La taxonomía europea es una parde del desarrollo reglamentario de la Comisión Europea cuyo objetivo es vincular al sector financiero en la consecución de los objetivos de descarbonización de la economía europea, así como en el cumplimiento de los Objeticos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. De este modo, se pretende reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles y de este modo se crea un sistema de clasificación de las actividades económicas a modo de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental.
Cuando se habla de economía sostenible se refiere a quellas actividades económicas que contribuyen a la consecunción de uno o más de los objetivos medioambientales, como son las mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y recuperación de la biodiversidad.
Hasta ahora, se ha publicado oficialmente el listado de 72 actividades económicas que deben cimpli, de forma medible con tres criterios:
- Contribuir a una economía neutra en carbono.
- No dañar significativamente otros objetivos medioambientales.
- Llevar a cabo su actividad con un mínimo de estándares éticos y laborales.
Asimismo, está en desarrollo también una taxonomía social, que pretende indicar qué actividades económicas contribuyen positivamente a la consecución de ciertos objetivos sociales.
La organización benéfica de derecho ambiental ClientEarth, la Oficina de Política Europea de WWF, la ONG Transport & Environment (T&E) y la Federación Alemana de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza (BUND) han iniciado acciones legales contra la decisión de la Comisión de incluir el gas fósil en la taxonomía, según han anunciado hoy, desafiando legalmente taxonomía de la Unión Europea, que califica el gas como actividad económica sostenible, amenazando con llevar a la Comisión Europea a los tribunales.
Según las organizaciones, "al etiquetar el gas como "sostenible" se corre el riesgo de canalizar las inversiones hacia esta fuente de energía perjudicial, alejándolas de las fuentes de energía realmente sostenibles, como las renovables de producción propia, y reduciendo hábilmente la demanda en primer lugar".
Además, comentan que el Complementary Delegated Act, que menciona al gas y la energía nuclear como actividades económicas sostenibles contrasta con la propia taxonomía, la Ley Europea del Clima y las obligaciones de la UE en virtud del Acuerdo de París. Por lo tanto, las organizaciones solicitan a la Comisión que derogue el Acto Delegado Complementario que incluye determinadas actividades nucleares y de gas como sostenibles.
Ahora la Comisión tiene 21 semanas para responder a la petición, y en caso de que se negara a responder, los grupos pueden llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, la Comisión considera que el gas y la energía nuclear pueden considerarse actividades económicas sostenibles en condiciones estrictas si contribuyen a la transición hacia la neutralidad climática, vía un enfoque gramático y realista, también considerando la guerra de Ucrania y la consiguiente decisión de reducir la importación de energía de Rusia, utilizando la energía nuclear que cumpla con los requisitos de seguridad y el gas que contribuya a la transición del carbón a las renovables.
Sin embargo, portavoces de las 4 organizaciones afirman que la UE debe dejar de hacer lavado verde del gas en la taxonomía europea, ya que es la norma de otro para las inversiones, pero tal como está, envía señales equivocadas a los inversores.
Veremos en que terminan estas acciones legales, pero de momento a la gente le preocupa y mucho la crisis energética actual y el fuerte aumento en los precios de la factura de los carburantes y electricidad.