Los daños y perjuicios, ocasionados principalmente por haber provocado un retraso en la finalización de obra de más de 2 años y los cuales ascienden a casi 2 millones de Euros fueron, según indica el promotor, a consecuencia de la “irregular” forma de actuar de La Caixa a la hora de ingresar en cuenta las disposiciones del Préstamo Promotor para poder realizar los pagos inherentes a dicha construcción, no solo a proveedores, sino también a las Administraciones Públicas como Hacienda y Seguridad Social.
Según declaraciones deAngel Martín, La Caixa retenía y ocultaba dichas disposiciones de forma ilegal para controlar así a quién se debía pagar y a quién no, fijando como prioritarios a los proveedores que aún tenían que terminar en la obra y, dejando a un lado, todos los pagos pendientes, tanto a proveedores como a la Administración Pública, que no fueran estrictamente necesarias para la finalización de las obras.
El motivo principal, indica el promotor, es que la Caixa ha buscado en todo momento asegurarse la finalización de la obra para, acto seguido, quedarse con ella como dación en pago, libre de cargas, independientemente de la deuda que le pudiera quedar al promotor con proveedores y Organismos Oficiales, práctica que, indica Angel Martín, ya han llevado a cabo con otras empresas promotoras de la zona y, presumiblemente, en todo el territorio nacional.
Según ese prodecimiento, La Caixa retenía el dinero disponible, que debería estar ingresado en cuenta, devolviendo los pagarés de proveedores a los que “no interesaba pagar” y llegando incluso a responder a la Administración Pública, en las comunicaciones de embargo que ésta hacía sobre la cuenta del promotor, que “no existía saldo” o reteniendo una mínima cantidad (3,95€), tal y como Angel Martín ha demostrado señalando varias fechas concretas como, por ejemplo, el 29/01/10, 29/07/10 o el 28/10/10., en las que La Caixa comunica a la Seguridad Social que no había saldo en cuenta y, sin embargo, en el extracto bancario figuran cantidades de hasta 30.000 € en el momento de la comunicación.
Por todo esto, tanto los departamentos de recaudación de Hacienda y Seguridad Social, como el Juzgado nº 6 de Ciudad Real, han valorado que tales acciones pueden ser constitutivas de ilícito penal, para lo cual deberá abrirse investigación sobre esta forma de proceder de La Caixa y si ha sido tan sólo de una sucursal, o es una práctica habitual en una comunidad autónoma o el resto del estado.
El afectado está creando una plataforma a través de internet http://afectadosdelacaixa.blogspot.com/ donde puedan reunirse los afectados que han sido objeto del mismo proceder de la Caixa, habiendo ya recibido varias decenas de toda España.