Buenas noticias para nuestra economía. El Banco de España ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español para los próximos años, destacando la fortaleza de la economía española impulsada por diversos factores como el aumento de la población, la resiliencia de las manufacturas y la contribución positiva de la demanda exterior neta.

El Banco de España ha elevado su previsión de crecimiento del PIB para 2024 al 2,8%, para 2025 al 2,2% y para 2026 al 1,9%. Estas proyecciones se basan en el efecto positivo de los nuevos datos de la Contabilidad Nacional Trimestral y en el vigor de la actividad económica, que se espera que se mantenga en los próximos trimestres.

El crecimiento del PIB español se ve impulsado por la relajación gradual de las condiciones de financiación, la reactivación de la economía europea y global, el crecimiento poblacional, el avance de las rentas reales y la implementación de los fondos 'Next Generation EU'.

En cuanto al mercado laboral, se espera que la creación de empleo continúe, aunque a un ritmo inferior en los próximos años. La tasa de paro se reducirá gradualmente, pero se enfrenta a desafíos como el envejecimiento de la población trabajadora y el estancamiento en el stock de desempleados de larga duración.

La tasa de inflación general se espera que se sitúe en el 2,9% en 2024 y en el 2,1% en 2025. Por otro lado, el Banco de España mantiene sus estimaciones sobre el déficit para los próximos años, con una deuda pública que se prevé que aumente entre 2024 y 2026.

Los riesgos para el crecimiento económico se orientan a la baja, mientras que en el caso de la inflación se consideran equilibrados. A nivel global, las tensiones geopolíticas son una fuente de riesgo importante. En el ámbito nacional, la incertidumbre persiste en torno al consumo de los hogares y la inversión empresarial.

Para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas, España necesitaría implementar un ajuste presupuestario de alrededor de 0,5 puntos porcentuales del PIB al año durante 7 años. Este ajuste podría tener un impacto en la actividad económica, pero es necesario para garantizar la estabilidad fiscal a largo plazo.