“Cuanto más dure la crisis sanitaria, más se resentirá la economía y más sufrirá el sector inmobiliario”, explica Ricardo Pumar, presidente de Grupo Insur. Pero añade que “todo dependerá de las medidas monetarias, fiscales y regulatorias que se adopten para paliar los efectos de la pandemia. En el primer caso, estamos viendo que el BCE es capaz de actuar con contundencia; por el lado tributario no se puede decir lo mismo, y si nos fijamos en la regulación, ahí ya hay que hablar directamente de que nos estamos pegando un tiro en el pie”. Se refiere Pumar a la intención del Gobierno de imponer a las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimis) una tributación mínima del 15%, según establecen los Presupuestos Generales del Estado para 2021. En opinión de Gloria Folch, responsable de Real Estate de Adequita Capital, sociedad gestora de Advero Properties Socimi, “lo único que se va a conseguir es restar capacidad de inversión a las compañías. Todo es una cadena y en un país como el nuestro, donde pasamos de una red bancaria muy amplia a vías alternativas de financiación como las que ofrecen las socimis, cabe preguntarse, ¿y ahora quién financiará? Por nuestro tamaño, a nosotros no nos va a perjudicar demasiado la medida, pero a nivel global sí que es preocupante”. 

Joaquin López -Chicheri, CEO de Vitruvio Socimi, le da la razón y va más allá en la crítica: “Lo que no se entiende genera desconfianza y el Gobierno no quiere darse cuenta de que las socimis democratizan la parte patrimonialista del mercado, que siempre estuvo vetada a la clase media. Nos hallamos ante una medida populista, que solo busca el titular pues el impacto recaudatorio va a ser nulo, toda vez que el 15% se refiere al beneficio no distribuido cuando las socimis distribuimos prácticamente todo y no el 80% mínimo exigido. Sin embargo, el mensaje que se lanza al inversor es muy negativo porque el nuestro es un régimen muy asentado en toda la OCDE, y si ven que en España se considera que las socimis somos muy malas y representamos una injusticia a resolver, se irán a otros países donde este tipo de sociedades sean mejor comprendidas y más respetadas”. 

Para Alberto Pérez Lejonagoitia, recién nombrado director financiero corporativo y responsable del área de Relación con Inversores de Quabit, “sería imprescindible incentivar la compra de vivienda por la capacidad de generar empleo que tiene el sector inmobiliario. La paralización de la economía en marzo, cuando estalló la pandemia, provocó el cierre de las oficinas de ventas. En junio observamos cifras récord, pero fue por la demanda embalsada, ya que el desfase acumulado no se va a recuperar y muchas empresas no podrán cumplir sus planes de negocio. Quizá la demanda de primera residencia se haya resentido menos, pero las restricciones de movimientos han tenido un efecto devastador sobre la segunda”. 

Desde Activum, su director de Investigación de Mercados Inmobiliarios, Ignacio Ortiz, afirma que “teníamos la esperanza de recuperar el negocio perdido en el último trimestre del año, pero la segunda ola está agravando los problemas. No hay más que ver lo que está pasando con la obra nueva: los concursos se han reducido a la mínima expresión porque las grandes promotoras han pisado el freno y se ha paralizado incluso la compra de suelo. Las consecuencias para la economía en general y para el empleo en particular, son muy preocupantes. Como vendedores y analistas que somos, estamos observando muchas rescisiones de contratos en zonas periféricas de Madrid donde el poder adquisitivo es menor, ya que los compradores han perdido su puesto de trabajo.”