En un escrito remitido al Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, los administradores -Antonia Magdaleno, Antonio Moreno y Ángel Martín Torres- creen que la propuesta de la inmobiliaria es "positiva" por el hecho de que cuenta con un patrimonio superior al volumen de sus deudas, que "si es administrado con diligencia y rigor puede permitir cumplir los compromisos adquiridos en el convenio". Sin embargo, alertan de los riesgos que puede conllevar el proyecto de Martinsa-Fadesa, como el hecho de que la crisis inmobiliaria provoque caídas en el valor de los activos mayores de lo esperado y que el sector no se recupere en el horizonte temporal previsto.


En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, los administradores nombrados por el juez para supervisar a la compañía recuerdan que Martinsa-Fadesa se ha comprometido a vender activos, cuyo precio y demanda dependerán de la evolución de la economía, del mercado inmobiliario y por las posibilidades de acceso a financiación por parte de los potenciales compradores.


"Las ventas de activos con márgenes inferiores a los previstos en el plan de viabilidad o en fechas distintas a las planteadas en el mismo podrían afectar el cumplimiento del plan de pagos y a los fondos propios de la sociedad", sostienen en el escrito, adelantado por "El País".

También avisan de los riesgos que existen con la nueva financiación que prevé recibir la inmobiliaria de su banca acreedora, que si no se llegara a materializar o no se renovara en cada uno de los años, podría afectar a los compromisos asumidos.

Tras alertar de otros riesgos (como la evolución del entorno regulatorio o la evolución de los fondos propios, actualmente en negativo), los administradores nombrados por el juez concluyen que podrían producirse desviaciones que son imposibles de prever actualmente.

No obstante, admiten que sus dudas están mitigadas por el hecho de que Martinsa-Fadesa haya presentado un proyecto con un "desarrollo tan dilatado en el tiempo", que ya "ha merecido la opinión favorable del Gobierno".

Martinsa, que debe 7.005 millones, propone pagar su deuda en ocho años, desde mediados de 2010 hasta mediados de 2017, si bien hasta abril de 2012 sólo tendrá que abonar 200 millones de euros, que representan menos del 3 por ciento de la deuda total.

Se trata de un convenio atípico, dado que la Ley Concursal establece un máximo de cinco años para el pago de la deuda en los convenios.

Además, la compañía asume la obligación de vender los activos que ella misma elija entre suelos finalistas, promociones y terrenos en el extranjero, según establecía su plan de viabilidad.