ASEAFI organizó en menos de seis meses el Green Evolution, donde se analizaron en detalle la nueva normativa de Green MiFID y sus implicaciones desde el punto de vista de asesoramiento financiero. La subdirectora de Spainsif, Andrea González fue la primera ponente que comenzó su exposición poniendo a los oyentes bajo un contexto del Plan de Acción, el cual pretendía generar tres bloques de estrategias:

• Generar información de sostenibilidad a través del reglamento SFDR
• Trasladarlo a herramientas que ayudasen a canalizar capitales con criterios vinculados a esa información de sostenibilidad
• Generar incentivos para que los ahorradores también canalizasen sus capitales hacia ese tipo de objetivos

Se trata de un plan robusto, pero con una arritmia en el calendario, generada en el primer bloque y que es condición necesaria para que el resto del plan se articule, generando una especie de esquizofrenia en los tiempos. El primer bloque, el de información de sostenibilidad, es condición necesaria para que el resto del plan del plan se articule, pero llega con retraso sobre el resto de las obligaciones de los otros dos pilares, a lo que la especialista llama un “sudoku” complejo de tiempos y ordenación.

Acontecimientos recientes del Green MiFID

Tras la publicación de la primera guía de aplicación para Green MiFID en abril, se somete a consulta, y entran en vigor las preguntas sobre las preferencias de sostenibilidad el 2 de agosto, pero sin tener las guías de ESMA sobre llevar a la práctica esas preguntas. Sin embargo, esto sucede antes de haber gestionado todas las respuestas de la consulta y antes de que se hubiera publicado una guía final de aplicación.

En España se aplica la guía de supervisión planteada a consulta en el inicio hasta que esta guía final, publicada a finales de septiembre, esté traducida a todos los idiomas, dejando una especie de impasse de unos 6 a 8 meses entre los tiempos de traducción.

Esta primera generación de fondos elegibles bajo MiFID, con base a datos del mercado, tiene características que se habían anticipado y otras que no. Y la especialista hace referencia a una serie de datos a septiembre de 2022, como:

• Mayores salidas de fondos artículo 6 y artículo 8 que de artículo 9

• En fondos clasificados como artículo 9 hay una preponderancia de aquellos que están indexados a índices climáticos
• Hay una mayoría de fondos de gestión activa entre los que se consideran como inversión
• Más del 50% del mercado son artículos 8 y 9, cuando en los lanzamientos de nuevos fondos son más del 60%
•  Una cantidad ingente de reclasificaciones respecto de la clasificación inicial de fondos, con más de 700 fondos que han pasado del artículo 6 al 8; menos de 20 que han pasado del 9 al 8 y ninguno del 8 y el 9 ha pasado al 6
• Prácticamente la totalidad a más del 80% de los fondos clasificados como artículo 8 y 9 no tienen exposición a las actividades tradicionalmente consideradas como controvertidas
• Solo el 20% de los fondos clasificados como 8 y 9 no tiene exposición a combustibles fósiles

González destaca los nuevos retos bajo el contexto de fondo elegibles bajo MiFID, entre ellos que no existe una definición armada y sólida dentro del plan de acción respecto a lo que se considera estrictamente inversión sostenible y lo que no. Mientras que la taxonomía lo define como alineación de taxonomía; la SFDR lo define como artículo 8 y 9; y en MiFID existe un marco ABC de alineación con taxonomía, donde parte del artículo 8 y artículo 9 con gestión e integración de PIAS.  Con ello, la prestación de servicios de asesoramiento financiero se vuelve extremadamente confuso, tanto para el asesor como para el cliente, lo que exige dedicar tiempo de formación y que genera prácticas de mercado no oficiales como el artículo 8 PLUS.

Y destaca que, de hecho, la normativa SFDR no era una normativa de “etiquetas”, pero se ha definido como tal por una fuerte necesidad del mercado.

Los frentes abiertos en los próximos meses

A pesar de la existencia de un calendario regulatorio hasta 2028 en finanzas sostenibles, González se centra en el medio plazo:

• De ahora a junio de 2023 habrá una regulación de rating ASG, regulando la transparencia en la metodología de los ratings, de las fuentes de información registro público con esa información
• En diciembre veremos un impact assessment
• En marzo una propuesta
• A lo largo del primer semestre del año que viene, estarán los objetivos no climáticos de la taxonomía el desarrollo de actividades económicas que hagan contribuciones sustanciales a los objetivos de biodiversidad, protección de los océanos, contaminación y economía circular
• En enero entrará en vigor la fase dos de la SFDR, con la publicación de la información en las plantillas, muy dependiente de la divulgación de las compañías, que es el gran escollo
• Siguiente borrador de los estándares de los reportes de sostenibilidad de IFRA
• Concretar la materialidad de la información

¿Una oleada de comercialización de productos sostenibles en este laboratorio de fondos elegibles?

En este sentido, y considerando el entorno actual en los mercados y la presión regulatoria, la especialista comenta que es probable que tengamos que ajustar las expectativas ya que es probable que no haya esa oleada de comercialización de productos sostenibles al cliente minorista, ya que la materialización del test de idoneidad modificado es compleja a la hora de que el cliente consiga manifestar satisfactoriamente sus preferencias de sostenibilidad. El un reto no solo es a la hora de aplicar el test, sino a la hora de registrar esa información.

Una potencial falta de registro de esas preferencias del inversor sostenible va a determinar cuan de exitosa sea la comercialización de este tipo de productos en el largo plazo. Pero no es malo ajustar esas expectativas, ya que “nos dará más tiempo para seguir en el laboratorio viendo qué hacemos con los productos, cómo se asesora y cómo queda el sudoku o el tsunami”.