Según los últimos datos publicados por Morningstar, la popularidad de los fondos artículo 9, frente a sus homólogos del artículo 8, les llevó a registrar entradas de 5.900 millones de euros en el segundo trimestre de 2022. Mientras tanto, y ante los cambios anunciados, los fondos del artículo 8 registraron salidas de 30.300 millones de euros en el mismo periodo.

La suma de activos de las estrategias del artículo 8 y 9 descendieron 6,4% durante el trimestre, hasta los 4,18 billones de euros, superando el 50% de cuota de mercado alineada con el SFDR, mientras que los activos de los fondos alineados con el artículo 6 cayeron un 8,9% en este mismo periodo. Por otro lado, el desarrollo de productos del artículo 8 y 9 se mantuvo estable, con una estimación de 183 fondos  y 9 lanzamientos de estas respectivas categorías en el trimestre, según Morningstar.

Otros 700 fondos cambiaron de estatus SFDR durante el trimestre, con 16 descensos del artículo 9 al artículo 8, aunque la mayoría de los cambios fueron ascensos del artículo 6 al artículo 8.

El estudio pone de manifiesto lo difícil que ha sido este periodo para la industria: "Debido a la dispersión de los datos y a la falta de comparabilidad directa entre los productos, los asesores financieros tendrán dificultades para cumplir sus nuevas obligaciones". Estas nuevas obligaciones incluyen la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros II (MiFID II).

Nueva normativa que pone mayor presión a la industria

Con esta nueva normativa, si los clientes manifiestan su interés por realizar inversiones sostenibles en el test de idoneidad, los asesores tendrán que adaptarse a ellas. Pero también los gestores de fondos también tendrán que proporcionar datos ESG en un formato estandarizado para todos los productos comercializados en la UE a los canales de distribución de fondos, de modo que los distribuidores puedan evaluar las preferencias de sostenibilidad del cliente final.

La normativa plantea dificultades a los asesores financieros para cumplir con las obligaciones de sostenibilidad de MiFID II debido a la falta de datos y exceso de los mismo, como se ha comentado en otras notas.  Otra presión más para una industria que no lo está teniendo fácil en este turbulento año, con implicaciones de mayores costes, gestión de datos y educación de su red de asesores. Las gestoras no han tenido el tiempo necesario para entender los nuevos requisitos, ya que las directices de ESMA se publicaron en forma de borrador en enero, con un formato final que no se espera sino hasta el tercer trimestre de este año.

Las gestoras tendrán que tener una cuota mínima invertida en inversiones ecosostenibles vinculadas a la taxonomía, pero aún hoy son pocas las empresas que publican este tipo de datos, por lo que la mayoría de los productos no tienen un mínimo declarado, incluso en aquellos con un perfil medioambiental evidente.

Además, deben tener un porcentaje mínimo invertido en inversiones sostenibles, pero lo que constituye una inversión sostenible aún no está totalmente definido. Las primeras publicaciones de las Plantillas Europeas ESG (EETs) muestran porcentajes muy diferentes en función de las metodologías de cada gestora, y que no necesariamente coincide con la clasificación de productos de la SFDR. Otro de los requisitos es que el producto considere el principal impacto adverso, y por el momento la respuesta es de si o no, por lo que la información detallada de las distintas métricas estará disponible en 2023.

El reto para todos los distribuidores y asesores de fondos será adecuar y evaluar su actual gama de productos a las preferencias de los clientes para evitar las acusaciones de promover productos de lavado verde y, al mismo tiempo, cumplir con la normativa. Pero la falta de coherencia general en el etiquetado de los activos sigue siendo un reto.

Por lo tanto, si un cliente expresa su interés en realizar inversiones sostenibles, los asesores tendrán que tenerlo en cuenta. Además, los clientes ahora también pueden elegir sólo inversiones que tengan en cuenta los impactos adversos principales (PAI). Sin embargo, Morningstar descubrió que sólo el 43% de los fondos del artículo 8 y 9 tienen en cuenta los PAI.

Queda claro que los inversores se enfrentan a un panorama más confuso aún en cuanto a los productos de inversión con la entrada en vigor de  MiFID II modificado, al igual que los asesores financieros y gestoras de fondos, que tendrán dificultades para cumplir con sus nuevas obligaciones, con lo que habrá que estar atentos.