El Ministerio de Economía y Hacienda abre una puerta en el artículo 9 del proyecto para que los bancos empiecen a cobrarnos por su “asesoramiento”. Es una absoluta vergüenza que les permita (e incite) a cobrar por algo que desarrollan como parte de su actividad. Más aún si tenemos en cuenta que supone obligar a los consumidores a pagar por su derecho a recibir una información veraz, como ya exige la ley de consumidores. Con el agravante de que una entidad de crédito jamás podrá ser independiente en su información al consumidor y sus “asesoramientos”, lo que ha supuesto un perjuicio a cientos de miles de consumidores a quienes se ha vendido indiscriminadamente productos bancarios porque respondían a la estrategia comercial que sólo interesaba al banco o caja.
Si lo equiparamos con lo que cobran las empresas de asesoramiento financiero, veremos que las tarifas actuales (publicadas por la CNMV) oscilan entre 120 y 600 euros la hora, con mínimos por consulta desde 300 euros hasta cantidades mucho más elevadas en algunos casos. No obstante, y dado que el actual proyecto de orden ministerial no impone límites, podríamos encontrarnos con tarifas incluso mayores a pagar por algo que es parte intrínseca de su actividad.
En materia de comisiones bancaria (artículo 2) elimina la obligación de registro y control en el Banco de España de las comisiones, tal y como impone actualmente la Orden de Transparencia de 1989 todavía en vigor.