Las empresas energéticas han salvado la primera jugada para evitar que se prorrogue el impuesto que han pagado desde 2023, y que en principio tenía carácter temporal, pero no han ganado totalmente la batalla. 

En el último pleno parlamentario del año, lo cierto es que decayó la pretensión del Gobierno de imponerlo, ante la enmienda presentada por el PP y apoyada por los grupos de Junts per Catalunya y el vasco PNV, para evitar su prórroga, algo que no han podido hacer  los bancos con el suyo, que sí salió adelante en el Congreso.En el caso del sector financiero, estará vigente en este 2024, en 2025 y también en 2026.  

Pero, al menos de momento, las energéticas han ganado la primera batalla pero no la 'guerra'. Y es que el Gobierno intentará sacarlo adelante por segunda vez la semana que viene. 

De hecho, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ya ha anunciado que el lunes el Gobierno, en Consejo de ministros, aprobará un real decreto para que se mantenga ese gravamen a las energéticas, con el objetivo de convalidarlo en el Congreso, en el próximo periodo de sesiones, y tramitarlo como proyecto de ley para convertirlo en impuesto. 

No olvidemos que hablamos de una recaudación de 1.164 millones de euros, tal y como avanzó Moncloa para este 2024, con el pago avanzado, primero en febrero como anticipo y la segunda liquidación en septiembre, teniendo en cuenta los ingresos de 2023. 

Pero para el siguiente, las previsiones eran mucho menores, por la caída del precio de la energía en este último año que ha dañado la cuenta de resultados de las empresas. Iberdrola, en el mes de octubre al presentar los resultados de los nueve primeros meses del año, indicó que supondría unos 100 millones de euros. 

Y aunque esa es la pretensión del gobierno, tal y como ocurrió ayer en el Congreso, de momento no tiene el apoyo suficiente, sustentado solo en los grupos a su izquierda, desde sumar hasta Podemos, pasando por Esquerra Republicana, sin que sus hasta ahora socios nacionalistas que lo respalden a futuro en la Cámara baja, para sacarlo adelante. 

La tasa afectaba a las empresas que hubieran registrado una cifra de negocio por encima de los 1.000 millones de euros, con un porcentaje del 1,2%. la petrolera Repsol pagó 350 millones en 2023, Iberdrola, 130 millones y Endesa 202 millones en el pasado ejercicio.