Según el Informe de Pymes y Autónomos de Hiscox, el 39,2% de las pymes españoles considera que no podría hacer frente a una nueva recesión económica. En concreto, las micropymes (de uno a nueve empleados) ven en el 43,4% de los casos que una nueva crisis les llevaría  la ruina. En el resto de pymes (de 10 a 250 empleados) el porcentaje se reduce al 22,9%. En el caso de las pymes con una facturación superior a 2 millones de euros, un 77,7% creen que sí serían capaces de salir adelante.

Esta situación de incertidumbre y de inestabilidad económica ha llevado al tejido empresarial de España a sumergirse en un proceso constante de morosidad. De hecho, según datos del Observatorio de Morosidad de la patronal Ceype, se estima que la deuda comercial de las pymes en España fue, durante el segundo trimestre de 2023, de cerca de 2.400 millones de euros por encarecimiento del crédito.

Cuando se habla de deuda comercial se hace alusión a la ordinaria y a la morosa. La ordinaria fue durante el segundo trimestre de 1.291 millones de euros y la morosa de 1.075 millones de euros. En total, las empresas han tenido que afrontar un coste financiero anual de 2.366 millones de euros, un 98,5% más que durante 2022 (que fue de 1.192 millones de euros). Se trata de la cifra más elevada desde septiembre de 2009.

El conjunto de la deuda comercial de las pymes superó los 180.000 millones de euros durante el segundo trimestre, de los cuales 70.000 millones de euros se correspondieron a empresas medianas. Las micro y pequeñas empresas acumularon una deuda comercial de 110.000 millones de euros, un 5,5% más.

El esfuerzo financiero

El hecho de que los tipos de interés se lleguen a multiplicar por tres conduce a las empresas a realizar un mayor esfuerzo financiero, que llegó a acumular casi 1.300 millones de euros. Se llegó a superar en más de 21 días el plazo máximo legal establecido de 60 días. En las empresas medianas el esfuerzo se incrementó un 258% interanual, mientras que para empresas pequeñas y microempresas aumentó en un 175%.

El esfuerzo financiero ha tenido un incremento más contenido, siendo para el conjunto de las pymes el coste de la moratoria de casi 1.100 millones de euros durante el segundo trimestre, es decir, un 40,8% más que en 2022. A esto se le suman los costes energéticos, de suministros y laborales que merman plenamente su rentabilidad para acceder a la financiación necesaria.

Con todo ello, el periodo medio de pago (PMP) en las operaciones comerciales entre empresas se logró situar en los 81,3 días, bajando de los 82,1 días del primer trimestre del año. Se trata del PMP más bajo desde 2017, aunque aún está por encima del máximo legal de 60 días que establece la normativa vigente.

En las grandes empresas, el periodo medio de pago aumentó en el segundo trimestre hasta los 87,4 días, lo que supone un incremento de 41,3 días más con respecto al mismo trimestre del 2022. Las grandes empresas han modificado su política de pagos y cobros conforme ha variado el contexto de los tipos de interés.

Por su parte, las empresas medianas tuvieron durante el segundo trimestre de 2023 un PMP de 89,9 días, 1,7 menos que en 2022, mientras que las pequeñas registraron 79,4 días (dos menos que en 2022). En las microempresas se fija el plazo en 81 días (cuatro más que en 2022).

Situación por comunidades autónomas

El PMP aumentó a nivel interanual en ocho autonomías, Ceuta y Melilla, siendo el más elevado el de Murcia (95,7 días) y el más bajo el de Castilla y León (69,8 días). Del mismo modo, el 29,5% de las facturas se abonaron con puntualidad, lo que denota que durante el segundo trimestre el 70% de las facturas se abonaron con mora. Las pequeñas empresas son las que más acusan este hecho.

En el sector industrial el PMP se redujo a los 77,3 días (3,8 días menos que en 2022). Los sectores agroalimentario y de servicios registraron periodos medios de pago similares, en torno a los 73,8 días. El sector servicios sí que tuvo una reducción más acentuada por el comercio minorista, la venta de vehículos y las actividades profesionales. En la construcción, el PMP fue de 97,3 días, con una reducción interanual de 1,5 días. Se encadenan nueve trimestres consecutivos de descensos.

Consecuencias directas para el empleo

El 26,8% de las pymes asegura que la situación irá empeorando y que el empleo experimentará un descenso hasta el 49,1%, casi seis puntos menos que el 55,6% de 2022. Las pymes con más de 2 millones de euros de facturación consideran, en el 26,2% de los casos, que la situación de empleo y contratación será mucho mejor.

¿Llegarán los concursos de acreedores?

Es preocupante la situación, pero el número de pymes concursadas aumentó considerablemente en 2022 como consecuencia de la inflación y de la volatilidad del mercado hasta alcanzar los 14.424 procedimientos judiciales. Con la nueva Ley Concursal en vigor, se espera que el 4,9% de las pymes españolas se plantea solicitar algún concurso de acreedores en 2023. Este porcentaje alcanza el 9,3% en las empresas de más de 2 millones de facturación.