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A finales de septiembre, el regulador europeo de las inversiones, la ESMA, publicó su informe final sobre las "directrices relativas a determinados aspectos de los requisitos de idoneidad de MiFID II". Las directrices se centran en la integración de las preferencias de sostenibilidad de los clientes en las evaluaciones de idoneidad y en la integración de los riesgos de sostenibilidad en los requisitos organizativos de las empresas.
Antes de seguir adelante, es importante recordar que estas directrices se aplican en la UE, pero no en el Reino Unido. En el Reino Unido, se acaba de publicar el documento de consulta de la FCA sobre los requisitos de divulgación de la sostenibilidad (SDR) y ha ido más allá que el documento de debate del año pasado en lo que respecta a las obligaciones de los distribuidores. Aunque no se espera que incorporen las preferencias de los clientes en materia de sostenibilidad, se espera que los distribuidores del Reino Unido desempeñen su papel en la lucha contra el lavado verde.
Tras evaluar la idoneidad de las inversiones en función de los conocimientos y la experiencia del cliente, su situación financiera (incluida la capacidad de soportar pérdidas) y sus objetivos de inversión, las empresas deben considerar las preferencias de sostenibilidad del cliente. Para ajustarse a las preferencias de sostenibilidad del cliente, los factores de sostenibilidad de un producto deben evaluarse en términos de la proporción invertida en actividades económicas ambientalmente sostenibles, tal y como se define en el Reglamento sobre Taxonomía, la proporción de inversiones sostenibles, tal y como se define en el Reglamento sobre Divulgación de Información Financiera Sostenible (SFDR), o su consideración de los principales impactos adversos (PAI) y otras características de sostenibilidad ASG.
No se debe recomendar o vender un producto a un cliente a menos que sus factores de sostenibilidad cumplan con las preferencias del cliente, ya que hacerlo (a menos que el cliente haya actualizado sus preferencias y esto se haya documentado) pondría a la empresa en incumplimiento de sus obligaciones de la MiFID II. Para evitar estos posibles incumplimientos, las empresas deben asegurarse de que el personal tiene las habilidades, los conocimientos y la experiencia necesarios sobre las preferencias y los factores de sostenibilidad, y las empresas también deben contar con políticas y procedimientos para todo el personal de cara al cliente. Si es pertinente, estos aspectos también deben tenerse en cuenta en los servicios de robo-asesoramiento que se ofrezcan.
Mientras tanto, el informe de la ESMA también incluía el asesoramiento de su propio Grupo de Partes Interesadas en los Valores y Mercados (SMSG), formado por representantes del sector y de los consumidores y por académicos. Sus comentarios no fueron especialmente positivos. Su principal crítica se refería a "un desajuste entre las expectativas de los clientes y la disponibilidad de los productos", debido a la falta de datos adecuados y fiables sobre las empresas de los productos de inversión, lo que hace "casi imposible que las instituciones financieras vayan más allá de un cumplimiento del "mejor esfuerzo"", que no es "ni apropiado ni deseable".
La propia SMSG no se mostró impresionado por el eglamento delegado que define los criterios para evaluar las preferencias de sostenibilidad: "Si las directrices se escribieran a partir de una hoja en blanco, el resultado sería probablemente diferente". El grupo sugiere que la ESMA "investigue formas alternativas de evaluar las preferencias en materia de sostenibilidad, teniendo en cuenta también los conocimientos de las finanzas conductuales", ya que las preferencias en materia de sostenibilidad son complejas y los criterios que se utilizan no son ni la forma en que los clientes piensan en la inversión sostenible ni la forma en que operan los fondos.
Según apunta FEfundinfo, en consonancia con las preocupaciones del SMSG, estamos viendo que los grupos de fondos luchan con la falta de datos de buena calidad, lo que es particularmente importante para los fondos del artículo 9 (que tienen la inversión sostenible como objetivo), ya que las normas sobre lo que pueden invertir son mucho más estrictas que para otros fondos. Ya hemos escrito anteriormente sobre los retos a los que se enfrentan estos fondos para mantener su estatus del artículo 9.