"Se interpondrá en su momento una demanda contra los responsables", dijo Brugera en conferencia de prensa posterior a la junta de accionistas. Durante la junta, la compañía había solicitado a los accionistas que le permitieran iniciar una acción social con la que investigar posibles operaciones durante ese período para interponer una posterior demanda. Los accionistas aprobaron la solicitud.
Brugera indicó que entre las operaciones que se estudiarán se encuentran la compra de su filial Riofisa SA, la compra de otros activos y el manejo de la autocartera. Añadió que aún no se ha cuantificado el daño que esas actuaciones pudieron hacer a la compañía, pero que parte de las provisiones que la inmobiliaria realizó en 2008 se deben a ese motivo. Dijo que el consejo dispone ahora de cuatro años para llevar a cabo la acción social y que no hay un plazo marcado, pero que la demanda podría presentarse en unos meses.
Además expone ha alcanzado un acuerdo inicial con la mayor parte de sus acreedores para asegurar la viabilidad financiera de la compañía. En conferencia de prensa posterior a la junta general de accionistas, el consejero delegado de la compañía, Pere Viñolas, dijo que la inmobiliaria busca aumentar sus fondos propios en relación a su deuda, pero declinó especificar cómo se hará de forma concreta.
Viñolas indicó que el acuerdo es con al menos un 80% de los acreedores y que espera firmar el acuerdo definitivo en los próximos días como tarde. Añadió que el acuerdo con las entidades financieras lleva aparejado un acuerdo sobre el modelo de negocio de la compañía.
