Hace unos días se anunciaron en prensa sendas noticias que marcan distintas formas de actuación judicial para casos de fraude
del sistema financiero. En Estados Unidos parece ser que se ha llegado a un acuerdo por el cual JP Morgan pagaría una sanción de 9.500 millones de euros al Erario Público estadounidense por el conocido como fraude de las
“hipotecas basura”, ello sin librarse de las posibles repercusiones penales que se podrán derivar de la investigación sobre dicho fraude, el cual, desató la última crisis financiera mundial. Esta “multa” se suma a otras causadas fundamentalmente por manipulación y mala praxis de la entidad financiera.

Estas actuaciones de la fiscalía estadounidense son habituales y continuas en defensa del buen funcionamiento del sistema y sus buenas prácticas.

Estas actuaciones podrían ser el espejo donde mirarse para la acción judicial en nuestro país contra el fraude en general de las entidades financieras españolas, y especialmente en este último acto constituido por la emisión
de preferentes mediante un claro engaño y abuso de confianza con sus clientes. Pero todos los indicios muestran que esto no será así.

En el informe sobre la revisión de la operativa de intercambio de operaciones entre clientes de instrumentos híbridos (preferentes) realizado por el Departamento Supervisión de la CNMV con fecha en 26-09-2011, ya se explicaba que en junio del 2010 se detectaron incidencias graves que debieron ser dignas de intervención y sanción sobre las entidades que actuaron deslealmente contra sus clientes y especialmente los minoristas, vendiéndoles un producto que en nada se parecía a lo prometido, con un claro abuso de confianza. Se intercambiaban los activos que mantenían los clientes, generalmente en IPF, que interesaba a la entidad permutar para reforzar su capitalización por este otro tipo de activos ficticios y sin el valor que se acreditaba en los mismos, sobresaliendo además entre otras infracciones este mantenimiento continuado de la estafa al mantener un valor no real en intercambio entre clientes de una misma entidad, generalmente realizados por métodos internos y alejados del valor de la emisión. Además, no se establecía ninguna entidad que dotara de liquidez o una posible plataforma multilateral que negociara las distintas emisiones promovidas por las entidades financieras y algunas empresas privadas. Ello prueba que se trataba de un sistema generalizado y permitido que trataba de ocultar información a los clientes configurando una estafa al confiar el cliente en la persona de turno de la entidad financiera que le vendía el producto como sustituto del que mantenía en igualdad de garantías y condiciones y además con un tipo más elevado de interés. El engaño era de fácil realización.

En este informe se detallan la forma fraudulenta de proceder de las distintas entidades y se advierten unas conclusiones que, en primer lugar, indican que los sistemas de intercambio son generalmente internos, como hemos comentado, o sea que si un cliente quiere vender, se busca otro que quiera comprar, independientemente del valor en este caso de la emisión (en casos como la Cam su valor estaba depreciado en más de un 75% y sin embargo se colocaba y se vendía al 100%). En segundo lugar, hay un conflicto de interés entre el comprador y vendedor por el cual, ni el vendedor asume la pérdida o depreciación, ni el comprador el deterioro de la emisión y su valor. Tampoco se actúa a favor ni en defensa del cliente y no se le ofrece detallada información, siendo deficiente la existente, de hecho, puede haber diversas emisiones en mejores condiciones y no se advierte al cliente de ello.

En casos como el Popular, la entidad asume la venta en cuenta propia al 100%, falseando la realidad. En otro caso como el del Sabadell las entidad admite aplicaciones entre oficinas con un riesgo no adecuado. Recordemos que esta entidad se quedó con la Cam por las presiones del gobierno, no siendo la mejor oferta y con un esquema de protección de activos que asciende a más de 17.000 millones.

Y contra todo este fraude masivo ¿cómo se está actuando? Pues de una manera parcial, selectiva y es el cliente estafado el que tiene que moverse para defender sus intereses, quedándose en la ruina por una estafa que debería de ser la fiscalía la que tendría que obligar a las entidades a reponer de una vez por todas y, sobre todo, sancionar estas malas prácticas del sistema y acabar con estas dilaciones de echar “la pelota hacia adelante” para que el tiempo borre las huellas, no existiendo a día e hoy ningún responsable que pague por lo hecho, y con el tiempo tampoco nadie pagará ni irá a la cárcel por ello. Estemos seguros


Rafael Montava Molina
Consultor Financiero Empresarial
rafaelmontavamolina@gmail.com