteorológicas cambiantes gracias al análisis de miles de sensores en tiempo real; la robótica de nuestras empresas evita accidentes y permite a las personas tareas menos repetitivas, más acordes con su capacidad. Todo esto, creámoslo o no, depende de los centros de datos.
Hablamos de una enorme fuente de riqueza, pues cada 100 MW de potencia instalada suponen alrededor de 1.000 millones de euros de inversión, con un impacto en PIB de unos 1.200 millones de euros, casi 1.000 empleos de medio y alto valor añadido durante su fase operativa (excluida la de construcción, que casi que triplica las cifras), y una recaudación fiscal que permite mejorar los servicios públicos.
Pero, para que todo funcione, son imprescindibles dos condiciones: energía y voluntad política. En cuanto a la primera, las exigencias de computación de la IA han provocado un salto espectacular en las necesidades, y donde antes se solicitaban 30 ó 40 megavatios (MW), ahora los centros de híper escala triplican esa demanda. Desgraciadamente, el gobierno de Sánchez muestra una oposición irracional al modelo de la Comunidad de Madrid. El Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 del Ministerio para la Transición Ecológica rechazó cerca de una veintena de propuestas de compañías eléctricas para nuevas infraestructuras en nuestra región. Si de verdad queremos cambiar el modelo productivo del país y competir en la liga de la inteligencia artificial, generando valor, atrayendo talento y ofreciendo trabajo de alta calidad a nuestros jóvenes, el gobierno no puede cercenar el desarrollo de los centros de datos. La restricción de las inversiones de las redes de transporte al 0,65% del PIB y de las de distribución al 0,13% están completamente alejadas de las necesidades actuales del sector y, por ende, de los ciudadanos. Un problema de escasez no se resuelve devolviendo a un país a las cuevas del subdesarrollo tecnológico, sino con medidas valientes que compatibilicen la sostenibilidad con la tecnología.
En cuanto a la segunda, la Comunidad de Madrid viene demostrando su compromiso con múltiples medidas, algunas tan recientes como la ley 7/2024, de 26 de diciembre, que fomenta la implantación de los centros de datos en suelo urbanizable no sectorizado, y simplifica el procedimiento para su aprobación. Asimismo, modifica la ley de garantía del suministro eléctrico facilitando las solicitudes de conexión de grandes consumidores. Contamos también con una aceleradora de inversiones que ya tramita proyectos de centros de datos por una inversión agregada superior a los 5.500 millones de euros y más de 1.700 empleos directos.
Sin ambos requisitos, la inversión prevista se esfumará de España para ubicarse allí donde lo logre. Y hablamos de más de 16.000 millones de euros en los próximos 6 años, sólo en nuestra Comunidad. Una región que ya ha puesto sobre la mesa un marco normativo que combina medidas de desregulación con instrumentos de aceleración de inversiones, y que se suma a la política fiscal más atractiva de España para los trabajadores. Del gobierno central depende evolucionar hacia un país donde nuestros jóvenes puedan generar terapias personalizadas contra el cáncer, o a otro donde sigamos exportando talento para importar los modelos que esos mismos jóvenes desarrollarán allí donde no tienen miedo al progreso.
