Esas propuestas se convierten en meras intenciones cosméticas ya que no profundizan en las medidas a adoptar y al no precisar la forma de defender a los consumidores de servicios financieros.
Proteger a los más vulnerables, aunque sin especificar cómo hacerlo (PSOE), o una mención vaga y parcial de perseguir “las malas prácticas y las situaciones de abuso a las personas mayores” (PP), son las referencias más directas que hacen los partidos mayoritarios en sus programas electorales en relación con la protección de los derechos de los consumidores y el control de la banca.
Reformar el Banco de España y la CNMV o “acelerar el proceso de fortalecimiento y consolidación de las cajas de ahorro”, son dos de las inconcretas declaraciones de intenciones que proponen los principales partidos. En materia de supervisión, los programas electorales se centran en la solvencia y el cumplimiento de los compromisos financieros, olvidando lo relativo a los consumidores.
Los partidos minoritarios y emergentes lanzan propuestas más llamativas, pero igualmente insuficientes. IU, EQUO, Compromís y EUIA-ICV consideran necesaria una banca pública que podría surgir de las cajas nacionalizadas. PNV y CiU se muestran preocupados por la transparencia, la supervisión y porque Cataluña y Euskadi retengan o ganen peso en el sector financiero.
