La agencia de calificación Moody's ha advertido de que un 'cierre' parcial del Gobierno federal estadounidense, conocido como 'shutdown', sería "negativo" para el rating de su deuda soberana y pondría en riesgo su actual calificación de 'Aaa'.
Aunque los pagos del servicio de la deuda pública no se verían afectados y es improbable que un cierre de corta duración perturbara la economía, se subrayaría la debilidad institucional y de la gobernanza de Estados Unidos en relación con otras deudas soberanas con calificación 'Aaa' que hemos destacado en los últimos años", ha explicado Moody's sobre la potencial paralización de la primera potencial mundial el 1 de octubre.
Moody's ha avanzado que, en concreto, pondría en tela de juicio las "considerables limitaciones" que la "polarización política" ejerce sobre la política justo en un momento de "debilidad fiscal" fruto de un "creciente déficit" y de una menor asequilibilidad de la deuda.
Si es de corta duración, tendría un efecto mínimo en la economía general y en nuestras previsiones de crecimiento del PIB", ha asegurado Moody's. No obstante, el efecto sería "más pronunciado" si el 'cierre' se prolonga, "mermando la confianza de las empresas y consumidores", y provoca una "reacción adversa en los mercados financieros".
De las tres grandes agencias de 'rating', solo Moody's mantiene la máxima nota de solvencia para la deuda a largo plazo de Estados Unidos, después de que S&P Global degradara la calificación del país en 2011 y Fitch hiciese lo propio a principios de agosto.
Esta última, rebajó un peldaño la nota de su deuda a largo plazo y pasó a situarla en 'AA+' desde 'AAA' con perspectiva estable, como reflejo del deterioro fiscal esperado durante los próximos tres años y la elevada y creciente carga de deuda del Gobierno.
La última vez que el Gobierno se 'cerró' fue entre el 22 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019, durante la presidencia de Donald Trump, por desacuerdos sobre la financiación del muro fronterizo que el republicano deseaba levantar con México.
Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, el coste para la economía entonces fue de 11.000 millones de dólares (10.380 millones de euros) por el retraso en el pago de nóminas, el menor número de horas trabajadas por los funcionarios y la interrupción de los contratos suscritos.