El pasado domingo, la policía desalojó a los vecinos de la corrala “La Utopía” en Sevilla, propiedad de Ibercaja. Durante estos cuatro días, las 22 familias desalojadas han permanecido acampadas en la Plaza Nueva de Sevilla, una protesta que duró hasta el miércoles por la tarde, cuando la Consejería de Fomento y Vivienda del Gobierno de Andalucía, dirigida por Izquierda Unida que gobierna en coalición con el PSOE en la región, les entregó las llaves de unas viviendas sociales de la Junta.
En concreto, la solución planteada por IU era ubicar a 10 familias en las 10 únicas VPO (viviendas de protección oficial) propiedad de la Junta que hay libres en Sevilla y sufragar el alquiler de las 12 restantes en pisos que la consejería de Fomento ha buscado en los últimos días en el mercado privado. En el desalojo del domingo, cinco familias aceptaron el alquiler del programa “Llaves solidarias de Ibercaja”, que en 2013 supuso unos gastos fijos para los inquilinos de 332 euros al mes de media, aunque se desconoce lo que pagarán los procedentes de “La Utopía”. Los alquileres sociales de los pisos de la Junta ofrecen pagos mínimos de 80 euros, aunque depende de los ingresos y miembros de la familia alojada.
Susana Díaz se enfrenta a este conflicto después de un positivo fin de 2013 y de un buen inicio de 2014. A finales del año pasado, la sucesora de Juan Antonio Griñán al frente de la Junta fue encumbrada como líder socialista en el Congreso extraordinario que celebró el partido en Sevilla, y a comienzos de este nuevo ejercicio, su liderazgo ha sido avalado por empresarios de la talla de Emilio Botín, César Alierta, Borja Prado o Isidré Fainé, presidentes respectivamente de Banco Santander, Telefónica, Endesa o CaixaBank, con los que ha firmado diversos convenios para que estas firmas inviertan en empleo y financien a la Junta de Andalucía. Díaz, con este conflicto interno, pone en riesgo su liderazgo tras un inicio de carrera fulgurante al frente del principal Gobierno socialista regional de España.
M.D./M.G.