Llevamos unos cuantos ejercicios en los que el ahorrador sólo sufre tribulaciones. Desde las recientes subidas fiscales, que consideran a un ciudadano con rentas superiores a los 60.000 euros merecedor de un tipo general de IRPF (estatal + autonómico) del 45%, que imposibilita el noble arte de ahorrar, hasta la prohibición de facto de los planes de pensiones privados, reemplazados por una especie de engendro público al que algunas gestoras se han postulado para manejar, pero que en petit comité reconocen que “son una porquería”. (Y eso, por reflejarlo finamente). 

Dos ejemplos, pero andanadas continuas. Ha sido mítica la reciente entrevista a Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, en la que dijo que los fondos de inversión deberían pagar impuestos todos los años, no sólo en el momento del reembolso. Esas palabras fueron sintomáticas, ya que es evidentemente que no fueron una ocurrencia de Díaz, sino que han sido un globo sonda, que abre el complicado melón de gravar las plusvalías latentes. Casi de inmediato, aparecía en otros medios que se buscaba imponer el peaje fiscal por traspasos, que tanto costó liberar a la industria de fondos de inversión. 

Mientras, Pedro Sánchez decía en el Congreso que le parecía fatal que 300.000 millones de ahorro de los europeos invirtieran todos los años en la Bolsa de EE UU y que había que corregir ese “error”. Es decir, es un fallo de los inversores que busquen las mejores opciones de rentabilidad para su dinero. Tiene que ser él quien diga dónde invertir, por lo visto. 

Lo de “menos Lamborghinis y más transporte público” lo usó como soporte de la idea de gravar a los que más dinero tengan en el banco, pese a que se cae por su propio peso. Sin embargo, esta genialidad (otra) ocultó una perlita que iba en el sentido de lo anterior: quiere coches eléctricos, pero “fabricados en España”. De nuevo, chauvinismo frente a los que tienen empresas foráneas que captan capital. 

Desplegar plantas de fabricación de auto eléctrico no se logrará prohibiendo coches de alta gama. Esa marca italiana vendió 200 en 10 años, mientras los más vendidos en nuestro país son el Dacia Sandero, el Hyundai Tucson, el Toyota Yaris y el MG. Todos, coches low cost, en un mercado, por cierto, decreciente. En 2023 no se vendieron ni 250 coches de altísima gama. Cualquiera diría que los lambos son un problema estructural de la economía española. Ojalá. 

Llegan, insistimos, latigazos por doquier para atacar todavía más al ahorro privado. Hay una indisimulada intención de meter la mano en el bolsillo del dinero del ciudadano. Se nota que han descubierto una bolsa de cientos de miles de millones de euros en fondos y pensiones y quieren mucho jugo de ahí. 

Habrá que ver en qué cristalizan estos avisos a navegantes, pero el río no es que esté sonando, es que lleva rebosando agua varias semanas. Las ‘genialidades’ políticas de los últimos meses metamorfosearon en realidades en poco tiempo, además. Nadie se tomó muy en serio lo del impuesto inventado a la banca, a las eléctricas, a las fortunas… como tampoco parecía muy factible apretar más a los Autónomos, una clase trabajadora que parece enfurecer a todo político que se precie, no sabemos muy bien por qué. Pero todo llegó en tiempo récord, sin apenas contestación. Muy curioso esto último. 

EL AHORRO PRIVADO, EL GRAN APESTADO

El ataque a las pensiones es sangrante y hay que insistir en este tema. El sistema, como en casi todos los mercados desarrollados, está planteado en tres pilares: el primero (las públicas), el segundo (las de empleo, sólo al alcance de empleados de grandes corporaciones; principalmente las empresas Ibex o… las instituciones públicas) y el tercero, las privadas, que podrían tener un desarrollo enorme. 

Destrozar el tercer pilar, como se ha hecho de facto, es una medida de corte meramente comunista. Sería perfectamente compatible incentivar las pensiones privadas y, ADEMÁS, las de empleo, tanto privadas como públicas. ¿Por qué no se hace, entonces? ¿Para potenciar el segundo pilar (de una manera peculiar, además) hay que matar al tercero?
¿Qué se creen, además, que puede hacer las micro pyme españolas, con unos problemas acuciantes de cuenta de resultados, márgenes casi inexistentes y, por supuesto, sin liquidez, a la hora de acogerse a planes de empleo? Por mucho que se prevea que algunos sectores podrían acogerse de manera generalizada a ellos… estamos hablando de calderilla.

Si preocupa que el dinero del ahorro vaya a EE UU, ¿por qué no se activan medidas como las italianas, con incentivos fiscales a la inversión en activos domésticos? Incentivos, no prohibiciones. En el país donde gobierna Meloni, si las pensiones privadas invierten en bonos de empresas italianas, infraestructuras locales, energías renovables o proyectos de sostenibilidad, gozan de exenciones fiscales, totales o parciales. Lo mismo para la deuda pública. Hay mil ideas para favorecer, antes que para entorpecer. 

Conviene recordar, una vez más, que el ahorro no sólo es dinero de las personas, es capital para la economía. Capital de verdad, no deuda. El fondo de pensiones de Ibercaja (por citar un ejemplo) aporta capital cuando invierte. Cuando entran Blackstone o CVC inyectan deuda… aunque acaparen los titulares de la prensa salmón. 

Apostemos por la previsión social de una manera total. Con incentivos fiscales tanto para el trabajador como para las empresas, o ya les digo yo que no le va a interesar a nadie entrar en esos vehículos de última generación de naturaleza pública. Porque la realidad de la pyme es que casi nunca está en situación de tesorería neta: paga cuando cobra. No tiene remanentes de caja. 

A los Autónomos, pobres, los dejo en paz: mientras les entra religiosamente en cuenta el cargo de la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social), tienen que andar persiguiendo a sus clientes, y aguantar los eternos “a ver si la semana que viene te pago”. ¿Hay criterio de caja para declarar el IVA? Sí, es una medida política muy bonita, pero resulta que a las empresas a las que factura no les viene bien casi nunca que les apliquen el criterio. Y si un proveedor lo exige por ley, quizá no repitan con él. La amenaza está, desde luego. 

Facilitar el incremento del ahorro es bueno para todos. Los mercados españoles sufren una sequía de colocaciones tremenda. Si hubiera más capital (que es lo que es el ahorro), las cosas irían mucho mejor. 

Pero nuestros políticos prefieren pensar en nuestra recaudación de hoy, que seca nuestra economía para mañana. Disparan el gasto público, confundiendo a la gente al equiparar los conceptos de “universalidad” con “gratuidad” (cuando son antagónicos) y pretenden arreglar el enorme agujero estructural de gasto con más impuestos y más prohibiciones. 
En lugar de impedir la inversión particular; en lugar de quitarle el dinero a la gente con más impuestos, ¿por qué no hacer lo contrario? ¿Dónde está el problema en que la gente genere ahorro? Ganamos todos.