La Audiencia Provincial Civil de Madrid ha desestimado un recurso de apelación presentado por los fondos Bothar, Kommunalkdredit y otros miembros del sindicato financiador de la autopista R-2. Estos fondos demandaban la suma de 472 millones de euros a ACS, Acciona, Abertis y Globalvia en concepto de sobrecostes en la construcción de la autopista.
Según la sentencia emitida el pasado 21 de diciembre de 2023, el juez ha rechazado el recurso de apelación presentado frente a una sentencia previa que ya rechazaba las pretensiones de los apelantes. Se argumenta que las cantidades demandadas no son exigibles, ya que los sobrecostes fueron asumidos por la Administración a satisfacción de los acreditantes. Además, se afirma que la administración se hizo cargo de todos los costes adicionales y expropiaciones relacionados con la autopista.
Por su parte, los fondos sostienen que las obligaciones de aportación de fondos siguen vigentes y son exigibles hasta el completo pago de la deuda financiera. Citan que las medidas de la administración no liberaron a los accionistas de sus obligaciones de aportación de fondos, especialmente no "a satisfacción" de los acreedores. Además, señalan errores en la sentencia de la Audiencia Provincial y esperan que el Tribunal Supremo corrija dichos errores, citando la reciente doctrina del Tribunal Supremo en un caso similar relacionado con la autopista R-4.
Fuentes cercanas a los fondos financieros han expresado a Europa Press su preocupación por los errores en la sentencia de la Audiencia Provincial. Sostienen que esta situación socava la seguridad jurídica que los financiadores de proyectos de este tipo tienen derecho a esperar y rompe el equilibrio de los derechos y obligaciones de los promotores y sus financiadores.
