Para muchos países se trataría de un auténtico drama y supondría, de facto, el cierre inmediato de los mercados financieros. Más aún para un país que mantiene todavía un estigma de mal pagador por su larga historia de impagos por lo que le cuesta emitir deuda y cuando lo hace, tiene que pagar un tipo de interés muy superior al de sus vecinos. En estos momentos el bono soberano a 10 años ofrece una rentabilidad muy cercana al 10%. (Ver: ¿Por qué está Argentina al borde del default?)
En estos momentos Argentina es un país cuya deuda es considerada basura por las diferentes agencias de calificación crediticia.
Además, es el estado con más posibilidad de caer en default del mundo, si se atiende al nivel de los CDS (los seguros de protección ante un impago).
Pero, ¿y si Argentina hubiera decidido que el impago es la opción menos mala de las que tiene por delante? Eso es lo que han llegado a asegurar algunos expertos. El temor de Argentina a que se dispare la clausula RUFO (Rights Upon Future Offers) y el país se vea obligado a tener que pagar a los bonistas que aceptaron la reestructuración del default de 2001 podrían haber hecho pensar al gobierno que quizá, lo mejor, es declarar un impago técnico provisional. De esa forma, el país podría esperar hasta enero, cuando la RUFO expire y poder pagar a los bonistas como si nada hubiera pasado.
Podría, -sugieren algunos expertos-, reestructurar toda la deuda bajo jurisdicción extranjera en bonos sujetos a las leyes argentinas y evitar así tanto la RUFO como futuros conflictos como el que está sufriendo ahora con la Corte Suprema Estadounidense en general y con el juez Thomas Griesa en particular.
Hace sólo unos días, el director de Proficio, Alejandro Henke escribía en un artículo en Estrategias de Inversión, “¿Estamos frente a negociadores implacables que quieren obtener hasta el último dólar de beneficio antes de cerrar la negociación el último día a última hora pero al final acuerdan? ¿Nos encontramos ante combatientes ideológicos que sostienen una lucha contra los fondos buitres y que no piensan dar el brazo torcer porque sienten que los principios y la legitimidad se encuentran de su lado más allá de los que opine la Justicia Americana? ¿O nos encontramos ante funcionarios temerosos de que un arreglo podría disparar la cláusula RUFO generando incontables juicios de los bonistas que aceptaron el canje, haciendo caer el mismo y, lo que es peor, poniéndolos ante el riesgo de rendir cuentas ante la Justicia Argentina en el futuro por hacer un pago que no implica ni quita, ni disminución de intereses ni alargamiento de plazos?”
Hay quienes creen que la pose de los negociadores argentinos, que se ha traducido en una constante negativa a reunirse cara a cara con los holdouts podría haber una razón: si el pago a los fondos buitre no se consensua se entendería que no ha sido voluntario ni negociado y la RUFO no se dispararía.
Distribución de la deuda argentina
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La cuestión, entonces, es evitar que el resto de bonistas que aceptaron el canje en 2005 y 2010 no inunde con demandas la justicia internacional para pedir el mismo trato que van a recibir los holdouts.
¿Qué supondría esto para los argentinos? Se manejan distintas cifras que van desde los 15.000 millones de dólares hasta cifras estratosféricas de hasta 500.000 millones. Esta misma semana, la agencia Bloomberg afirmaba que los pagos a los que tendría que hacer frente Argentina si se dispara la RUFO podría llegar a los 29.000 millones de dólares.
La cifra no parece escandalosa, aunque hay que tener en cuenta que es prácticamente el total de las reservas internacionales que están en la caja del Banco Central de la República de Argentina (BCRA).
Reservas del Banco Central
Sin embargo, Alejandro Henke afirmaba en su artículo que “el posible nuevo default de la deuda reestructurada ofrece un riesgo adicional a los mencionados: Aquellos que pensaron que se podría haber hecho un canje más ventajoso para Argentina volverían a la carga (como de tan duro terminó fracasando, hagámoslo más duro…). En este escenario no es descartable que además propongan incluir en la nueva y más dura reestructuración a los bonos con Ley Argentina que, hasta aquí, no se verían afectados”.
Según un informe de la consultora Abeceb.com con un default se registraría una caída de 3,5% del PIB; la inflación anual superaría el 40% y, además, el consumo podría contraerse un 3,8% en 2014, explican.
Con acuerdo la caída del PIB caería un 1,5% y la inflación se situaría en el 34,5% y el consumo se reduciría un 1,8%.
Hay que tener en cuenta que la economía argentina no pasa por su mejor momento. El PIB se contrajo un 0,2% en el primer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior y un 0,8% frente al último trimestre de 2013.
Sin embargo, algunos medios de comunicación poco cercanos al gobierno han llegado a afirmar en los últimos días que con este movimiento el ejecutivo de Cristina Fernández pretende, además, fomentar el nacionalismo y encontrar un enemigo común, es decir, los fondos buitre.
Por el momento, además, nadie espera que la crisis de un nuevo default contagie a otros países. “En caso de que esto ocurra, no esperamos que esta nueva crisis se contagie a otros países, ya que se trata de una situación única, y tampoco creemos que tenga el efecto que tuvo el default de Argentina de 2001 en su economía, ya que esta vez el país sí es solvente, pero sí creemos que lastrará el desarrollo de esta economía, ya en dificultades, afectando a las compañías expuestas a ella”, explican en Link Securities.
La propia presidenta del FMI, Christine Lagarde ha afirmado que no habrá consecuencias sustanciales externas, ya que Argentina lleva fuera de los mercados mucho tiempo.
Sin embargo, el default de Argentina podría ser una fuente de ingresos para algunos inversores –más allá de los holdouts-. Si la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) decidiese disparar el cobro de los CDS asociados a la deuda argentina, los bancos y emisores de estos derivados podrían tener que desembolsar hasta 1.000 millones de dólares, según los cálculos de la agencia Reuters.
